Los grandes despachos toman la Justicia: Jueces y Fiscales abren las puertas giratoria

Hasta hoy en día, la unión entre magistrados, fiscales y grandes bufetes de abogados se hacía “como norma” en una sola dirección  y relación: Desde el estrado hacia el despacho, y no a la inversa, como ocurre en la actualidad. Muchos de los primeros se han convertido en posibles empresarios o mercaderes del Derecho. Este trasvase de exmagistrados y de exfiscales a la empresa privada, atraídos por minutas millonarias, ha sido una realidad palpable en los últimos años. Estos abandonaban su carrera, en la que ganan unos 60.000 euros anuales como magistrados, para percibir sueldos que pueden llegar a los 600.000 euros anuales.

La agenda e influencias de magistrados y fiscales ha sido siempre codiciada por los grandes bufetes de abogados, cuyos honorarios se minutan por hora trabajada y no por caso resuelto. Los honorarios llegan a más de 500 euros por hora. Este trasvase al negocio del derecho supone la consolidación en España de los grupos de presión en el ámbito jurídico, al estilo de EEUU.

Las fuentes jurídicas consultadas por elcierredigital.com afirman que “las estrechas relaciones entre los ex magistrados, ex fiscales y los grandes despachos, y viceversa, se deben al intento de éstos últimos de conseguir un auténtico gobierno paralelo de notables, con los beneficios añadidos”.

Así, por ejemplo, en una adjudicación de las plazas para el turno de juristas en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se observó la pugna de los grandes despachos por situar a sus peones. Estas se otorgaron al catedrático Vicente Luis Montés, apoyado por el despacho de Cuatrecasas, cuya sede en Valencia dirigía él hasta entonces, y a la catedrática Encarna Roca Trías, respaldada por el despacho de Uría y Menéndez y por Convergencia i Unió.

Hace más de treinta años que la firmas de abogados iniaron este modus operandi de captar a magistados, jueces y fiscales para sus grandes despachos. Así, uno de los primeros en fichar por el despacho Cuatrecases fue uno de los vocales del entonces Consejo General del Poder Judicial, Javier Laorden, que se convirtió en socio de este conocido bufete.

Pero, el pionero en este trasvase de la Judicatura a la abogacía fue el despacho de Uría & Menéndez que aprovechó al máximo la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a los miembros de la carrera judicial y fiscal solicitar la excedencia voluntaria “por interés particular”. Para lo cual sólo es preciso “haber prestado servicios efectivos durante los cinco años inmediatamente anteriores y en ella[la excedencia]no se podrá permanecer menos de dos años continuados”.

Fue en enero de 1996 cuando el letrado Rodrigo Uría, hoy ya fallecido, anunciaba públicamente uno de sus grandes fichajes estrella: El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren Roncero, hasta entonces titular del Juzgado Central número 1 y uno de los jueces más combativos junto a Baltasar Garzón -hoy también con despacho propio- en las batallas políticas del felipismo.

Bueren se incorporó a este bufete como el socio número veinte para encabezar el área de Derecho Penal de la firma, con cerca de cien letrados a sus órdenes. Por ejemplo, en su delegación de Barcelona se encontraba el exmagistrado y antiguo presidente de la Sección Décima de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, José Llori Tolosa.

Exfiscales al frente de poderos despachos

El despacho de Uría & Menéndez –cuyo presidente fundador llegó a dirigir el Patronato del Museo del Prado- llevó la defensa de Emilio Botín en el caso de las jubilaciones millonarias a exaltos cargos del grupo SCH. Así, el ex juez Carlos Bueren y Jesús Remón, ambos de Uría & Menéndez, junto al catedrático Gonzalo Rodríguez Mourullo ejercieron la defensa del expresidenet del Banco de Santander.

Mientras que otro exmiembro de la Audiencia Nacional, en concreto, el exfiscal de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, Javier Sánchez Junco, llevó la defensa del ex consejero delegado del SCH, Ángel Corcóstegui, consiguiendo que la Sección Tercera de lo Penal de la citada Audiencia, donde él fue un importante baluarte, les diera el veredicto de absolución.

En España existen en la actualidad más de 100.000 abogados ejercientes. Sin embargo, pocos de ellos trabajan al abrigo de algunos de los veinte grandes bufetes que pertenecen a esta élite de gobernantes en la sombra. Con la adscripción de magistrados y fiscales a la empresa privada se pretende que sus dictámenes ofrezcan al cliente la seguridad que reporta su antiguo trabajo y que un simple letrado nunca podrá ofrecer. Aunque en ocasiones, esta seguridad que ofrece un nombre no garantiza el correcto contenido final del informe.

