Escándalo: Dos abogados engañan a sus clientes pidiendo dinero para sobornar al fiscal

Dos abogados han sido condenados después de que pretendieran estafar a sus clientes. Supuestamente, les pidieron dinero para comprar al fiscal del caso en el que representaban a sus defendidos. Para más inri, este soborno no era cierto y solo era una artimaña para sacarles el dinero a los clientes.

En este caso las pruebas eran muy concluyentes y los abogados han decidido aceptar la pena para beneficiarse de la reducción de condena. Conforme ha manifestado el Ministerio Fiscal, estos abogados fueron contratados por un cliente y por su pareja para su defensa en un proceso penal por apropiación indebida.

Llama la atención que el trasfondo del delito de apropiación indebida suponga una acusación frente a alguien que se adueña ilegítimamente de bienes que no le pertenecen. Los abogados, para defender dicho pleito, pretendieron hacer algo muy similar con el dinero de sus clientes. Que el abogado que te va a defender pretenda engañarte diciendo que 'compraría al fiscal' es gravísimo.

Así intentaron estafar dos abogados a sus clientes

Después de señalarse el día de juicio por el caso del cliente de los abogados, este se suspendió, alegando la imposibilidad de asistencia de uno de los letrados. Antes de que se celebrara la vista con nueva fecha, los abogados indicaron al cliente "la conveniencia de llegar a un acuerdo con el fiscal". Todo con el fin de "conseguir una pena inferior a dos años de prisión". 

Para llevar a cabo la propuesta, los letrados indicaron a sus clientes que se necesitaban 56.000 euros. Y que, además, debían adelantar 7.600 euros en mano para, según el relato del escrito de Fiscalía, "darle al fiscal bajo mano". Además, a esta suma añadieron otros 2.400 euros, también para entregar en mano, para "retirar unos antecedentes penales". 

Esta propuesta extrañó al cliente. Al pedir explicaciones a los letrados, recibió la siguiente respuesta: "Te sorprendería la cantidad de acuerdos a los que se llega con el fiscal. Ese dinero se entrega para comprar a la Fiscalía. Se le da el dinero al fiscal y es un acuerdo al margen de la ley". 

Consta en autos que los dos abogados acusados "se aprovecharon" de la ignorancia legal de su cliente. Utilizando la relación de confianza que se crea entre abogado y cliente, “incumplieron los deberes esenciales que deben guiar la actuación de un letrado en el ejercicio de su profesión”.

La condena a los dos abogados

Finalmente, los abogados han aceptado una condena de conformidad de 11 meses de prisión cada uno y una multa de 3.300 euros. Así como una multa de 2.700 euros por un delito continuado de calumnia. El fiscal ha retirado la acusación por un delito continuado de deslealtad profesional debido a una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La pena de prisión que solicitaba en un principio el fiscal era de 2 años y 6 meses por un delito continuado de estafa, así como una multa 6.480 euros. La Fiscalía, en el acuerdo de conformidad, ha aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas y la de reparación del daño. Esto al haber consignado los 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil en favor del perjudicado.

Esta condena visibiliza que, a pesar de que en general la abogacía tiene excelentes profesionales, siempre hay malas prácticas minoritarias. En estas últimas, el abogado utiliza sus conocimientos para engañar a su cliente. La relación entre abogado y cliente está descompensada, pues el primero conoce la ley, mientras que los clientes, en muchos casos, no tienen nociones básicas.

Este caso debe visibilizar la necesidad de reforzar las garantías en las contrataciones con los abogados. Todo cliente tiene derecho a recibir la información del servicio que se le va a prestar. Así como el precio al que se le va a cobrar y un detalle de los conceptos a los que se destinará.

Es evidente que en la hoja de encargo los abogados no iban a incluir la “mordida” o “soborno” del Fiscal. Pero sí que podría haberse incluido implícitamente dentro del precio pactado, y que informalmente a los clientes se les hubiera contado que había que pagar más para comprar al fiscal. Según aseguraron estos letrados a su cliente, estos pactos al margen de la ley supuestamente son “normales”.

Estas malas prácticas aprovechan el momento de vulnerabilidad al que se enfrentan los clientes que contratan un proceso penal. Un cliente agobiado podría aceptar propuestas de su abogado, confiando en que salvará su caso. Por ello, deben condenarse públicamente este tipo de comportamientos, que son los que más daño hacen a la abogacía y a la ciudadanía.

En estos casos, es recomendable pedir una segunda opinión profesional cuando algo nos parezca extraño y nos haga desconfiar como clientes.