La jueza del caso máster: de premiada por el PP a enviar a Pablo Casado al Supremo

La jueza del ‘caso Máster’, Carmen Rodríguez-Medel Nieto, llegó a los juzgados de Madrid el pasado mes de enero de 2017 tras haber desempeñado sus funciones anteriormente como asesora del que era por entonces ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, cargo que Rodríguez-Medel ejerció durante once meses estando cercana a una persona que ha apoyado sin ningún tipo de duda al que hoy es presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Precisamente, tanto fue el apoyo de Catalá a Casado, hoy investigado por la jueza Rodríguez Medel, que éste le nombró miembro secretario de Justicia y Administraciones Públicas dentro de la Junta directiva del PP.

La vida profesional de la letrada, Carmen Rodríguez-Medel, es un ir y venir. De Marbella a Madrid y del PP a enviar a Pablo Casado al Tribunal Supremo para que lo investigue. Rodríguez-Medel es licenciada desde 1995 en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y, más tarde, en Ciencias Políticas por la UNED. Es además asociada a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), desde que ingresó en la carrera judicial como número 28 de su promoción, en 1999. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña (Cantabria), localidad por la que han pasado mediáticos magistrados como Fernando Grande Marlaska (actual Ministro del Interior con Pedro Sánchez y antes vocal del CGPJ por el PP) o Fernando Andreu (que fue propuesto para secretario de Estado de Justicia por Pedro Sánchez y que actualmente lleva el Juzgado Central de Instrucción Nº 4 de la Audiencia Nacional). Ambos llevaron el controvertido caso de la muerte de Rafi Escobedo.

Posteriormente, Carmen Rodríguez-Medel desempeñaría sus funciones en Málaga (2002), más concretamente en Marbella, donde ingresaría en el Juzgado de Instrucción número 1 de esta localidad de la Costa del Sol, donde se encargaría de la corrupción del gilismo y del caso del ex presidente del Sevilla, José María del Nido. Desde el juzgado de Instrucción pasó al de Violencia contra Mujer. Ya en 2011 entró, bajo el manto del Partido Popular, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde fue letrada del Servicio de Relaciones Internacionales, siendo además la jefa del departamento, a las órdenes del presidente del CGPJ, Carlos Dívar Blanco, posteiormente salpicado por su presunta malversación de caudales públicos por sus viajes privados a Marbella pagados con dinero público, que superaron los 15.000 euros.

Fue durante su estancia en Marbella, donde comenzó su lucha particular contra la corrupción, ya que investigó entre a otros al ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, cerebro del ‘caso Malaya’, que el pasado mes de marzo salió de la cárcel después de la concesión del tercer grado tras más de diez años en prisión.

Precisamente por esta labor, la entonces alcaldesa del PP de Marbella,   Ángeles Muñoz, más conocida como Titín Muñoz, le concedió en 2011 antes de su ''huida'' de Marbella un reconocimiento público a su labor judicial. Se le reconoció por el Ayuntamiento de Marbella su labor al frente del juzgado de Violencia sobre la Mujer. “Durante los nueve años que llevo en esta ciudad me ha dado cuenta con mi labor de la cantidad de trabajo que asume la policía local”, llegó a declarar en el acto también donde estuvieron presentes representantes de colectivos vecinales y comerciales, de la comunidad educativa, del Centro de Iniciativas Turísticas, así como autoridades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, entre ellos el entonces Comisario Provincia del Málaga, Juan Jesús Peñalver.

Defensora de las tesis del PP

Fue el pasado 27 de septiembre de 2017, gobernando aún Mariano Rajoy, cuando Carmen Rodríguez-Medel, en una comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, mostró su ''preocupación'' especial por la lucha de la corrupción en nuestro país. “Comparto plenamente la preocupación de que necesitamos mejores instrumentos legislativos en la lucha contra la corrupción’’ afirmó. ''Esta premisa la comparto plenamente, así como que es necesario proteger de manera más eficaz a los denunciantes en este tipo de delitos. La idea nuclear que les quiero trasladar es que contamos con instituciones muy eficaces en la lucha contra la corrupción, singularmente con la Fiscalía Anticorrupción, que, desde mi punto de vista, desarrolla un trabajo absolutamente excepcional''.

La actual directora en la investigación del ‘caso Master’, que ha investigado tanto a Cristina Cifuentes como a Pablo Casado junto a otros siete imputados, fue también en el año 2010  una de las candidatas a cubrir la plaza de refuerzo en los  Juzgados de la Audiencia Nacional, en concreto el Central de Instrucción Número 5, junto a los jueces Carmen Lamela y Pablo Ruz. Finalmente el designado fue este último, que fue el instructor de los papeles de Bárcenas.

El marido, principal valedor de Rodríguez-Medel

Jaime María Serret Cuadrado, juez instructor en el juzgado número 5 de Getafe y marido de Carmen Rodríguez-Medel, ha sido siempre su principal valedor en todos sus movimientos judiciales. Él sería la principal causa por la que ella se trasladó a Madrid. Según afirman fuentes judiciales, fue el propio marido el principal instigador para que ella viniera a la capital de España. Además, según ha podido saber El Cierre Digital, Serret Cuadrado estuvo anteriormente en el juzgado número 4 de Marbella coincidiendo con Rodríguez-Medel en su estancia en el juzgado de la localidad malagueña. Aunque anteriormente ya coincidieron también en Cantabria, cuando ella perteneció al juzgado de Instrucción número 2 en Laredo.

Casado al Supremo

Actualmente la noticia, es que la jueza del 'caso máster' ha elevado al Tribunal Supremo la investigación sobre las irregularidades en la obtención del título del actual presidente del PP, Pablo Casado, al tratarse de una persona aforada. Carmen Rodríguez-Medel, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, expone en su auto que "se procede a elevar exposición, delimitando el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, los indicios racionales de criminalidad" que sustentan la investigación judicial que hasta el día de hoy se ha realizado. Según la jueza Rodríguez-Medel, "los indicios que podrían acreditar su atribución a la persona aforada y su calificación jurídica, todo ello a los estrictos efectos de esa exposición y con el carácter provisional que preside la fase procesal instructora en que se encuentra la causa".

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha negado todos estos extremos. Según él, "hizo todo correctamente" y "aportó la documentación que la propia universidad no podido encontrar". Además, ha señalado que no ha recibido ningún regalo, en alusión a las palabras de la titular del Juzgado 51, que ha usado la expresión "regalo académico" en el auto que eleva el caso al Supremo. Casado ha afirmado con contundencia que  no piensa dimitir de ninguno de sus cargos. La oposición, por su parte, indica que si Pablo Casado no presenta los cuatro supuestos trabajos que realizó, estaríamos ante un gran escándalo público que obligaría al presidente del Partido Popular a dimitir.

Fuentes jurídicas señalan que lo más llamativo del auto de la jueza es que carece de lógica alguna, ya que para los juristas no tiene fundamentos jurídicos.