Un caso significativo del llamado lobby judicial ha sido el del padre del exFiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que fue fichado tras su jubilación como fiscal del Supremo por la multinacional americana Clifford Chance para encabezar su delegación madrileña. El peso específico del veterano Conde-Pumpido (padre) fue notable dentro de este bufete a finales de los años noventa y comienzos del 2000, donde utilizaba su agenda de contactos para sus casos, aunque a veces sus buenos oficios fracasasen, como así ocurrió en el juicio del Caso Banesto donde defendió al Fondo de Garantías de Depósitos y no logró que el Tribunal impusiera la condena por él solicitada, sino que fue mucho menor. El bufete Clifford Chance es uno de los que más presión ejerce dentro del negocio del Derecho.

Otro antiguo fiscal del Supremo, ya fallecido, Antonio González Cuéllar, que defendió también a Mario Conde en el caso Agentia Trust y en la intervención del mencionado Banesto, se convirtió igualmente en empresario del derecho al servicio de grandes despachos.

González Cuéllar (padre) -su hijo también llamado igual, tiene su propio despacho- fue asesor jurídico del gobierno de  Adolfo Suárez y perteneció en su día al despacho Asesores en Derecho, propiedad del exfiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, Mariano Gómez de Liaño, hermano del ex magistrado de la Audiencia Nacional,  Javier Gómez de Liaño, también actualmente con despacho propio junto a su mujer, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado.

González Cuéllar pasaría luego a trabajar en el despacho de otro conocido abogado lobbista, Matías Cortés, amigo personal del editor Jesús Polanco y uno de los ideólogos del intento de la constructora Sacyr de apoderarse del control del BBVA.

Precisamente, también otro de los fiscales que investigó la trama del BBVA y luego tambin impulsó la investigación judicial contra Ausbanc desde su cargo en la Fiscalía Anticorrupcion, Daniel Campos, ha pasado en cuestión de semanas de ocupar una plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional a ser socio del despacho Cortés Abogados. 

El bufete lo fichó de nuevo en junio de 2017 como responsable del área de Derecho penal económico. Esta incorporación revive otra vez el debate sobre las puertas giratorias en la Justicia española, ya quese produjo después de que el Ministerio de Justicia acordara declarar a Campos en situación de excedencia voluntaria "en la Carrera Fiscal por interés particular".

El ahora socio de Cortés Abogados ha trabajado en los últimos años en algunos de los casos más sonados de delitos económicos ocurridos en España, habiendo desempeñado en la Audiencia Nacional el cargo de Coordinador de Delincuencia Económica. Campos estuvo al frente de la Operación Crucero, que en diciembre de 2012 llevó a la detención y posterior ingreso en prisión de Gerardo Díaz Ferrán.

También junto con el juez  Santiago Pedraz, Daniel Campos trabajó en la llamada Operación Nelson, que en abril de 2016 terminó con la entrada en la cárcel de Luis Pineda y la caída -quizá interesada- de Ausbanc y Manos Limpias.  El nombre de Campos llegó a sonar para ocupar el puesto de teniente fiscal en la Audiencia Nacional.

Aunque ha ejercido en el Ministerio Público durante 25 años, ya en 2006 abandonó la Carrera Fiscal para trabajar también durante dos años en Cortés Abogados. Esta salida de Campos de la Fiscalía Anticorrupción en 2006 para incorporarse a Cortés Abogados ya suscitó polémica. Con anterioridad estuvo destinado en la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía del TSJ de Madrid, en la Fiscalía Especial contra la Droga, y en la Fiscalía Especial contra la Corrupción.

En aquel momento solicitó también la excedencia "por interés particular" y pasó a defender a los hermanos Felipe y Javier Benjumea, expresidente y exvicepresidente de Abengoa en el caso Xfera, después de que Anticorrupción presentara una querella contra ejecutivos de la compañía energética por supuestas irregularidades en la compra de la operadora de telefonía móvil. En 2007 el caso Xfera fue archivado.

En el año 2009, Campos regresó a la Carrera Fiscal. El Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó el nombramiento por Real Decreto de Daniel Campos como fiscal de la Audiencia Nacional, con la propuesta previa del Fiscal General del Estado.

Ahora de nuevo está en Cortés Abogados,  considerado en el mundo del derecho  no un despacho cualquiera. Se trata de la boutique jurídica, al tiempo que consultora de negocios, que dirige el controvertido jurista Matías Cortés.  Hoy su dos hijos llevan la firma y este componente familiar les hace distinto al resto de bufetes de peso:  Luis Javier Cortés se ocupa del área de Mercantil; y Antonio Cortés dirige la oficina de Barcelona.

