Juzgan a magistrados en Argentina por condenar a 'peronistas', un riesgo para España

La situación política internacional atraviesa una racha delicada y a menudo impredecible. Mientras en España resuena con fuerza y polémica la Ley de Amnistía promovida por el Gobierno de  Pedro Sánchez,en  Argentina se preparan para una auténtica oleada de juicios políticos. Por una parte, el peronismo quiere "castigar" a cuatro jueces de la Corte Suprema que condenaron a sus líderes en un total de cuatro causas. Esto coincide en el tiempo con las causas reabiertas a su dirigente máxima, la vicepresidenta de Argentina en funciones Cristina Kirchner, que se enfrenta ahora a diversas causas a pesar de que en su momento fuera absuelta, dicen que por "presiones políticas".

La actual vicepresidenta en funciones ha ostentado su cargo durante años a pesar de estar involucrada en diversas causas judiciales, recordando en algunos aspectos a los procesamientos del 'procés' catalán, en el que varios cargos políticos continuaron en el ejercicio de sus funciones a pesar de tener a la justicia llamando a la puerta. Probablemente el nombre más sonado en este sentido sea el de Carles Puigdemont, que ahora mismo es una pieza clave para la gobernabilidad de España a pesar de su historial judicial, ahora en entredicho con la Ley de Amnistía.

En lo referido al proceso de destitución de los cuatro miembros de la Corte Suprema, que ha sido promovido por el Frente de Todos -una coalición política peronista-, concluyó el pasado 29 de noviembre su fase de investigación y acusación con la firma del informe en el que se formalizaron los cargos de mala conducta contra los jueces  Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Para proceder con la destitución o procesamiento de los mencionados magistrados, el movimiento peronista necesita obtener una mayoría de dos tercios en el Congreso de la Nación Argentina, aunque es muy improbable que ocurra pues tanto Juntos por el Cambio -coalición a la que pertenecía el ex presidente Mauricio Macri- como La Libertad Avanza -el partido de Javier Milei- rechazan las acusaciones de los peronistas y consideran que toda esta situación podría resumirse como un intento de "presionar" al Poder Judicial. Por lo tanto, es prácticamente imposible que el proceso continúe en los próximos dos años.

Tal y como sostienen diversos medios de comunicación locales, en el último año el oficialismo aprovechó su mayoría en la Comisión de Juicio Político -16 votos- para buscar pruebas e  interrogar a más de 60 testigos, aunque necesitó sustituir a varios de sus representantes en la votación para asegurar su apoyo. Por este motivo el peronismo sólo tenía hasta la pasada semana para poder firmar el informe, pues es más que probable que la mayoría de la que han gozado se diluya a partir de la renovación del próximo 10 de diciembre, día en que se hará efectivo el traspaso de poderes entre el actual gobierno en funciones y el nuevo Ejecutivo del ‘liberal libertario’ Javier Milei. 

A pesar de las prisas dentro del peronismo por llevar a cabo esta maniobra lo antes posible, la formación peronista Frente de Todos detuvo el proceso en la recta final de la campaña electoral argentina para no afectar las posibilidades del candidato de Unión por la Patria Sergio Massa  y ahorrarle así alguna polémica o “ruido” mediático. Curiosamente, Massa nunca se pronunció a favor de juzgar a los jueces de la Corte. 

Fuentes judiciales argentinas advierten en declaraciones a elcierredigital.com que "esta situación de juicio a los magistrados de nuestro país se podría reproducir en España si las peticiones de los independentistas catalanes siguen adelante".

Las causas abiertas contra los jueces de la Corte argentina

En un principio fueron hasta 14 las causas que intentaron abrir contra estos cuatro jueces, sin embargo se determinó que sólo cuatro eran válidas para acusarlos. Estas incluyen el fallo sobre la coparticipación a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el fallo que definió la composición del Consejo de la Magistratura, la resolución de 2017 que permitió el cómputo del 2x1 para los delitos de lesa humanidad y las supuestas irregularidades en la administración de la Obra Social  del Poder Judicial.

Con respecto a la causa de la coparticipación, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó una demanda ante la Justicia pues consideró ilegal la reducción de fondos destinados a la ciudad que ejecutó Alberto Fernández en 2020. Según señalan las informaciones publicadas por medios locales, estos fondos habían sido triplicados durante la gestión de Mauricio Macri  a través de un decreto relacionado con el traspaso de la Policía. Al mismo tiempo, y como parte de las pruebas presentadas por la acusación peronista, el oficialismo señaló que los supuestos chats filtrados entre el director de la Vocalía de Rosatti y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad exponían un caso de tráfico de influencias.

