Cuarenta años de la expropiación de Rumasa a Ruiz-Mateos: La verdad del 23F

El intento de Golpe de Estado –protagonizado por mandos militares en Madrid y Valencia– del 23F de 1981 fue uno de los momentos importantes que marcaron la historia de España. Sin embargo, justo dos años después, el 23 de febrero de 1983, otro suceso de relevancia social dejaba huella en el recuerdo de los españoles: la expropiación de la empresa Rumasa.

En su libro Isabel y Miguel: 50 años de historia de España, Juan Luis Galiacho –director de elcierredigital.com– relata las críticas y duras actuaciones por parte del empresario José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada contra Miguel Boyer –que entonces formaba parte del gobierno de Felipe González como ministro de Economía y Hacienda y que despojó al empresario gaditano del control de Rumasa–.

La expropiación del poderoso conglomerado de empresas trajo consecuencias judiciales, políticas y económicas que se dilatarían durante años, con la figura de Boyer e Isabel Preysler siempre de por medio.

La verdad sobre el 23F de 1983

Todo el mundo preveía que la noche del 23 de febrero de 1983 iba a ocurrir algo de suma trascendencia política y empresarial. El entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social, hoy vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia Amann, ya se había encargado de anunciarlo: “Esta noche va a ocurrir algo importante”, creando desde horas antes una gran expectación mediática. Todo estaba preparado. Miguel Boyer y sus hombres lo tenían todo atado desde hacía días. Habían bautizado la operación con el nombre en clave de “La Red” que definía el cerco gubernamental que se iba cerrando en torno a Rumasa.

Lo primero que hicieron fue centralizar, junto al Banco de España y los servicios de inspección de Hacienda, toda la información referida al holding de la abeja. Gracias a ello se fue conociendo la verdadera situación real de la entidad empresarial: con grandes deudas y sometida a una profunda auditoría por parte de la firma Arthur Andersen. Paralelamente los medios de comunicación ya alertaban sobre la mala situación de los bancos de Rumasa.

Fue el 18 de febrero de 1983 cuando saltó por primera vez la alarma. El propio ministro de Economía, en una reunión con los periodistas, indicaba la posible negativa de Ruiz Mateos a autorizar a los auditores de Arthur Andersen una amplia investigación sobre Rumasa que conllevaría la entrada en acción de los inspectores del Banco de España. Todos los periódicos se hicieron eco por entonces de las palabras de Boyer.

Aquello fue como la campana de meta dando la señal de salida. Uno de ellos, Diario 16, al día siguiente tituló a grandes caracteres su portada con una frase manifiesta y premonitoria: “Boyer amenaza a Rumasa”, y con un antetítulo que decía: “Si no permite que continúe la auditoría de Arthur Andersen”. Ese mismo día, en un largo comunicado escrito, habitual en el proceder de Ruiz Mateos, el empresario aseguraba que la situación de su holding era de total solvencia y liquidez y responsabilizaba a Miguel Boyer de las consecuencias que podrían derivarse de sus palabras. Desde entonces, y con este ambiente tan caldeado, los acontecimientos se precipitaron.

Afirman personas próximas al empresario gaditano, que Boyer sólo se entrevistó en una única ocasión con Ruiz Mateos para tratar el tema personalmente. Y que ésta fue dos días antes de producirse la expropiación. Fue entonces cuando el ministro de Economía propuso al propietario del holding de la abeja llegar a un acuerdo pactado. Su natural ira, la célebre “soberbia satánica” de Boyer, fue sustituida por una postura de acercamiento que les condujera a cerrar un acuerdo.

La reunión entre Boyer y Ruiz-Mateos

Este cambio se debía a las presiones que había recibido de, entre otros, su amigo, el entonces subgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que no era muy partidario de la expropiación bancaria, como tampoco lo eran los principales despachos financieros de la capital de España. Meses antes, el propio Ruiz Mateos había escrito una carta al presidente Felipe González, felicitándole por su triunfo electoral y exponiéndole la importancia que tenía el grupo Rumasa para la economía española, dicen que manipulando los resultados.