Esto confirma que muchos miembros del Ministerio Fiscal abandonan la carrera para enrolarse en las filas del sector privado. Otro caso sonado es el del exfiscal anticorrupción Carlos Saiz, al que sustituyó el propio Campos, que fue nombrado socio del despacho Gómez-Acebo y Pombo.

Quien también se pasó a la empresa privada fue el fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, Luis Jordana de Pozas, conocido por sus actuaciones en los casos de delito fiscal de la tonadillera Lola Flores y en la desaparición de “El Nani”. Jordana fue fichado en 1995 por el prestigioso  bufete catalán Cuatrecasas, propiedad del letrado Emilio Cuatrecasas. Desde este despacho, ha llevado casos tan significativos como el vídeo sexual contra el director de el diario  El Mundo, Pedro J. Ramírez.

En despachos adversarios, como es el de  J & A Garrigues,  también figuran fiscales que adquirieron relevancia pública. Este es el caso del exfiscal de la Audiencia Nacional, Florentino Ortí Ponte. Éste fue fichado por Garrigues a final de 1996 tras presentar la querella contra Mario Conde y nueve ex altos cargos de Banesto. Ortí era por aquellos años la persona de confianza del que fue Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda.

En el último lustro, el fenómeno se ha multiplicado. Fiscales de la Audiencia Nacional que han dado el salto van para la media docena: a los citados hay que sumar los de Enrique Molina, Ignacio Peláez, Susana Landeras e Ignacio Gordillo.

Uno de los  últimos casos, es del exfiscal Ignacio Gordillo,  que intervino en casos sonoros sobre el terrorismo de ETA, que abandonó la Audiencia Nacional para trabajar en un despacho de Málaga especializado en el turismo residencial. No es el único fichaje de esta naturaleza que hace dicho despacho, que publicita en su página web que tiene entre sus filas a dos ex jueces de lo Mercantil y a dos ex abogados del Estado.Otro caso significativo de puertas giratorias es el del exfiscal Jesús Santos, que fuera teniente fiscal de la Audiencia Nacional, a la que se incorporó en 1989 sustituyendo en el cargo a la fiscal Carmen Tagle, asesinada por la banda terrorista ETA. Desde finales de 2012 se incorporó como socio al despacho de abogados Baker & McKenzie en España, que cuenta con 200 abogados y es uno de los bufetes internacionales con mayor tradición y consolidación en nuestro país. Tanto que el exfiscal Santos es en la actualidad el abogado defensor de Francisco González, expresidente del BBVA, investigado por la propia Audeincia Nacional.

O el del exFiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce,  incorporado en 2015 al despacho de Abogados Garrigues sin haber cumplido el plazo reglamentario de dos años de incompatibilidad tras su cese. Una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy que levantó mucha polémica y críticas al autorizar estas puertas giratorias al exFiscal General del Estado.

Exmagistrados a las órdenes de conocidos Bufetes

Pero también reconocidos magistradois y jueces eligieron las abultadas minutas de los despachos de abogados en vez de los sueldos oficiales. Por ejemplo, en el despacho Cortés Abogados se han incorporado exmagistrados, como Pablo Ureña, que fuera titular del Juzgado M;ercantil número 1 de Madrid. Otros, como Enrique Grande Bustos, que fue titular del Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona decidió ingresar en el despacho Garrigues de Barcelona como socio en 2012. David Velázquez estuvo siete años en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya pero pidió ha excedencia en 2010 para ingresar a PriceWaterhouse y ahora trabaja para Cuatrecasas.

Adolfo Prego ejercía como juez del Tribunal Supremo y vocal del CGPJ cuando decidió pasarse al otro lado para comenzar a ejercer como abogado. Fue fichado primero por el bufete Hermosilla & Gutiérrez de la Roza, que hace un lustro también había llamado a su equipo a Adolfo Suárez Yllana, hijo del expresidente Suárez y hoy mano derecha del líder del PP, Pablo Casado. Hoy este exmagistrado del Supremo tiene su propio despacho    Adolfo Prego Asociados. 

Como también lo tiene  el exjuez Santiago Torres, que entró en la carrera judicial con 26 años y destapó uno de los primeros casos de corrupción urbanística en la Marbella de Jesús Gil y se hizo famoso tras meter en la cárcel al alcalde, entonces todopoderoso y presidente del Atlético de Madrid, por el caso Camisetas en 1998. También fue el juez del caso Guateque, que quedó sobreseído y él amonestado por un retraso en el sumario de 130.000 folios) o el caso Alierta, contra el entonces presidente de Telefónica Cesra Alierta. Hoy está alejado de la carrera judicial y tiene despacho propio.

