Descontrol de drogas en cárceles: Por qué Cataluña da papel de aluminio a sus presos

La sombra de los contagios por drogas vuelve a planear sobre las cárceles españolas. Después del drama vivido en los años 80 y 90 por el auge de las drogas en prisión, el sistema penitenciario reactiva una antigua estrategia.

Aunque pueda parecer una solución controvertida, ya demostró entonces su eficacia. Se trata de distribuir material higiénico para reducir daños. Esta vez no son jeringuillas, sino papel de aluminio. El objetivo: fomentar el consumo inhalado entre reclusos con adicciones y evitar la vía intravenosa, la más peligrosa en términos de salud pública. Así lo confirman fuentes penitenciarias a elcierredigital.com.

El centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha comenzado este mes de junio a entregar kits. Les dan papel de aluminio a presos consumidores de heroína y otras drogas fumadas. La medida ya se aplicaba en Brians 1 desde 2020 a través del programa “Fumando en plata”. Este forma parte de una estrategia de reducción de daños impulsada por el Departamento de Justicia de la Generalitat.

Los kits contienen papel de aluminio sin plomo, un tubo enrollable y un folleto con indicaciones para reducir riesgos. Solo se entregan bajo supervisión médica del CAS (Centro de Atención y Seguimiento de Drogodependencias) y con criterios clínicos claros. "No se reparten de forma generalizada ni suponen una carta blanca para consumir drogas", insisten desde la administración.

El fondo de la medida es sanitario. Inhalar drogas como la heroína con papel de aluminio implica menos riesgo de infecciones que inyectarse con jeringuillas compartidas.  En prisión, donde el acceso a material estéril puede ser limitado o clandestino, el uso compartido de agujas ha sido históricamente un foco de transmisión.

Además, el papel de plata que se acostumbra a usar en estos casos contiene plomo, lo que es aún más perjudicial para la salud. Es por ello que los kit vienen provisionados de papel sin plomo.

En los años 80 y 90, la heroína causó estragos en las cárceles españolas. El 46% de los reclusos que ingresaban en 1988 admitía haber consumido por vía intravenosa, y uno de cada tres daba positivo en VIH.

La hepatitis C, aún más contagiosa, campaba a sus anchas. Las prisiones se convirtieron en espacios de contagio silencioso, donde la pobreza, la marginación y la drogadicción se combinaban en un cóctel letal.

La respuesta llegó en los años 90 con el reparto de lejía para desinfectar jeringuillas, preservativos. Finalmente se llegó al pionero programa de intercambio de agujas en la cárcel de Basauri (Vizcaya) en 1997. Fue un punto de inflexión. España pasó a ser referencia europea en reducción de daños dentro del entorno penitenciario.

De las jeringuillas al papel de plata

Tres décadas después, el enfoque se adapta a nuevas realidades. En lugar de luchar contra el consumo -algo que las propias autoridades penitenciarias reconocen como muy difícil de erradicar-, la estrategia sanitaria se centra en minimizar los riesgos. Y ahí entra en juego el papel de aluminio.

En Brians 1, el programa piloto se inició en 2020 y ha sido evaluado en un estudio publicado por el equipo del CAS del centro.  En él se entrevistó a 18 internos (hombres, mujeres y una mujer trans). Estos destacaron que el material ofrecido era mucho más seguro que el que improvisaban por su cuenta. Usaban papeles de yogur, cartones quemados o envoltorios de tabaco.

Los reclusos afirmaron que fumar heroína con papel sin plomo redujo el mal sabor, la tos, las irritaciones y el hedor, además de disminuir la frecuencia de sobredosis. Algunos, incluso, afirmaron haber abandonado la vía intravenosa por completo, y se mostraron más dispuestos a acceder a programas de tratamiento.

Un problema más vivo que nunca

Lejos de ser un recuerdo del pasado, la problemática de las drogas sigue plenamente vigente en las cárceles españolas. En Cataluña, se estima que el 40% de los presos padece algún tipo de drogodependencia. El ingreso de estupefacientes en prisión, a pesar de los controles, sigue ocurriendo. Y los métodos de consumo, cuando son inseguros, se convierten en un vector de transmisión de enfermedades.

Con esta medida, las autoridades pretenden evitar que se repita el drama sanitario de finales del siglo XX. Desde el Departamento de Justicia se defiende que esta política se inscribe en la línea de reducción de daños ya presentes en la comunidad. Fuera de prisión también se entregan materiales para uso más seguro a personas adictas que aún no han podido dejar el consumo. La cárcel no puede quedarse al margen.

¿Se normaliza el consumo?

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Algunos sindicatos de funcionarios penitenciarios critican que esta política puede interpretarse como una forma de normalizar el consumo en prisión. Alegan que se desdibuja la función rehabilitadora de la institución y se lanza un mensaje contradictorio: por un lado, se persigue la entrada de drogas, y por otro, se entrega material para consumirlas.

Frente a estas críticas, los responsables del programa insisten en que la intervención está muy controlada. Se aplica solo a internos con supervisión médica, y tiene como objetivo evitar daños mayores, no fomentar el consumo. Además, señalan que el contacto con el CAS puede facilitar que los internos inicien procesos de desintoxicación y terapia.

Expertos en salud pública recuerdan que medidas similares, como el reparto de jeringuillas en los 90, también generaron polémica en su momento. Sin embargo, los datos avalaron su efectividad: la tasa de VIH en prisiones españolas bajó del 30% a menos del 5% en dos décadas.

Más allá de Cataluña

Por ahora, el reparto de kits se limita a Brians 1 y Brians 2, pero el éxito del programa podría extenderlo a otras prisiones. Algunas comunidades autónomas con competencias penitenciarias observan con atención. Otras, como las que dependen aún del Ministerio del Interior, podrían tardar más en adoptar medidas similares por cuestiones políticas o de enfoque.

Lo cierto es que España sigue siendo uno de los países que más ha avanzado en políticas de salud penitenciaria, al menos en términos de reducción de daños. La experiencia de los 90 demostró que asumir la realidad del consumo dentro de prisión no es rendirse, sino evitar muertes y contagios.

Ahora, con el retorno de drogas como la heroína y el auge de nuevas sustancias como el crack o el fentanilo, las autoridades se ven obligadas a adaptarse de nuevo. En esta batalla silenciosa por la salud de los más vulnerables, un simple trozo de papel de aluminio puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.