La reunión se celebró en el propio Ministerio de Economía, en la calle Alcalá, y cuentan que Boyer, nervioso y aparentemente descompuesto y colérico, no paraba de fumar un cigarro tras otro. Cuenta el propio Ruiz Mateos que Boyer sudaba como si en vez de ser el mes de febrero fuera el pleno agosto andaluz y el ministro padeciera el rigor de los cuarenta grados al sol. Sin embargo, a pesar de sus sudores, mantenía el rostro hermético, hierático. El ministro no quería oír ni hacer caso a los argumentos y razones que esgrimía en su defensa el empresario. Sólo seguía al pie de la letra las instrucciones que llevaba aprendidas. Escasos minutos de iniciada la reunión le advirtió muy seriamente:

-“Escúcheme, don José María, la única solución es que firme usted esta carta, en la que se compromete a aminorar su política expansiva y, en cambio, sí acelere la auditoría que la firma Arthur Andersen intenta llevar a efecto sobre los bancos y empresas de Rumasa. Y que cuando estén terminadas serán entregadas por éstos directamente al Banco de España en lugar de que las reciba primero Rumasa. El Fondo de Garantía de Depósitos debe conocer de primera mano la marcha de los resultados sin la presencia intimidatoria de sus directivos”, le espetó.

Pero Ruiz Mateos, siguiendo el consejo de sus asesores, no firmó la carta que le habían puesto sobre la mesa escrita de antemano por los asesores del Ministerio y dirigida en su membrete a la persona de Miguel Boyer:

-“Querido ministro, yo no legitimo mi sentencia de muerte. Las auditorías debe recibirlas primero Rumasa, que para eso es quien paga y, además, ha hecho el encargo. Por otro  lado, han sido encargadas hace muy poco tiempo y pueden tardar años dada la complejidad y variedad de las compañías y sectores”,  le respondió con firmeza el empresario gaditano.

El tiempo pasaba, la reunión se alargaba y nada se conseguía. Sólo fortalecer las posturas contrarias. Hasta que en un momento determinado Ruiz Mateos le dijo a Boyer:

-“Déme veinticuatro horas y le daré una contestación definitiva”

-“No. De eso nada. ¡Ahora!… o no hay nada que hacer”, replicó vehementemente Boyer, de quien aseguraban sus colaboradores que cuando tomaba una decisión era como una pared.

Cuentan sus allegados que Ruiz Mateos no entendía prácticamente nada. Cómo era posible que ahora Boyer pidiera su cabeza y la de su grupo si diez meses antes, durante el gobierno de la UCD de Leopoldo Calvo Sotelo, le habían autorizado a comprar Fidecaya para salvar al Banco Urquijo de ese gran escándalo económico, el primero de la democracia heredado del franquismo, en una operación a pagar en 99 años que contaba con la aquiescencia del Banco de España, donde figuraba como subgobernador Mariano Rubio, el gran amigo y padrino intelectual de Miguel Boyer.

O cómo también le habían dado meses antes el visto bueno para que comprara el Grupo Galerías Preciados, con una gran deuda arrastrada con Hacienda. “Si mi grupo fuera una ruina, si iba tan mal, cómo me iba a dar permiso el Gobierno y el Banco de España”, pensaba en su interior antes de contestar a Boyer. Sin embargo, estaba dubitativo, no sabía qué hacer. Temía las represalias socialistas. Su madre, Encarnación Jiménez de Tejada, ya se lo había advertido en varias ocasiones.

