El Supremo reabre el caso Filesa, vinculando al primo de José Bono.

El Tribunal Supremo ha vuelto a poner la atención sobre uno de los casos más relevantes de corrupción de la historia del PSOE. El conocido como caso Filesa había sido archivado meses atrás por considerarse prescrito, sin embargo, un recurso del Partido Popular –como acusación particular– indicaba que, cuando se dictó la resolución acordando la prescripción de los delitos, todavía no se había determinado el objeto del enjuiciamiento.

Es por ello que la Sala Segunda ha desactivado la última palabra de la Audiencia Provincial de Madrid que cerró una de las ramas del caso, a cargo del Juzgado de Instrucción número 26 de la capital, por el tiempo transcurrido desde que se iniciaron los hechos. Después de treinta años del inicio de la investigación que acusaba al PSOE de Felipe González de desviar 42,2 millones en prestaciones públicas del Ministerio de Asuntos Sociales, en este procedimiento, hasta ahora sobreseído, se investigaba a varios dirigentes y empresarios socialistas que podrían volver a sentarse en el banquillo.

Esta red de corrupción fue desvelada hace veintiséis años por el director de Elcierredigital.com,Juan Luis Galiacho, en su libro Filesa: Las tramas del dinero negro en la política.

Así fue la trama

La tachada de organización criminal se centró, en este caso, en las partidas liberadas por el imserso entre los años 1988 y 1990. Estas partidas cubrían el programa de vacaciones –traslados y estancias en hoteles– de hasta 250.000 personas de la tercera edad. No obstante, gran parte de estos fondos fue desviada utilizando las mismas sociedades instrumentales de los casos Filesa y Malesa con las que Ferraz se embolsó unos seis millones de euros, según sentenció el Tribunal Supremo en 1997.

Entre los procesados por los delitos de estafa, alzamiento de bienes y malversación de caudales, se encuentra Carlos Rodríguez Bono, primo del exministro de Defensa y expresidente socialista de Castilla-La Mancha, José Bono.

El desembarco de Filesa en Viajes Ceres se convirtió en definitivo en enero de 1989. En esa fecha Time Export tomaba el 20% del accionariado y Luis Oliveró, por recomendación del diputado Carlos Navarro, se convertía en miembro del consejo de administración.  Carlos Van Schouwen, el contable de Filesa, explicó al juez Marino Barbero la razón de tal operación: 

"Viajes Ceres no hacía llegar las comisiones al partido. Y sin embargo, seguían recibiendo las subvenciones. Carlos Navarro fue el encargado de coger las riendas de Ceres y que se pagasen las comisiones".

En marzo de 1989, se abrió una nueva sede central del grupo en Madrid, en el número 9 de la céntrica calle de Jorge Juan. En el segundo piso de este edifico se insta­ló toda una serie de empresas tapadera que los hombres de Viajes Ceres habían creado para derivar los fondos proce­dentes de los programas de la tercera edad.

El local se alquiló a José Milans del Bosch y Ussía, familiar del general golpista Jaime Milans del Bosch, por un millón y medio de pesetas mensuales, y por un período de diez años. Allí se domiciliaron las sociedades: Trade Mana­gers, S.A.; Tornasol Films, S.A.; Omni Video, S.A.; Blue Eagle, S.A.; Mayo Flores­ta, S.A.; Apartho­tel Aquamar, S.A.; Proyectos e Inversiones Inmobiliarias, S.A.; Kartel de Inversiones, S.A.; Anterea, S.A. y Senior Europe, S.A.

Algunas de estas empresas también tenían otra sede situada en el Paseo de la Castellana, 141. Allí se encontraban Kar­tel de Inversiones, Omni Video y Proyectos e Inversiones Inmobiliarias, todas ellas participadas por el primo del presidente José Bono, Carlos Rodrí­guez Bono.

Entre los accionistas de estas empresas figuraban muje­res, cuñadas, sobrinas, amigos, o compañeros de partido de los principales implicados en la trama. Así, en la sociedad Blue Eagle figuraba como administradora única Eva Subías, cuñada de Juan Bautista Calatayud. El accionista mayoritario de Blue Eagle era la sociedad Winch­more Properties, registrada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey (Gran Bretaña). Esta sociedad estaba a su vez participada por tres sociedades radicadas también en Jersey: BIBJ Nominees Ltd., Canal Trust Company y Bibk Manage­ment Ltd. Cada una de las tres tenía en común un accionista mayoritario: Bilbao Vizcaya Bank, una financiera dependiente de la entidad crediticia española.

Otras sociedades del grupo, como la luxemburguesa Lubeh Hol­ding, eran simples fiduciarias. Lubeh Holding pertenecía al Banque Credit Industriel Alsace Lorraine. Según la documentación incautada por el juez Barbero en el domicilio de Filesa: "El accionista mayoritario de Lubeh Holding es D. Juan Cala­ta­yud. Lubeh Holding compró el 10 de marzo de 1990 el 98,5 % de las acciones de Kartel de Inversiones". Esta empresa poseía el 60,8 % de Aparthotel Aquamar, S.A., la propietaria del complejo de apartamentos en Mallorca.

La tapadera de Viajes Ceres

Los hombres de Filesa y de Viajes Ceres estaban tranquilos. Todo marchaba conforme a lo establecido. El programa de viajes de la tercera edad para la temporada 89-90 fue de nuevo otorgado a Viajes Ceres, esta vez sin la oposi­ción de Viajes Cemo. El presupuesto de la subvención, 4.055 millones de pesetas, era sensiblemente superior al de la temporada anterior que fue de 3.378 millones. También el número de plazas: de 250.000 a 310.000.

Esta adjudicación fue objeto otra vez de fuertes críticas, aunque en esta ocasión, desde la administra­ción autonó­mica valen­cia­na, en manos del PSOE. El Intitut Turistic Valen­cià publicó un estudio en el que se quejaba del trato de favor que recibía Baleares en los viajes de la tercera edad, a pesar de que las preferencias de destino de los ancianos eran Benidorm y Alicante. El informe indicaba:

"La aplicación del Programa en su edición 1988/1989 supone la generación de un gasto aproximado a los 8.000 millones de pesetas, de los cuales, más de la mitad tienen lugar en Balea­res y algo más de la cuarta parte en Andalucía. En la Comuni­dad Valenciana el gasto generado se sitúa en torno a los 863 millones de pesetas".

"El concurso, tal como está ideado, conduce a una monopo­lización del mercado que queda dominado por un único adjudica­tario. Al darse esta circunstancia a la que hay que añadir que la adjudicación del Programa ha recaído en sus sucesivas ediciones directa o indirectamente en una única empresa (IINVIERNO BALEAR / VIAJES CERES), la consecuencia es una completa desvirtuación del mercado".

Los ingresos iban poco a poco llegando a las arcas del hol­ding. Pero la ambición de los dirigentes socialistas les llevó, incluso, al asalto de nuevas metas con las que aumentar aun más sus plusvalías. La empresa Proyec­tos e Inversiones Inmobiliarias, S.A. emitió seis facturas por un importe total de 134,4 millones de pese­tas que pagó Viajes Ceres. Como administrador único de esta socie­dad figu­raba Carlos Rodríguez Bono.