Los presidentes citados a declarar en España, las causas: De Adolfo Suárez a Sánchez

La relación entre los presidentes de Gobierno español y la justicia ha sido compleja y relevante en la historia reciente del país. Desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, varios presidentes han tenido que declarar como testigos en juicios de alto perfil, lo que ha generado un gran interés mediático y público.

Este artículo explora estos momentos clave, destacando los juicios más importantes en los que han estado implicados los presidentes o expresidentes españoles.

Como ya informó ayer elcierredigital.com, el actual dirigente, Pedro Sánchez, ha sido citado a declarar como testigo en una investigación que involucra a su mujer, Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado lo ha llamado a comparecer el 30 de julio de 2024 en el Palacio de La Moncloa.

La decisión del juez Peinado de citar a Pedro Sánchez como testigo se basa en la necesidad de esclarecer la participación del presidente en reuniones en La Moncloa, donde estuvieron presentes tanto su esposa como Barrabés.

Según la declaración del empresario, en estas reuniones se trató sobre contratos y subvenciones, elementos cruciales para la acusación de tráfico de influencias. La petición de declaración testifical argumenta que la presencia de Sánchez es necesaria debido a su conocimiento directo de las reuniones y su papel como presidente y cónyuge de la investigada.

El contexto del caso se complica por las últimas decisiones de Begoña Gómez, que se acogió a su derecho a no declarar, y por la oposición inicial de la Fiscalía a la denuncia. Sin embargo,  la insistencia de las acusaciones populares y los testimonios recogidos han mantenido el caso en curso, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el Gobierno.

Otro socialista, Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, también tuvo que lidiar con uno de los escándalos más sonados de la democracia española: el caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Durante su mandato, se investigaron y juzgaron acciones ilegales de estos grupos parapoliciales que operaban contra ETA. González fue llamado a declarar al Supremo como testigo en el Caso Marey en 1998. El secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés, por los GAL fue uno de los episodios más oscuros de la lucha antiterrorista del Gobierno de González. A pesar de negar cualquier implicación, el testimonio de González —que atrajo la atención de la prensa nacional e internacional— fue crucial para entender el funcionamiento y la existencia de los GAL.

No fue el único juicio en el que declaró González. En el Caso Filesa, el expresidente socialista declaró como testigo en 1997. Este caso investigó la financiación ilegal del PSOE a través de empresas ficticias que facturaban informes técnicos inexistentes.

Durante su testimonio, González negó conocer las actividades ilícitas y centró su defensa en su papel gubernamental, afirmando que no estaba al tanto de los problemas de contabilidad del partido. Este escándalo contribuyó al deterioro de su Gobierno, que finalmente perdió las elecciones generales de 1996 frente al PP de José María Aznar.

De igual manera, a lo largo de la historia democrática de nuestro país  han sido varios los presidentes del Gobierno que se han visto frente a la Justicia  para declarar como testigos en diferentes causas, desde los mencionados Sánchez y González, hasta Mariano Rajoy y Aznar pasando por Adolfo Suárez.

Los otros presidentes que declararon frente a la Justicia

Adolfo Suárez, el primer presidente del Gobierno tras la dictadura de Francisco Franco, fue llamado a declarar en 1995 sobre el Caso Banesto, negando que su partido, el CDS, recibiera fondos ilícitos del banco presidido por Mario Conde.

En su testimonio ante la Audiencia Nacional, Suárez afirmó que nunca recibió los 300 millones de pesetas que se insinuaban y que no tenía conocimiento de que su partido hubiera recibido dinero de Banesto. Suárez fue uno de los testigos claves en el juicio que se centró en la gestión fraudulenta y las operaciones irregulares en el banco durante la presidencia de Conde.

Por otra parte, José María Aznar, presidente del Gobierno de 1996 a 2004, testificó en varios casos importantes. En 2021, declaró telemáticamente sobre la presunta Caja B del PP, una contabilidad paralela que supuestamente financiaba sobresueldos ilegales dentro del Partido Popular.

Aznar negó haber recibido pagos no declarados y defendió la transparencia de sus ingresos durante su mandato.

Además, en relación con el Caso Yak-42, Aznar testificó sobre las irregularidades y negligencias en la contratación del vuelo y la identificación de las víctimas del accidente del avión militar en 2003, donde murieron 62 militares españoles.