A su vez, miembros del Tribunal Constitucional también figuran en la nómina de los grandes despachos como es el caso del ex Vicepresidente del Tribunal Constitucional, José Gabaldón López, que fichó por el despacho de Sánchez Pintado.

Otro   ejemplo más es el del exmagistrado de Constitucional y catedrático de la UNED,  José Vicente Gimeno Sendra,  que abrió despacho profesional propio junto a exletrado del Tribunal Constitucional,  José Garberí Llobregat. Por eso, junto a estos influyentes despachos existe otra larga lista de exmagistrados y exfiscales que se han situado por su cuenta y que han abierto su propio bufete, pero que colaboran con los grandes.

Algunos, en cambio, han dejado la carrera judicial para trabajar al servicio de importantes empresas mediáticas. Un ejemplo es el que fuera magistrado, Diego Córdoba, que pasó a ser asesor jurídico del Grupo  Prisa.

Córdoba, que ha figurado en el consejo de administración de El País, fue el encargado de elaborar la mayor parte de la  documentación jurídica que ha manejó n su día el deitor ya fallecido Jesús de Polanco sobre la televisión por cable y sobre la propiedad de los derechos del fútbol español.

Un caso también significado es el del exmagistrado de la Sala de lo Civil de Madrid,  Antonio Pujol,  que dejó las “puñetas” por  la jefatura de riesgos del BBVA. 

También elexmagistrado Javier Gómez Bermúdez  solicitó la excedencia voluntaria y el relevo como juez de enlace con Francia antes de incorporarse a Ramón y Cajal Abogados en calidad de socio del área de penal.  El expresidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, durante ocho años, da el salto así a la esfera privada tras haber estado vinculado a casos de gran trascendencia mediática. Gómez Bermúdez se incorporó como socio Ramón y Cajal Abogados donde está su excompañero Enrique Molina, exfiscal de la Audiencia Nacional y socio de la firma desde 2010.

Estos nuevos letrados lejos de limitarse a defender a sus clientes en los tribunales se han convertido en directores de cuidadas operaciones en las que su privilegiada agenda de contactos juega un papel estelar. La categoría se impone y los grandes bufetes hacen sus negocios.

El lobby de los grandes despachos

Cuatrecasas. Creado por el abogado Emilio Cuatrecasas es el principal despacho de influencias de en Madrid y Cataluña, con delegación en el selecto barrio madrileño de Salamanca. Cuenta con varios exfiscales en su nómina e incluso fichó a la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría.

Clifford Chance. Multinacional norteamericana. Fichó en su día al padre del que fuera Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Uría & Menéndez.  Despacho especializado en grandes asuntos bursátiles. Relevantes personajes públicos han trabajado para él, como el exjuez Bueren o el expresidente de la CNMV, Juan Fernández Armesto.

J & A Garrigues. Uno de los principales despachos de lobbies españoles. Su oficina central se encontraba en el incendiado edificio Windsor de Madrid.

Ureba Asociados: Unido ahora al despacho de Ramón y Cajal Abogados se ha dedicado fundamentalmente al derecho mercantil que lleva ahora desde este conocido bufete como socio en esa área . Ha llevado el llamado “Caso Telefónica-Onda Cero”.

Albiñana & Suárez de Lezo. Es un despacho de abogados que presta servicios de asesoría a empresas nacionales e internacionales en cuestiones relacionadas con el Derecho de la Competencia. Rafael Suárez de Lezo es hoy un conocido representante de las relaciones públicas. Su hija Ana se casó con Álvaro, uno de los descendientes de José María Ruiz Mateos, del que se separó en 2015. 

Gómez-Acebo & Pombo: Creado en 1971 por  Ignacio Gómez-Acebo y Fernando Pombo, ambos procedentes de familias con tradición jurídica y empresarial, es uno de los grandes despachos de lobbies españoles. Está especializado en temas internacionales con influencias en Bruselas.

Roca i Junyents. Liderado por el político catalán de CiU, Miquel Roca y Juyents, ha llevado los grandes asuntos relacionados con el negocio del fútbol, en concreto del FC. Barcelona.

Cremades y Asociados. Despacho especializado en Nuevas Tecnologías y derechos de autor y vinculado a grandes familias empresariales españolas.

Sánchez-Pintado, Nuñez & Asociados.  Con influencias en diferentes ámbitos de la vida económica y social española, cuenta entre sus socios con ex magistrados del Constitucional y miembros de la Comisión Europea.