Finalmente, Ruiz Mateos se negó en rotundo a aceptar el acuerdo que le había servido en bandeja Boyer. La decisión fue adoptada tras recibir el consejo inflexible de sus asesores personales, entre ellos, el del letrado Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi, un hombre que después se convertiría en persona de máxima confianza de Adolfo Suárez en el partido Centro Democrático Social (CDS), donde fue diputado por Asturias durante ocho años y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Rebollo había sido la persona elegida como intermediaria para que Ruiz Mateos se viera las caras con Boyer en una jugada en la que el líder centrista Adolfo Suárez había sido la percha utilizada por el Gobierno del PSOE. Y Rebollo fue la persona que aconsejó a Ruiz Mateos que no la firmara bajo pretexto alguno.

En el momento de la expropiación, los abogados y asesores del propietario del holding de la abeja eran inicialmente el mencionado Alejandro Rebollo y Fernando Castedo, otro hombre próximo a Adolfo Suárez en el CDS y que antes fue director general de RTVE. Tras estos dos primeros abogados llegó el turno a otro conocido letrado, el conseguidor Matías Cortés Domínguez, quien luego formó parte de la beautiful people, un personaje con gran penetración en los sectores socialistas del felipismo y abogado de Isabel Preysler en el proceso de separación del marqués de Griñón. Suyo fue el dictamen jurídico que más tarde serviría de base para la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de expropiación de Rumasa.

Ruiz-Mateos acusaría posteriormente a los tres, principalmente a Matías Cortés, de ser parte integrante de la conspiración tramada contra su persona y contra su imperio por el copresidente del Banco Popular, Luis Valls Taberner, y el presidente de la patronal bancaria AEB, el catalán Rafael Termes Carreró, ambos numerarios del Opus Dei. Según cuenta Ruiz Mateos, se trataba de una orden emanada directamente por el Opus Dei, que por entonces contaba con infiltrados en las cúpulas del poder monetario y gubernamental.

El acuerdo era entregar Rumasa, entonces un gran grupo bancario-empresarial con claras deficiencias y trampas pero no muchas más que otras poderosas entidades de la época, a cambio de no nacionalizar el sector de los seguros ni de la Banca por parte del PSOE. En concreto, con esta medida se salvaba de la quema al Banco Popular, ligado al Opus Dei, que atravesaba una penosa situación financiera en el inicio de lo que fue la grave crisis bancaria de los ochenta. Con esta medida se calmaba a la opinión pública deseosa de cadáveres tras el reciente aterrizaje socialista en La Moncloa y, además, servía para dar ejemplo de la nueva conducta socialista en el poder.

En plena crisis, el 22 de febrero, Ruiz Mateos comparecía ante los medios de comunicación, aconsejado por los banqueros del Opus Dei, quienes le habían metido en la encerrona. Era la primera rueda de prensa que ofrecía el empresario gaditano a lo largo de su existencia. Se trataba de un desafío sin precedentes al Gobierno socialista, lo que precipitaría la decisión expropiatoria. El dueño de Rumasa, acompañado de sus abogados, se limitó a leer un comunicado que, según sus propias palabras, estaba escrito íntegramente por el copresidente del popular Luis Valls. En él hacía ver a la opinión pública la gran agresión sin precedentes que estaba sufriendo su holding y su persona por parte del gobierno socialista en una campaña premeditada y dirigida por Miguel Boyer, un personaje al que apenas conocía pese a los bulos que circulaban por Madrid de que había trabajado a sus órdenes en Rumasa.

Pero Boyer cogió las palabras de Ruiz Mateos para difundir entre sus compañeros de partido la sensación de provocación, reto y desafío por parte del propietario del holding de la abeja. La expropiación era ya la única salida que tenía Felipe González, que se jugaba su autoridad si cedía ante Ruiz Mateos. Casi todos los ministros, a excepción de un callado Alfonso Guerra (el enemigo acérrimo de Boyer), estaban de acuerdo. Entre ellos, Fernando Ledesma (en Justicia), Enrique Barón (en Transportes) o Carlos Solchaga (en Industria), firmes partidarios de la expropiación inmediata y no de una mera intervención gubernamental.

