El juez del caso Afal desestima las pruebas de Juan Luis Galiacho.

El pasado 30 de enero se revelaba la sentencia del caso Afal, un documento que ha dejado con una sensación de insatisfacción generalizada a todos los afectados. Por un lado, las condenas a los procesados han sido leves y por otro, las víctimas quedan indefensas al declararse insolventes los condenados y, por tanto, no harán frente a las cantidades que se piden en la sentencia.

El enjuiciamiento se ha llevado a cabo durante los últimos tres meses de 2021, a lo largo de 31 sesiones que se celebraron en una de las salas del edificio de la jurisdicción civil de la Audiencia Provincial de Madrid a causa del COVID, en vez de hacerse en una de la jurisdicción penal, a la que en realidad corresponde.

La Fiscalía asegura que los acusados expoliaron a aquellas personas tuteladas por la Fundación Afal, a las que robaron un total de 8.4 millones de euros a través de transferencias bancarias a sus cuentas corrientes, sin justificación ni consentimiento.

El director de Elcierredigital.com, Juan Luis Galiacho, declaró en el juicio en calidad de testigo, al haber realizado una investigación sobre el asunto durante años. Galiacho aportó las pruebas en el enjuiciamiento, además de su testimonio, que no se han tenido en cuenta en la sentencia. “Lo han ignorado de forma absoluta. Como fue uno de los medios que más eco hizo de estos delitos, su testimonio ha sido muy molesto”, cuenta uno de los abogados de las acusaciones particulares del juicio.

La Justicia juzga a la Justicia

“Este era un caso muy incómodo para la jurisdicción, porque es una evidencia que es una muestra de la deficiente administración de la Justicia española”, asegura uno de los abogados de las acusaciones particulares, que señala directamente al juzgado de incapacidades por haber colaborado en el caso Afal: “Había una fiscal jefe implicada en el asunto, Nuria López Mora, muy amiga de Blanca Clavijo”. “Si hubieran admitido las pruebas aportadas por Juan Luis Galiacho, la primera que tendría que estar sentada en el banquillo es la fiscal jefe de incapacidades”, cuenta el abogado.

“Es un escándalo para la propia administración de justicia”, dice, puesto que “cuando se tiene que juzgar ella misma, es poco imparcial, no reconoce sus errores”. Además, en la sentencia se ignora completamente el testimonio de Juan Luis Galiacho, director de este medio, y las pruebas aportadas por él en la Audiencia Provincial de Madrid. “Era un testimonio incómodo” cuenta el abogado. “Elcierredigital.com se hizo eco en su momento de todos los correos electrónicos que ponían al desnudo todas sus trapacerías y que no han admitido en la causa”, explica.

Otra de las circunstancias del caso, que señala el abogado con el que ha hablado Elcierredigital.com, es que “una de las beneficiadas de toda esta trama era la Fundación Reina Sofía, aunque renunció a esos bienes cuando saltó toda la polémica”.

“Lo vergonzoso de la sentencia es que deja absolutamente sin reparar los perjuicios a las víctimas, son unas condenas muy blandas y no hay nadie solvente para hacer frente a las mismas”, resume el abogado, que asegura que “el resarcimiento económico y moral de las víctimas” es lo que debería buscar la sentencia, un documento que ha definido como “aseada, bien escrita y con mucha jurisprudencia, pero que no busca la verdad material”.

Las condenas

Al comienzo del juicio, el Ministerio Fiscal pedía seis años de prisión para el director de la Fundación Afal, Jaime Conde Morala; cinco años para la abogada Mercedes Díaz Mayo, que representaba a la entidad; dos años y seis meses para Rafael Núñez, viudo de Blanca Clavijo, anteriormente presidenta de la fundación; un año y nueve meses de cárcel para Juan Antonio Fernández, voluntario de la entidad, por el delito de apropiación indebida; y, por último, se solicitó un año de prisión para María Eugenia James Lamigueiro, voluntaria, por el delito de falso testimonio. La cabecilla de la trama y máxima responsable, Blanca Clavijo, falleció en 2014, antes de poder ser juzgada.

Sin embargo, la sentencia dictada por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Madrid, presidido por el magistrado Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, a fecha de 28 de enero de 2022, ha dictado condenas notablemente inferiores a lo que se demandaba. El caso más destacable es el de Jaime Conde Morala. Su pena ha quedado en un tercio de lo solicitado por la Fiscalía: dos años de prisión por un delito de apropiación indebida con el agravante del valor de la defraudación.

Además, tendría que indemnizar a varias víctimas. Las indemnizaciones suman más de ocho millones de euros. La Asociación Nacional del Alzheimer Afal Contigo, la Fundación Afal Futuro y la empresa Technology for Living S. L. serían las que responderían a las cantidades establecidas, sin embargo, las tres entidades están cerradas y se declaran insolventes.

La abogada de la Fundación Afal, Díaz Mayo, por su parte, ha conseguido la absolución de todos sus cargos; Rafael Núñez ha sido juzgado con un año de prisión; Juan Antonio Fernández ha recibido la condena de 6 meses de cárcel; y María Eugenia James Lamigueiro ha sido condenada a tres meses de cárcel. Todos ellos deberán pagar también indemnizaciones y/o multas.

Los antecedentes

Tres años y cuatro meses después de terminar la fase de investigación y de que el Ministerio Fiscal presentara su escrito de acusación, el pasado septiembre de 2021 daba comienzo ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, presidido por el magistrado Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, el juicio contra los que fueran los máximos responsables de la Fundación AFAL Futuro, acusados de un delito de apropiación indebida. 

El director de elcierredigital.com,  Juan Luis Galiacho, acudió el 19 de octubre a declarar en calidad de testigo tras destapar en 2013 las presuntas irregularidades cometidas por la fundación. En marzo de 2014, el periodista presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el cúmulo de denuncias y documentos recibidos durante el trascurso de su exhaustiva investigación. Se trataba de poner en manos de la Justicia, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los documentos fruto de la investigación por si hubiera algún posible ilícito penal en la actuación de esta Fundación, en teoría, dedicada al Alzhéimer.

El Ministerio Fiscal afirma en su escrito que los acusados idearon "un plan para "expoliar" el patrimonio de las personas que tenían bajo su tutela, mayormente personas mayores, que padecían Alzheimer o demencia senil, pero también personas jóvenes, como es el caso de Yolanda García-Cereceda, hija del Luis García Cereceda, dueño de la famosa urbanización 'La Finca'. La Fundación AFAL controló su patrimonio después de que, tras la muerte de su padre en el año 2010, su hermana Susana pidiera su incapacidad por “problemas psíquicos”. 

A todas ellas, según la Fiscalía, supuestamente se les sustrajeron 8.422.909 euros mediante transferencias "inconsentidas" e "injustificadas". En este sentido, tal y como desveló el director de elcierredigital.com, que destapó este escándalo en noviembre de 2013. En el sumario del caso obran testamentos falsos, la venta de pisos de los tutelados con precios por debajo de mercado, extracciones de dinero en metálico sin justificar superiores a 50.000 euros, facturas infladas por asesoramientos jurídicos y cursos, además de la contratación de complejos productos financieros para ancianos, algunos con demencia. También se encuentran cerca de 35.000 correos que intercambió la presidenta de AFAL Futuro, Blanca Clavijo, con sus directivos, colaboradores y amigos que revelan la ingeniería financiera que propició el supuesto expolio de bienes de los tutelados.