El juez del Delcygate culpa a policías de Barajas, no a Ábalos

El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que investiga la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Barajas ya ha solicitado al Ministerio del Interior información sobre la aplicación o no del veto de la Unión Europea sobre 25 dirigentes venezolanos para que no puedan pisar zona Schengen, ni transitar por Europa. Pese a esta norma Rodríguez se reunió con el ministro José Luis Ábalos en Barajas.

El juez Antonio Serrano-Arnal, titular del juzgado de Instrucción número 31 ha pedido al Ministerio que informe sobre el "procedimiento seguido para la implementación, efectividad y cumplimiento en el territorio español" de esa decisión del Consejo de Europa, adoptada en 2017. Y en concreto aclarando "la puesta en conocimiento de funcionarios y auoridades encargadas de su vigilancia y cumplimiento". También ha pedido que se identifique al funcionario encargado de dar cumplimiento de esta orden europea en Barajas.

Este juzgado se hizo cargo la semana pasadade la querella presentada por prevaricación por el Partido Laócrata y la presentada por el Partido Popular en otro juzgado por el mismo hecho, pero que había recaído en el juzgado número 47. En paralelo a la actuación en los juzgados de Madrid, el Partido Laócrata presentó otra querella por prevaricación administrativa contra el ministro Ábalos en el Tribunal Supremo, ya que dirigente socialista está aforado.

La primera denuncia fue presentada por el Partido Laócrata en los juzgados de Plaza de Castilla. El cabeza visible de esta formación, que no tiene representación, es el exsocialista sevillano Sergio Cebolla, el militante que intentó enfrentarse en las últimas primarias a Pedro Sánchez. 

  El miedo de la otra formación política denunciante, el Partido Popular, es, según han confirmado a elcierredigital.com, que "estos no quieran ir contra el verdadero culpable que es Ábalos, sino contra los policías y mandos que cumplieron las órdenes de sus superiores políticos", lo que parece estar ocurriendo de momento. Sin embargo, este jueves quisieron presentar la petición de nuevas diligencias, desde la visión inmediata de las cámaras de seguridad, hasta la ruta oficial de vuelo de la aeronave y el destino final de las famosas maletas que se sacaron del avión de Delcy Rodríguez. Medidas que ahora tendrá que valorar si se realizan o no el Juzgado de Instrucción número 31.

Asimismo, los populares van a llamar a declarar al guarda jurado de Ilunion, que prestó servicio aquella noche en la Terminal Ejecutiva de Barajas y fue expedientado por su empresa. La acusación del PP ha presentado ya la declaración notarial de este vigilante ahora apartado de su puesto

Los laócratas en su denuncia ya habían solicitado con carácter urgente que las Fuerzas de Seguridad del Estado custodiaran las grabaciones de las videovigilancias del aeropuerto para que no fueran destruidas, así como los planes y el registro del vuelo en el que llegó y salió Delcy Rodríguez.

Unos días después PP y Ciudadanos denunciaron lo mismo ante la Fiscalía General del Estado, que remitió la denuncia, tomándose su tiempo, a la Fiscalía de Madrid que dijo haber abierto unas diligencias de investigación, que nunca se materializaron en ninguna orden concreta.

En medio de este laberinto judicial, el PP presentó otra denuncia en el juzgado de guardia, que resultó ser el de Instrucción número 7 de Madrid. En este caso, la jueza Susana Trujillano hizo su trabajo y requirió al organismo público Aena, como medida urgente, que conservase las imágenes del aeropuerto de Barajas. En aquel auto, la jueza destacó la existencia de indicios por un posible delito de prevaricación administrativa, dado que alguien –sin acusar directamente a Ábalos– permitió que Rodríguez pisara territorio español en contra de la resolución de la UE.

Tras enviarlo luego al Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla para su reparto, el caso correspondió por turno al Juzgado número 47 de Madrid, que se inhibió rápidamente en favor del número 31, tal y como ya hemos contado.

Un juez peculiar

Por tanto, será el Juzgado número 31 de Madrid el que ahora lleve la batuta del caso Delcygate. Un juzgado madrileño donde ejerce como titular Antonio Serrano-Arnal Domper, un  juez famoso en los medios de comunicación por haber instruido la Operación Puerto, la lucha policial contra el dopaje en el deporte, también fue el juez que condenó al ahora magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López, al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné de conducir durante 8 meses tras haber dado positivo en un control de alcoholemia. Además, Serrano-Arnal es el actual juez instructor del Caso Rato, que le ha supuesto ya una advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el largo retraso en la instrucción de este caso.

El acuerdo europeo por cuya aplicación pregunta el juez fue aprobado por el Consejo el 17 de noviembre de 2017. La decisión 2017/2074 establecía en su artículo 6 que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él: a) las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela; b) las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumeradas en el anexo I". Ese anexo incluía desde junio de 2018 a "Delcy Eloína Rodríguez Gómez", la dirigente bolivariana con la que Ábalos se entrevistó la madrugada del 20 de enero.

El motivo de la prohibición es que Rodríguez "es vicepresidenta de Venezuela, fue presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima y fue miembro de la Comisión Presidencial para dicha Asamblea. Sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político", según la nota emitida en su día por la Unión Europea.