Este caso se centró en la responsabilidad del Gobierno en las condiciones de seguridad del vuelo y la gestión posterior al accidente.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, es quizás el caso más destacado, a la espera de la declaración de Sánchez, de un presidente español que declara como testigo en un juicio. En 2017, Rajoy testificó en el juicio del Caso Gürtel, una amplia trama de corrupción que implicaba a numerosos miembros del Partido Popular.

Fue la primera vez que un presidente en activo se vio obligado a declarar en un juicio oral. Durante su testimonio, Rajoy intentó distanciarse de los hechos y afirmó no tener conocimiento directo de las actividades ilegales que se le imputaban a su partido. 

La declaración de los presidentes de Gobierno en juicios como testigos refleja la interacción entre el poder político y el judicial en España. Estos testimonios no solo tienen un impacto directo en los procesos judiciales, sino que también afectan la percepción pública y la credibilidad de las instituciones democráticas.

La posibilidad de Sánchez para no declarar

Como informaba ayer elcierredigital.com, la reciente citación del presidente Pedro Sánchez para declarar como testigo en el caso que involucra a su esposa,  Begoña Gómez, ha generado un amplio debate, tanto en el ámbito judicial como político. Esta citación, promovida por las acusaciones populares unificadas —Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento para la Regeneración Política de España (MRPE) y Iustitia Europa—, busca esclarecer posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción de negocios relacionados con la adjudicación de contratos.

En concreto, según el escrito de las acusaciones populares unificadas,  la citación de Pedro Sánchez se fundamenta en la necesidad de esclarecer su participación en varias reuniones en el Palacio de la Moncloa, donde estuvieron presentes tanto Begoña Gómez como el empresario Juan Carlos Barrabés.

Este último ha sido implicado en la presunta adjudicación de contratos públicos a sus empresas, algunos de los cuales fueron financiados con fondos europeos. Durante su comparecencia el pasado 15 de julio, Barrabés afirmó haber asistido a reuniones con Gómez y Sánchez, aunque no pudo proporcionar detalles precisos sobre el contenido de dichas reuniones.

La decisión de citar a Sánchez también se debe a que Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar durante su comparecencia el pasado 19 de julio. Este silencio ha llevado a las acusaciones a considerar que la declaración de Sánchez es esencial para aclarar los hechos investigados.

De esta manera, y tras las peticiones de las acusaciones, el juez Peinado ha decidido tomar declaración al presidente, y existe la posibilidad de que Peinado acuda a Moncloa el día 30 para evitar traslados del presidente, que también puede declarar de manera escrita, aunque lo más probable es que lo haga de manera oral, por lo que sería necesaria la instalación de micrófonos en la sala de Moncloa donde se lleve a cabo la declaración.

Por otra parte, Pedro Sánchez, llegado el momento de su declaración tras escuchar sus derechos,  podría acogerse al artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que exime a ciertos parientes del procesado, incluyendo al cónyuge, de la obligación de declarar en su contra. Esta disposición legal pretende proteger la intimidad familiar y evitar conflictos de lealtad que podrían surgir al obligar a un familiar cercano a testificar contra el procesado.

Sobre este asunto, fuentes judiciales consultadas por este medio sostienen que "una persona investigada tiene derecho a no declarar e incluso a no decir la verdad, pero un testigo sí que tiene obligación de declarar y decir la verdad, salvo excepciones como la de ser cónyuge".

No obstante, la interpretación de esta normativa ha sido objeto de debate en el ámbito judicial. Algunas recientes consideraciones jurisprudenciales sugieren que la aplicación estricta de esta dispensa podría generar confusión y problemática en la práctica judicial diaria, especialmente en casos complejos como este.

El PSOE ha respondido a la citación calificándola de "persecución política" y de "montaje" orquestado por el Partido Popular y otras fuerzas opositoras. Argumentan que la citación de Sánchez es una maniobra destinada a desgastar la imagen del presidente y su Gobierno.

En este sentido, fuentes judiciales consultadas por elcierredigital.com explican que "si Sánchez se basa en la misma idea que su esposa, de que todo es una persecución y que esta es una investigación prospectiva, también podría acogerse a su derecho a no declarar, emulando de algún modo la estrategia utilizada por su mujer".