Esposa de Ábalos asesora a Rodríguez Uribes, superado por huelga de taxistas.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha inhibido hasta ahora en el conflicto que enfrenta al sector del taxi con las empresa de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), representadas mayoritariamente por las empresas Uber y Cabify. Este pasado jueves volvió a hacerlo en el Congreso y también en la rueda de prensa, al echar la pelota de nuevo en el tejado de las comunidades autónomas, en concreto en la madrileña, gobernada por el Partido Popular.

Ábalos siempre ha defendido que la legislación del sector corresponde a las comunidades autónomas. Y desde el gobierno de Pedro Sánchez siempre se ha manifestado su apoyo al sector del taxi, al igual que el grupo político Podemos. Por eso los taxistas se manifestaron la semana pasada ante la sede nacional del PP en Madrid y también de Ciudadanos, y no lo han hecho todavía en la sede socialista de Ferraz.

Tal y como ya publicamos en primicia hace dos meses en elcierredigital.com, Carolina Perles, esposa del ministro José Luis Ábalos, trabaja como asesora en la Delegación del Gobierno en Madrid, asistiendo a su compañero socialista José Antonio Rodríguez Uribes, la máxima autoridad política al mando de la Fuerzas de Seguridad del Estado en la capital de España. Fuentes del Cuerpo Superior de Policía Nacional han manifestado en varias ocasiones su extrañeza por la tardanza en recibir órdenes para desalojar la vía pública en estas manifestaciones, cuando en otros casos se emplean con mayor rapidez.

Fuentes de esta guerra entre VTCs y taxis, culpan de este comportamiento a la actual esposa del ministro de Fomento, Carolina Perles, funcionaria en excedencia de la policía local de Valencia y ahora en la Delegación de Gobierno de Madrid puesta "a dedo" por el PSOE.

Perles se ha formó como agente municipal en la comunidad valenciana, donde se presentó a las oposiciones en las localidades levantinas de Denia, Xirivella, Manises y Riba-Roja, entre otros municipios, pero finalmente aprobó las oposiciones en la ciudad del Turia en 2008, mientras el ministro era concejal del PSOE en este ayuntamiento. Dos meses después se casaron.

Actualmente, Carolina figura como funcionaria en excedencia del Ayuntamiento de Valencia. Esta excedencia la pidió al ser nombrado su marido ministro de Fomento de Pedro Sánchez y tener que abandonar la ciudad del Turia para desplazarse a la capital de España. En Madrid  fue colocada rápidamente por la cúpula socialista en un puesto de libre designación como   asesora de la Delegación de Gobierno en la capital de España, a las órdenes de José Manuel Rodríguez Uribes, casualmente otro valenciano miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE e integrante del llamado clan Ábalos.

A pesar de estos evidentes vínculos de Carolina Perles con los intereses del ministerio que dirige su marido, desde Unauto, la patronal de las VTC, se desmarcan de esta teoría y aseguran que su única preocupación  es "que los VTC no desaparezcan del sector en Cataluña. Nuestro compromiso es con los trabajadores y los usuarios, y no entramos en esas consideraciones", añadieron.

Tanto Carolina, como su hermana Inés, de 41 años, son policías por oposición, siguiendo la tradición familiar de su padre Mario, también policía local que se jubiló cuando cumplió 65 años en agosto de 2018. La hermana pequeña de Carolina, que se llama Inés, como su madre, presta actualmente también servicio en la Delegación de Gobierno, esta vez en Valencia donde también fue situada.

Se da la circunstancia de que el actual delegado del gobierno en esa comunidad es Juan Carlos Fulgencio, otro miembro del clan Ábalos, que fue Intendente de la policía local; mientras que el subdelegado es José Roberto González Cachorro, que fuera jefe de la División Centro de la Policía Local. Y, de nuevo casualmente, ese era el lugar donde la mujer del ministro Ábalos prestaba servicio hasta su traslado a Madrid junto a su marido e hijos.

El ministro niega haberse desentendido

Este jueves por la mañana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró en rueda de prensa que  "no es de extrañar" el conflicto que ha surgido en Madrid entre los taxis y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), dado que el Gobierno regional ya "avisó" de que no entraría a regular este último servicio.

En septiembre del pasado año, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Decreto que habilita a las comunidades para ello. Es decir, echó la culpa del conflicto a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. "No nos extraña lo que pasa en Madrid, porque ya avisó de que no las iban a asumir", indicó el ministro.

Además, en su intervención, reiteró su "pleno convencimiento" de que son las "administraciones autonómicas y locales" las que tienen que regular los taxis y los VTC, dado que "son las que mejor conocimiento tienen de cada territorio para tomar las decisiones más adecuadas respecto a movilidad, gestión del tráfico, el medio ambiente y la contaminación".

A pesar de todo, el ministro aseguró que Fomento "no se ha desentendido de la situación" y que sigue trabajando en la materia, si bien lo hace en aspectos a escala nacional. Así, avanzó que ultima la articulación del registro telemático en los que los VTC tendrán que registrar todos sus servicios y en la reforma de las sanciones a este tipo de vehículos. Además, recordó el grupo de trabajo que el Ministerio tiene con comunidades autónomas para compartir y coordinar experiencias en cuanto a regulación de este servicio.

Los anuncios del ministro llegan tarde para empresas como Uber y Cabify que dejarán de operar Barcelona y en el resto de las ciudades en que están presentes en cuatro años si antes de este plazo los gobiernos regionales y los ayuntamientos no regulan este servicio de transporte de vehículos de alquiler con conductor (VTC) en sus territorios. "Si las comunidades autónomas no quieren regular, lo único que va a pasar es que dejarán prestar servicio las VTC en su ámbito", advirtió. "Esa es la consecuencia y tienen cuatro años para evitarlo", añadió.

En el caso de los VTC, recordó que el Real Decreto aprobado por el Gobierno establece que en cuatro años las licencias que tienen los 13.200 vehículos de este tipo que actualmente circulan por el país, unos 6.300 en Madrid, dejarán de ser efectivas para realizar trayectos urbanos, su principal negocio y con el que compiten con el taxi, en el caso de que las comunidades y los ayuntamientos no tengan lista una regulación para ellas. En Madrid la huelga de los taxistas ya dura 12 días consecutivos.