La dimisión del consejero gallego del PP Villares crea un cisma: Señalado por 'abusos'

El consejero de Mar de la Junta de Galicia, el popular Alfonso Villares, ha presentado este miércoles su dimisión tras conocerse que está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual. La denuncia fue interpuesta hace varios meses en el juzgado de Ferrol por la presentadora y modelo Paloma Lago.

La investigación fue asumida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) debido a la condición de aforado del consejero, aunque ahora, con su renuncia al cargo, el caso volverá al juzgado de origen.

Antes de formalizar su dimisión, Alfonso Villares comunicó personalmente al presidente de la Junta Alfonso Rueda su intención de abandonar el cargo  para afrontar la investigación judicial. Según fuentes cercanas, Rueda le dio luz verde para dar ese paso, entendiendo que su salida era “la mejor decisión” para preservar la estabilidad institucional.

Sin embargo, el escándalo supone un revés para el PP de Galicia, que había revalidado su mayoría absoluta hace apenas unos meses. También suma presión sobre el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en plena ofensiva política contra el Gobierno central. La oposición ya ha comenzado a cuestionar la transparencia del Ejecutivo gallego y la gestión interna del caso. Un nuevo frente que podría erosionar la imagen del PP tanto en Galicia como en el plano nacional.

La decisión de Villares se ha hecho pública en una comparecencia urgente en Santiago de Compostela, donde ha proclamado su "absoluta inocencia". Ha asegurado que su dimisión tiene como objetivo "no perjudicar a la Xunta ni a sus instituciones". "He decidido afrontar este proceso como un ciudadano más, sin privilegios", ha afirmado el ya exconsejero, que también ha renunciado expresamente a su fuero.

Villares, de 55 años, es veterinario de formación y militante del Partido Popular desde hace décadas. Fue alcalde del municipio lucense de Cervo durante 16 años antes de asumir, en 2023, la cartera de Mar dentro del Ejecutivo gallego que preside Alfonso Rueda. Durante su intervención, agradeció el respaldo recibido de su entorno personal y político, y destacó la comprensión del presidente Rueda ante su decisión.

La noticia ha generado una fuerte reacción en la política gallega. Tanto el Bloque Nacionalista Galego (BNG) como el PSdeG-PSOE han calificado el caso como de "extrema gravedad". También han exigido explicaciones claras y urgentes al presidente Rueda. Tras la dimisión de Villares, la Junta de Galicia ha nombrado a Marta Villaverde Acuña como nueva Consejera de Mar.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad política de los altos cargos en situaciones judiciales. Especialmente en casos vinculados a delitos contra la libertad sexual. Diversas organizaciones feministas han manifestado su preocupación ante la “lentitud institucional” y han reclamado que se garantice la seguridad y el anonimato de las personas que presentan este tipo de denuncias. Sobre todo cuando se trata de figuras públicas de alto perfil.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso. La devolución del caso al juzgado de Ferrol implica que será un juez de instrucción quien determine los próximos pasos procesales, que podrían incluir la citación formal de Villares, la toma de declaraciones y la práctica de diligencias adicionales. Por el momento, ni la denunciante ni su entorno han hecho declaraciones públicas, si bien fuentes jurídicas confirman que ha solicitado medidas de protección.

En el entorno político, el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, no ha comparecido aún para valorar la situación. Aunque se espera que en las próximas horas ofrezca una declaración institucional. El Partido Popular de Galicia, por su parte, ha cerrado filas en torno a Villares y ha defendido su derecho a la presunción de inocencia. Aunque ha evitado hacer valoraciones sobre el fondo del caso.