Guerra entre eléctricas y gasistas: Los 'intereses' tras la nueva 'ley' regulatoria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encendido el mayor conflicto del sector energético en los últimos años. Todo tras aprobar una nueva retribución para las redes de electricidad y gas. Un movimiento que ha sido calificado por las grandes eléctricas de 'hachazo' a su rentabilidad. 

La decisión ha contado con el respaldo clave del consejero propuesto por el PNV y el apoyo del sector gasista. Sin embargo, ha provocado un enfrentamiento directo entre empresas eléctricas y el regulador. Además, también ha incrementado la tensión con el Ministerio para la Transición Ecológica. 

La pugna amenaza con derivar en recursos judiciales, ralentización de inversiones y un nuevo choque entre las políticas regulatorias y las necesidades de la transición energética en España.

En junio, la CNMC aprobó las nuevas circulares que fijan la rentabilidad de las redes de transporte y distribución para el periodo 2026-2031. La cifra para las redes eléctricas se situó en un 6,46%, un porcentaje inferior al 7% que reclamaban las principales empresas del sector. Y que se aleja también de las orientaciones del Ministerio.

En el caso de las redes de gas natural, la retribución quedó fijada en un 6,43%. Lo que dejó una diferencia mínima de apenas tres centésimas entre ambas actividades.

Este margen ha generado una tormenta perfecta en el sector. Las compañías eléctricas, lideradas por Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, consideran que la CNMC ha recortado su capacidad de retorno económico. También señalan que ha puesto en riesgo el propio modelo de transición energética basado en la electrificación. 

Según sus estimaciones, el recorte supondrá una merma de más de 1.000 millones de euros anuales respecto a sus previsiones de inversión en infraestructuras. Lo que podría afectar a proyectos clave como la extensión de redes inteligentes, la integración de energías renovables y la modernización de infraestructuras de baja y media tensión.

El PNV, clave en la decisión del regulador

La votación en la CNMC que aprobó este esquema retributivo estuvo marcada por una división interna. Una brecha que refleja, en parte, el peso de las dinámicas políticas en el regulador. 

Fuentes cercanas al organismo señalan que el voto favorable del consejero propuesto por el PNV fue determinante para que saliera adelante la propuesta de la presidencia, liderada por Cani Fernández. 

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida en el sector eléctrico. Algunos interpretan el movimiento como "una maniobra que responde a intereses vinculados al sector gasista", de fuerte presencia en el País Vasco.

Desde el entorno del PNV se defiende que la formación no ha presionado en modo alguno y que el consejero actuó en base a los informes técnicos presentados. Sin embargo, el episodio ha reavivado las críticas sobre el grado de independencia real de la CNMC y ha incrementado las tensiones entre el Ministerio de Transición Ecológica y el regulador. 

El Ministerio considera que la decisión es incoherente con la estrategia nacional de descarbonización y electrificación, y estudia posibles fórmulas para corregir el rumbo.

El sector eléctrico denuncia incoherencias regulatorias

Las grandes eléctricas no han tardado en reaccionar con dureza. En un comunicado conjunto remitido a la CNMC y al Ministerio, las compañías acusan al regulador de aprobar un marco que frena las inversiones necesarias para cumplir los objetivos climáticos de 2030 y 2050. 

Argumentan que la equiparación casi total entre la retribución de redes de gas y de electricidad supone ignorar la jerarquía establecida por las políticas energéticas europeas y nacionales. Estas sitúan la electrificación como pilar de la descarbonización.

Además,  las empresas alertan de que el cálculo de la retribución se ha basado en un análisis sesgado del coste de capital. Todo por tomar como referencia el rendimiento medio histórico del bono español durante el último sexenio. 

Según las eléctricas, esto distorsiona el cálculo del coste de financiación en un contexto de tipos de interés al alza y con mayores exigencias. 

La consecuencia, sostienen, será una desviación de capital hacia otras geografías o sectores, con el consiguiente retraso en proyectos estratégicos para el país.

El gasista, un sector que respira aliviado, pero también expresa cautela

Por el lado del gas, el impacto de la decisión de la CNMC ha sido recibido con mayor satisfacción, aunque no sin reservas. Enagás y las principales distribuidoras valoran positivamente que la retribución de sus redes se mantenga en un nivel que consideran razonable. Sin embargo, temen que la práctica igualdad con las redes eléctricas acabe generando tensiones adicionales en la implementación de las políticas de transición. 

Varios responsables del sector han señalado que el gas debe ser un recurso de apoyo en la transición. Sostienen que equiparar su rentabilidad a la del vector eléctrico podría interpretarse como una señal errónea en términos de descarbonización.

El Ministerio advierte del riesgo para la transición ecológica

Desde el Gobierno, la respuesta no se ha hecho esperar. El Ministerio de Transición Ecológica considera que el recorte retributivo aprobado por la CNMC desoye los principios básicos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y del marco europeo Fit for 55. Ambos apuestan por la electrificación masiva como vía para la reducción de emisiones.

Fuentes ministeriales señalan que la equiparación con el gas es contraria a los objetivos de neutralidad climática. Algunos incluso señalan que la CNMC ha actuado con una visión "cortoplacista centrada en la contención de costes, sin valorar los impactos sistémicos".

El ministerio liderado por Sara Aagesen estudia posibles acciones para contrarrestar los efectos de la decisión del regulador. Entre ellas se baraja la posibilidad de recurrir ante instancias jurídicas. O, al menos, plantear ajustes normativos que permitan reorientar los incentivos para las redes eléctricas.

La tensión entre el Ministerio y la CNMC ha alcanzado un nivel que no se veía desde los tiempos de las primeras reformas energéticas tras la crisis financiera de 2008.

El futuro inmediato: posibles recursos y un marco de incertidumbre

El escenario que se abre es incierto y, según coinciden fuentes del sector y del propio regulador, está cargado de riesgos jurídicos y económicos. Las empresas eléctricas analizan ya la posibilidad de interponer recursos contencioso-administrativos contra las circulares aprobadas. Lo harían alegando que su contenido podría vulnerar el marco legal que fija las prioridades de la política energética. 

También el Ministerio podría tomar acciones en esta dirección.  Aunque fuentes cercanas subrayan que la prioridad sigue siendo el diálogo y la búsqueda de una solución técnica que permita ajustar los porcentajes retributivos sin necesidad de un conflicto judicial abierto.

Mientras tanto, los inversores y analistas internacionales observan con creciente inquietud la situación. Las agencias de calificación y las consultoras de inversión alertan de que un marco regulatorio inestable y un conflicto prolongado podrían encarecer la financiación de los proyectos energéticos en España. Y, también, desincentivar la llegada de capital a un sector clave para el cumplimiento de los compromisos climáticos.