En este ambiente de crispación plena entre Miguel Boyer y el empresario gaditano, pocos minutos antes de la medianoche del 23 de febrero de 1983, el entonces portavoz del gobierno de Felipe González, Eduardo Sotillos Polet, apareció en el Telediario nocturno de la primera cadena de TVE, interrumpiendo el normal desarrollo de la programación, para leer un comunicado oficial del Gobierno socialista informando al pueblo español de la decisión de expropiar Rumasa, el primer holding privado de España cuyo volumen de negocio equivalía al 1,8 por ciento del PIB nacional.

Así lo anunciaba el periodista Sotillos en la pequeña pantalla estatal: “El Gobierno, con objeto de garantizar plenamente los depósitos de los bancos, los puestos de trabajo y los derechos patrimoniales de terceros que considera gravemente amenazados, ha aprobado un Real Decreto Ley de expropiación de los bancos y otras sociedades del grupo Rumasa. Las razones de esta decisión adoptada por el Consejo de Ministros entran de lleno en las consideraciones de la utilidad pública e interés social previstas en el artículo 33.3 de nuestra Constitución. Con esta medida, Patrimonio del Estado se hace cargo de las entidades asegurando así, absolutamente, los derechos de los depositantes y empleados. El Gobierno ha acordado también que a partir de las 8 horas del jueves 24 y hasta las 8 horas del lunes 28 de febrero, permanezcan cerradas todas las oficinas de las entidades bancarias del grupo Rumasa y se suspenda hasta nueva orden la cotización en bolsa de las acciones de las empresas de dicho grupo”.

Esa misma noche, el ministro de la Presidencia, el riojano Javier Moscoso del Prado, ejercía apresuradamente de mensajero y llevaba personalmente a los talleres del Boletín Oficial del Estado, en el barrio madrileño de Chamberí, la decisión gubernamental con el fin de que apareciera impresa en la edición del BOE del día siguiente. Estas urgencias del gobierno de Felipe González provocaron errores y omisiones en la redacción del Decreto Ley de Expropiación al incluir en el texto aparecido en el BOE empresas que no pertenecían al holding y omitir otras pertenecientes a la Rumasa oculta o sumergida. Fue José Luis Llorente Bragulat, como subdirector general de los servicios consultivos del Ministerio de Justicia, quien como abogado del Estado redactó el borrador del proyecto del Decreto Ley de Expropiación de Rumasa.

Años después a la expropiación, el presidente de la patronal bancaria Rafael Termes visitó al empresario gaditano en lo que fue durante años su refugio en el exilio de Londres. Allí se sinceró con él:

- “Te voy a contar una cosa José María. Siento decírtela ahora, pero para salvar al Banco Popular tuvimos que sacrificarte con la expropiación de Rumasa. La gente del Opus te vendió para salvar su figura y contó con el beneplácito del aparato bancario español que temía que Felipe fuera contra ellos. O le dábamos carnaza o nos nacionalizaba a todos. Había que elegir…”

- “Pues yo te voy a decir otra cosa, Rafael, si Monseñor Escrivá de Balaguer me lo hubiera pedido en su día…le hubiera dado Rumasa y mucho más. Lo que él hubiera querido. Pero no se me debió sacrificar sin decírmelo con anterioridad. Si los responsables del Opus me lo hubieran pedido, yo hubiera hecho las cosas bien y hubiera creado otra Rumasa alternativa, y me hubiera guardado un apartado con dinero en el extranjero. Además, utilizasteis a Matías Cortes, a quien pusisteis como mi abogado, para ser el urdidor de toda la estrategia para asfixiar a Rumasa. Ese es un verdadero traidor”, le espetó con amargura.

