Guardias civiles buscan ser reconocidos como víctimas de torturas por ETA en Euskadi.

La pacificación del norte tras la extinción de ETA conllevó que las instituciones de Euskadi y Navarra se vieran obligadas moralmente a reconocer a todas las víctimas silenciosas durante la etapa sangrienta de la banda terrorista.

El Parlamento de Euskadi aprobó una ley en 2016 para el  "Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999". Lo que venía a complementar una antigua ley que reconoció las víctimas que sufrieron todo tipo de torturas entre 1969 y 1978, que fue aprobada durante la legislatura gobernada por el socialista Patxi López.

La nueva medida se atascó en su día porque el Gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante el Constitucional y finalmente se puso en marcha en 2019 después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retirase el recurso de inconstitucionalidad a cambio de evitar que se buscasen responsabilidades y que el texto se centrase en  resarcir a las víctimas de todo tipo de abusos.

Este cambio legislativo introducido por el PSOE ha servido para que muchos guardias civiles puedan pedir ser indemnizados como víctimas de "motivación política" a través de esta ley que, finalmente, fue avalada hasta por dos veces por el Tribunal Constitucional tras recursos de  PP y Ciudadanos.

Víctimas de torturas psicológicas

Alrededor de trescientos exmiembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente guardias civiles, se han registrado para ser resarcidos económicamente a través de esta Ley en  Euskadi. 

La Ley respalda a todas las víctimas que hubiesen sufrido abusos "en un contexto de violencia de motivación política" que, "como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física". 

Estas víctimas pueden ser resarcidas económicamente siempre "que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones, o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada".

El exdirector de Derechos Humanos de Lakua en el Gobierno de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, asegura en Berria que "en estas leyes, de entrada se ha rebajado el estándar de justicia: no habrá responsabilidades individuales, dejando de lado la justicia penal. Por lo tanto, desaparece de raíz el tratamiento igualitario y justo a las víctimas, puesto que solo se podrá proceder a la reparación y la verdad, de modo parcial".

Y dice que las leyes de Navarra y Euskadi "ya de por sí limitadas están llenas de obstáculos. Las zancadillas en el camino han sido incesantes incluso antes de nacer. Se han interpuesto y se interpondrán recursos contra ellas, para parar su desarrollo; la información para completar los expedientes no llega, porque continúan ocultos, porque no se quieren sacar de las tinieblas".

Un informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad Pública Vasca certificó que entre 1960 y 2014 se denunciaron un total de 4.113 casos de torturas solamente en Euskadi.