En relación a la investigación sobre el  caso conocido como ‘2x1’, el Gobierno agentino sostuvo la hipótesis de que existió un acuerdo político entre el ejecutivo del ex presidente Mauricio Macri y varios funcionarios de la Corte para beneficiar a ex torturadores y criminales de lesa humanidad. La acusación se basó en el ‘fallo Muiña’, llamado así pues fue aplicado al preso  Luis Muiña, quien fue condenado por crímenes de lesa humanidad entre los que figuran las torturas y estuvo muy cerca de beneficiarse de este escándalo.

La ley del "2 por 1" establecía que por cada día de prisión preventiva que excediera el plazo legal de dos años, se contaría como el cumplimiento de dos días de condena.  El propósito de esta ley era reducir el tiempo de cumplimiento de la pena y desalentar las prisiones preventivas prolongadas. Sin embargo, este objetivo no se logró y por el contrario generó un fuerte rechazo social y político debido a la reducción de las penas impuestas por los tribunales, por lo que  la norma fue derogada.

La decisión de la Corte en el caso "Muiña" desató una movilización social masiva que congregó a cientos de miles de personas, que se concentraron en la Plaza de Mayo, convocados por los organismos de derechos humanos. En toda Argentina se llevaron a cabo numerosas manifestaciones de repudio. Además, según recogen las informaciones de numerosos medios de comunicación locales, figuras destacadas del ámbito social y político, con diversas ideologías, expresaron su desacuerdo con el polémico ‘2x1’. Estas movilizaciones consiguieron que la norma fuera revisada y anulada para los casos de crímenes de lesa humanidad como los de Muiña

Según sostiene el partido peronista Frente de Todos, la jueza  Elena Highton votó en el fallo Muiña alineada con la postura de Carlos Rosenkrantz como parte de un acuerdo político en el que también participó el gobierno de Mauricio Macri, todo ello  a cambio de continuar en su puesto a pesar de haber alcanzado los 75 años de edad.

En otro orden, como parte de otra de las causas abiertas a los jueces, la del  Consejo de la Magistratura, se acusó a los miembros de la Corte de revivir una ley derogada  con el único propósito de que Horacio Rosatti  -uno de los acusados-se conviertiera en presidente del organismo encargado de seleccionar y sancionar a los magistrados. El peronismo ha señalado también que estos fallos representan una interferencia de la Corte en las competencias del Poder Legislativo.

Por último, en relación a las irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial, la formación peronista Frente de Todos únicamente acusó al juez Juan Carlos Maqueda por incumplimiento del deber de supervisión, el uso de sistemas informáticos obsoletos y una gestión administrativa "irregular, arbitraria y poco transparente".

La ‘Ruta del Dinero K’ de Cristina Kirchner

En otro orden, el próximo 10 de diciembre está previsto que  Cristina Fernández de Kirchner  abandone su puesto como vicepresidenta del Gobierno argentino, dando paso al nuevo ejecutivo de Javier Milei. Al dejar el puesto,  también pierde su inmunidad parlamentaria, por lo que podría enfrentarse a varias causas en los próximos meses. Algunos medios locales apuntan que son hasta cinco, aunque la más sonada los últimos días es la  causa de la denominada ‘Ruta del Dinero K’ -K en relación a Kirchner-. 

La acusación contra Kirchner por su supuesta implicación en una trama de lavado de dinero  quedó sobreseída en 2021, aunque ahora volverá a reabrirse y el período de exposición de pruebas y argumentación de las partes se desarrollará hasta el próximo mes de febrero según apuntan medios locales.

Fue hace ya diez años, en 2013, cuando se descubrió el caso conocido como la "Ruta del dinero K", por el que el empresario Lázaro Báez fue acusado de blanquear alrededor de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Durante ese período, Báez obtuvo diversas licitaciones para proyectos de infraestructura del Gobierno Kirchnerista, que le reportaron enormes beneficios.

Báez, propietario de Austral Construcción, tenía una relación muy cercana con el fallecido presidente Néstor Kirchner, ex marido de la actual vicepresidenta en funciones, Cristina. Diversos medios de comunicación apuntan que durante los gobiernos de Néstor y Cristina, Báez acumuló una gran fortuna gracias a los contratos que recibió.

En 2021, el empresario fue declarado culpable de lavado de dinero y condenado a 12 años de prisión. La Justicia argentina demostró que el empresario envió millones de dólares a cuentas en paraísos fiscales, que luego regresaban a Argentina en forma de bonos del Estado para ser depositados en las cuentas de sus empresas constructoras.