Logró sacar 220 millones al extranjero

Pero, a pesar del llanto de sus palabras, el empresario gaditano sí que logró sacar una ingente cantidad de dinero fuera de España y mantener a salvo, al menos, siete grandes empresas no controladas por Miguel Boyer y el gobierno socialista, que luego fueron vendidas en los cinco años posteriores con importantes plusvalías. Se trataba de empresas situadas fuera de España. Ruiz Mateos contaba con una densa red empresarial en Europa y América de la que Boyer no tenía conocimiento oficial. Una maraña de sociedades sumergidas o instrumentales que el gaditano fue creando para dar forma a su emporio empresarial al margen de cualquier norma monetaria establecida y de la legislación económica vigente.

Por ejemplo, se hizo con la segunda bodega de vinos por importancia en Argentina, de nombre Graffigna, que fue vendida una semana antes del famoso corralito a Freixenet por mas de 30 millones de euros; el Hotel Everglades, en Miami (EEUU), vendido por 40 millones de dólares a un lobby judío; el Union Bank, en Frankfurt (Alemania), al 50 por ciento con el BBV, que fue lo primero que se vendió en 1983 tras la expropiación por 900 millones de pesetas y cuyo presidente era el sobrino materno de Ruiz Mateos, Alfonso Barón Rivero, la persona que manejaba las cuentas de la familia en el extranjero y que poseía una llave electrónica que permitía el acceso a cuentas de dinero en Suiza; la firma Rodes, la mayor bodega de vinos a granel de toda Europa situada en Ámsterdam (Holanda), traspasada por varios millones de euros; también una cadena de bebidas en Holanda, con más de 150 marcas, que fue vendida por 50 millones de euros; la bodega Da Silva, situada en Oporto y comprada luego por la firma Pernod Ricard por 30 millones de euros; y una gran bodega en Chile, con viñedos incluidos.

En total se calcula que los Ruiz Mateos consiguieron por estas ventas B, sin que Boyer se enterara, unos 220 millones de euros, dinero que nunca se ingresó en España y del que no tuvo conocimiento alguno el gobierno socialista ni su todopoderoso ministro de Economía, ajeno a las muchas actuaciones en la retaguardia del empresario gaditano, que burló a sus anchas los nefastos controles gubernamentales. No hay que olvidar que Boyer no llevaba ni siquiera tres meses al frente de la cartera de Economía y su gente aún no había tomado posesión de sus despachos, ni conocía con exactitud lo que ocurría en el sector financiero-empresarial español cuando lanzó el órdago de la expropiación de Rumasa, siguiendo las órdenes concretas dictadas por su amigo Felipe González que quería dar un ejemplo preciso al poder económico. “Busca los motivos para expropiar”, le dijo. Cuentan los expertos que toda la expropiación del holding de la abeja se hizo en base a una memoria conmemorativa que había realizado y editado la propia Rumasa con motivo de su vigésimo aniversario (1961-1981). Así se lo confirmó meses después la secretaria personal de Miguel Boyer a Ruiz Mateos, a quien ofreció sus informaciones a cambio de una ayuda económica, “ya que lo estaba pasando muy mal”.   

Además, en un edifico adyacente a las célebres torres de la madrileña plaza de Colón, los inspectores encontraron en el registro de las oficinas un listado de ordenador de 119 páginas que resumía el balance y cuenta de resultados del holding durante el ejercicio contable de 1982. Esta información demostraba que, al margen de las múltiples contabilidades paralelas que utilizaba el grupo en función del destino que hubiera que darle al dinero o de la identidad de la persona que había detrás, la realidad contable era muy distinta de la ofrecida por los informes oficiales elaborados por Ruiz Mateos.

Así, días después, se comprobó que en realidad las empresas reales eran un número muy insignificante en comparación con las sumergidas o no declaradas, que duplicaban esa cifra. Ruiz Mateos confesó posteriormente haber entregado donativos al Opus Dei en dinero negro por un valor superior a los 4.000 millones de pesetas a lo largo de las más de dos décadas de existencia de Rumasa para financiar diversos proyectos de esta organización eclesial en el extranjero.

