Los Franco logran recalificar la finca de Valdefuentes, su gran pelotazo urbanístico

Los protagonistas de esta historia son Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución y ex miembro del Partido Popular, y Gabriel Camuñas, el que fuera vicepresidente de Alianza Popular (AP). La información la reveló el periodista Antonio Rubio en El Mundo en el año 2003 y en ella se cuenta como ambos ex altos cargos populares influyeron en la Comunidad de Madrid para conseguir la recalificación de la finca de Valdefuentes, así como de un paraje próximo a la finca que ellos mismos habían comprado a la hija del dictador en febrero de 1998.

El terreno en cuestión se encuentra en el municipio madrileño de Arroyomolinos. Desde el año 1996 la familia del generalísimo, encabezada por aquel entonces por los hermanos Francisco Franco Martínez- Bordiú y Jaime Felipe Martínez- Bordiú Franco, quiso conseguir la recalificación de la finca, llegando incluso a pretender convencer a Luis Eduardo Cortés, consejero de Obras Públicas y Transporte de la Comunidad de Madrid. Pero los intentos no dieron sus frutos hasta el año 2000, cuando el Ayuntamiento de Arroyomolinos, gobernado por el popular Julio Velarde, dio el visto bueno a la operación. No sería hasta octubre de 2001 cuando la recalificación final llegaría.

Debido a los intentos fallidos, los Franco dieron con una de las piezas clave que los llevaría a materializar el pelotazo urbanístico: Juan Rivera. Se trata del hermano de Jaime Rivera, que fue durante muchos años novio de Carmen Martínez Bordiú. A través de él se acercarían a Gabriel Camuñas, ex vicepresidente de Alianza Popular y fundador de la Plataforma de los Independientes de España (PIE) y a Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución y ex miembro del PP. Los dos ex políticos conseguirían la recalificación definitiva mediante la utilización de sus contactos.

Tal y como lo contó el periodista Antonio Rubio, el documento que demuestra la influencia de los estos políticos en el negocio procedía del despacho de abogados de Jesús A. Madalena y estaba dirigido a Gabriel Camuñas. En él se explicaban los pasos a seguir por cada integrante del grupo, haciendo hincapié en la labor de Herrero de Miñón ante los consejeros de la Comunidad de Madrid para lograr el objetivo urbanístico. En el informe se muestran las indicaciones para llevar a cabo el plan, asegurando que se necesita el consenso entre los tres grandes propietarios, la Comunidad y el Ayuntamiento y en caso de que no se diera el acuerdo, optarían por “una dinámica de impugnaciones y recursos que dilatarían la aplicación de cualquier plan que eventualmente pudiera atentar contra los principios de equidad de antes apuntados”. De la nota se deducía que había algún amigo de Miguel Herrero de Miñón que tenía la capacidad dentro de la Comunidad de Madrid como para conseguir la recalificación de la finca de Valdefuentes. Y a través de esa influencia consiguieron llevar a cabo el negocio.

De los 9,8 millones de metros cuadrados que poseía la finca que los Franco adquirieron a Luis Figueroa, nieto del Conde de Romanones, 3,3 millones fueron recalificados de rústicos a edificables, favoreciendo así la explotación del terreno para fines comerciales.

La fortuna que hicieron Camuñas y Herrero de Miñón

En febrero de 1998, Juan Rivera, Gabriel Camuñas y Miguel Herrero de Miñón adquirieron a Carmen Franco una parcela de 30 hectáreas que pertenecía a la finca Valdefuentes. El pago inicial fue de un millón de pesetas y el resto, hasta 75 millones, a pagar tres años más tarde, en febrero de 2001. Gracias a esta operación económica, Camuñas y Herrero de Miñón obtuvieron un beneficio de 6,61 millones de euros por la recalificación de los terrenos en los que se incluían los que habían comprado a la familia Franco y la posterior venta de los estos.

Ambos vendieron sus propiedades en julio de 2003, y que fueron tasadas por La Caixa en más de 1.000 millones de las antiguas pesetas (6 millones de euros) para conseguir dos hipotecas. Esto quiere decir, que Camuñas y Herrero de Miñón compraron el 42,20% de esas 30 hectáreas del Paraje Zarzalejo, como se denomina esa parte del terreno de la finca Valdefuentes, por un desembolso inicial de 422.000 pesetas (en febrero de 1998) y un segundo de 31.650.000 pesetas (febrero de 2001, cuando ya estaba recalificada la finca). Después, Herrero de Miñón vendió el 50% de su parte, un 21,10% del terreno, a Gabriel Camuñas. Camuñas pagó a su amigo y socio 211.000 pesetas en febrero de 1998 y el resto, 15.825.000 pesetas, en febrero de 2001.

Las gestiones iniciadas por Gabriel Camuñas y Miguel Herrero Herrero de Miñón en 1996 reportaron unos beneficios a los ex dirigentes políticos de 6,61 millones de euros: por una parte, Gabriel Camuñas obtuvo 3,48 millones de euros (580.200.000 pesetas) y, por otra parte, Herrero de Miñón ganó 3,13 millones de euros (522.097.139 pesetas).

La familia Franco amenaza con tomar medidas ante la exhumación del dictador

Lejos quedaron aquellos tiempos en los que las amistades políticas favorecían a los negocios de la familia del general y la actualidad se torna muy distinta en cuanto a política se refiere. El actual Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez anunció la semana pasada que pretende llevar a cabo la exhumación de los restos de Franco y, como es lógico, la noticia no ha sido bien recibida por sus descendientes.

La familia de Franco ya advirtió el 23 de agosto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que de seguir adelante con la exhumación de los restos del caudillo podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones y otro de "profanación de sepultura". De este modo, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) remitió un comunicado de la familia vía burofax a la presidencia del Gobierno, la víspera de la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto que hará efectiva la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos. En la notificación, firmada por el nieto de Franco José Cristóbal Martínez-Bordiú, la FNFF amenaza a Moncloa con emprender "las acciones civiles y penales que correspondan".

La fórmula utilizada por la ejecutiva de Sánchez también provocó quejas en PP y Ciudadanos, que no consideran la exhumación un asunto de carácter urgente y no respaldarán al Gobierno en la votación en el Congreso. Ambos partidos tienen previsto abtenerse, aunque el partido liderado por Albert Rivera apoyó en mayo de 2017 la proposición no de ley presentada por el PSOE en la que se pedía retirar los restos de Franco del mausoleo.