Denuncian la militarización encubierta en la Policía Nacional: 'Sistema clasista'

Con motivo del evento que se dispone para la celebración del Día de La Policía este 2 de octubre, la Agrupación Reformista de Policías (ARP) denuncia una militarización encubierta de una institución denominada civil  que en los últimos años confirma “actos que atentan a muchos años de lucha y sacrifico por compañeros y compañeras que no dudaron en exponer su sustento familiar, para conseguir un mínimo de derechos civiles en la transición política de este país”.

Y es que en correos corporativos de algunas comisarías se usaron términos castrenses  para determinar ensayos para el evento que se dispuso para el Día de La Policía en muchas ciudades donde tiene presencia la Policía Nacional: Piquetes de Honores, Escuadras de Salvas Guiones y Banderines.

Desde la agrupación desconocen si es un patrón o guía impuesta desde la Dirección General de la Policía, o del Ministerio del Interior, a los mandos de las comisarías. Sin embargo, afirman que “se impone y  se alejan de un sentir de respeto a la condición de institución civil”.

Con ello, explican que estos términos y órdenes “que se ocultan a la sociedad civil” manifiestan un preocupante problema en el mundo sindical del Cuerpo de Policía Nacional, que “requiere una profunda reflexión civil y una obligación de actuar de las formaciones políticas que ostentan representación en las distintas cámaras legislativas, Congreso y Senado”.

Desde la ARP afirman que el Consejo de Policía, órgano donde se invocan normas, proyectos normativos y de personal, tiene un déficit estatutario que está permitiendo estos términos militares en un cuerpo civil que nadie denuncia. Añaden que ya “tienen bastante con la Guardia Civil para emular a un cuerpo de naturaleza militar, como es el referido, que lleva años solicitando su desmilitarización desde la mayoría de sus categorías básicas”.

Como ha explicado el sindicato para elcierredigital.com, “en un Gobierno de coalición progresista ya va siendohora de que las reformas se noten en la policía”. Las reivindicaciones principales de ARP pasan por establecer un modelo policial diferente y distinto al actual y abogar por un sistema de representación más democrático.

En la policía se vota por escala, explican. Es decir, un policía de la escala básica, que este patrullando en la calle, no puede votar a un comisario. “Es un sistema clasista, por lo que es imposible conseguir avances sindicales”. Los comisarios y los inspectores tienen un sistema más beneficioso y mientras se mantenga así aquí “ellos tienen el poder de decisión en el Consejo de la Policía. La voluntad política es la que manda”.

Sindicatos inmovilistas

La Policía Nacional, desde el año 1987, usa un reglamento para el Consejo de Policía asfixiante para cualquier organización como es la Agrupación Reformista de Policías  por su espíritu renovador desde 2016, y que clama bajos los principios inspirados en su vocación progresista, cambiar el sistema de representación sindical y el modelo policial actual, como indican desde el sindicato.

Explican que su objetivo resulta insalvable en estos momentos por razones políticas sustentadas en “patronal y sindicatos denominados representativos” que no comparten un innecesario cambio como demuestran su escaso interés en este apartado, para conseguir la libertad sindical en el CPN.

Los funcionarios que votan cada 4 años a estos sindicatos se perjudican, asimismo, cercenando cualquier avance y mejora en sus condiciones laborales, profesionales y económicas, indica la ARP. Renuncian así a los derechos inherentes al resto de trabajadores de este país conforme tienen reconocidos el resto de los funcionarios dependientes de la Administración General del Estado, representados por sindicatos de clase.

La agrupación explica que “se vota a unos sindicatos inmovilistas y se avala la continuidad de una norma electoral en el CPN, que carece de reglamento para poder determinar el grado de infracciones o presuntos actos que se cometieron desde tiempo inmemoriales como la “compra de adhesiones mediante regalos, uso indebido de la publicidad electoral, destrucción de propaganda, pintadas e insultos a candidatos y organizaciones en redes sociales”.

Además, indican que se acepta que, la Junta Electoral, comisarios elegidos por el Ministro del Interior y representantes sindicales de las organizaciones que reciben liberaciones y subvenciones sean los únicos que decidan las incidencias en las campañas. De este modo, se  impide la presencia del resto de organizaciones candidatas, lo que supone, “una prueba más de un reglamento provisional, acuerdos de difícil comprensión, para excluir sin ningún tipo de obstáculo a organizaciones disidentes, como es ARP, que se ve obligada a buscar amparo y tutela judicial efectiva”.

Varias denuncias en el pasado

En la campaña del año 2019, UFP, SUP y JUPOL, denunciaron actos relacionados con la propaganda electoral, que versaban con insultos en redes sociales, espacios habilitados en diferentes dependencias o sobre el uso de los tablones informativos de uso exclusivo por estos, donde se exponía información electoral, totalmente infringiendo normas establecidas.

Al respecto, el Secretario General Técnico de la campaña, remitió los hechos a la Secretaría General de la Subdirección General de la Política Interior y Procesos Electorales, para posterior evaluación y votación, como explican desde la ARP. En las pasadas elecciones, las de 2023, ARP fue el único sindicato denunciante de hechos similares a los expuestos, sin embargo,  no ha merecido el mismo tratamiento, ni consultas externas.

Como indica la agrupación, han decidido por unanimidad que la “patronal” elegida por el ministro y las organizaciones UFP, SUP, SPP, CEP, JUPOL-ASP  ignore los hechos concretos denunciados en diferentes dependencias. Con ello, no se ha garantizado el principio de igualdad de oportunidades sobre la disposición del espacio gratuito para la publicidad electoral, según lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 555/2001, de 20 de abril.

Es por ello que el sindicato informa de que “desde el más absoluto respeto a los electores”, en los próximos días  presentarán una demanda en Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Séptima lo Contencioso Administrativo, donde han tenido que presentar recurso, ante unos hechos antisociales.

Además, expresan que “una reforma consecuente del sistema de representación sindical  pondría fin a unos inaceptables comportamientos producidos por agentes de la autoridad que, en funciones sindicales y nombre de otras organizaciones, dejan mucho que desear con comportamientos censurables reconocidos en las actas de la propia Junta Electoral, limitándose a consignas estériles, en el deseo de que no se sigan produciendo”.

La agrupación también invita a reivindicar “como antaño”, que la naturaleza civil del Cuerpo de Policía Nacional requiere reformas legislativas y que la promulgación de la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de 13 de marzo, “debe ser derogada, de alguna forma pasar a la historia, como su rey emérito, firmante de la misma”.

ARP concluye afirmando que va a continuar su labor pese a todo lo anterior. “Sus trabajos y proyectos, sus denuncias, en definitiva, sus principios y valores, afortunadamente distantes del resto de sindicatos afines al régimen estatutario actual, no serán impedimento para que exista un espacio reformista que, desde el respeto y la honestidad sindical”, seguirá siendo crítico con la administración policial.

El sindicato solicita la retirada de Piquetes de Honores, Escuadras de Salvas Guiones y Banderines, algo impropio en eventos de cualquier cuerpo civil. Además, denuncia que en la actualidad “bajo la organización castrense incipiente en los últimos años instalada en la DGP”, se les impide asistir a estos actos “que causan un retroceso civil en el Cuerpo de Policía Nacional”.