Culpaba al Opus Dei de sacar ilegalmente dinero fuera de España. Dinero que, según Ruiz Mateos, él entregaba y que se sacaba en fajos de billetes de mil pesetas en el interior de cajas de zapatos vía Andorra, con la colaboración del periodista y comisionista valenciano Antonio Navalón y del intermediario ilicitano Diego Selva, ambos recomendados para la causa a Ruiz Mateos por el banquero Luis Valls. Los dos fueron también imputados años después en otro caso de corrupción económica, el conocido como Argentia Trust, donde fue condenado a seis años de prisión como principal autor el expresidente de Banesto, Mario Conde.

Miguel Boyer, a pesar de lo manifestado por Ruiz Mateos, lo tenía claro: la situación de quiebra técnica del holding quedaba patente. Para él, el empresario gaditano era un personaje trasgresor que pretendía, de entrada, ignorar e incumplir las normas de las autoridades monetarias. Para Boyer la expropiación de Rumasa era necesaria. Por aquel entonces el holding de la abeja tenía prácticamente el monopolio del dinero opaco, ya que pagaba a sus titulares intereses varios puntos por encima de los que ofrecían los demás bancos y que llegaron a ser del 18 por ciento neto en operaciones aparentemente aplazadas y que en realidad eran a la vista y de disponibilidad inmediata.

El negocio era sencillo y rentable, pero a la vez arriesgado y aventurado, como luego también se demostró con los pagarés de Nueva Rumasa. Pero los escándalos Sofico y Matesa, sociedades financieras quebradas estrepitosamente, aún perduraban en los cenáculos oficiales del poder, donde seguían viendo con temor la irregular forma de proceder de algunos destacados miembros numerarios del Opus Dei, con intereses en el mundo de los negocios y, en concreto, en el sector de la banca.

Contra la expropiación de Rumasa el grupo de Alianza Popular (luego PP) emprendió una dura batalla, fundamentalmente a través de su diputado pacense Luis Ramallo García, quien presentó una gran cantidad de iniciativas parlamentarias. Ramallo llegó a preguntar al gobierno de González por la presunta intermediación que había hecho Isabel Preysler, ya unida sentimentalmente a Miguel Boyer, en la controvertida venta de tres empresas del holding ya público: la adquisición de la firma de lujo Loewe por los franceses de Urvois-Spínola; la venta de la cadena hotelera Hotasa al empresario mallorquín Gabriel Escarrer Julià; y la compra por parte de la familia Cisneros de los centros comerciales Galerías Preciados.

La opinión pública española reaccionó críticamente al conocerse los detalles de la operación. Los Cisneros, amigos de Felipe González, habían hecho en España un rápido y próspero negocio con la reprivatización de Rumasa, ganando muchos millones con las plusvalías de la venta de Galerías. Pero lo que desbordó todas las críticas fue que el mismo año de la fructífera venta a los ingleses, Miguel Boyer y su entonces compañera Isabel Preysler aceptaron una invitación para pasar unos días del mes de agosto a bordo del yate de la familia Cisneros para navegar por las aguas mediterráneas de las Islas Baleares.

Las fotos se distribuyeron por todas las revistas y en ellas se veía a los Boyer en gran armonía con el matrimonio Cisneros. Días después, los rumores sobre la presunta actuación de Isabel Preysler como intermediaria en la privatización de Galerías Preciados, gracias a su amistad con el empresario venezolano Gustavo Cisneros, eran vox populi en todos los cenáculos madrileños. Este extremo ha sido negado siempre por la Preysler.

Desde entonces todo el proceso de reprivatización de Rumasa estuvo contaminado por serias dudas de imparcialidad y objetividad. La opinión pública no creyó nunca a Boyer. Por eso decidieron crear la Comisión Asesora para la Reprivatización (CAR), constituida el 1 de agosto de 1983, con el fin de asesorar al ejecutivo socialista en las ofertas más rentables y convenientes para las arcas públicas.

A pesar de los denodados esfuerzos de Boyer para mantener a la CAR fuera de todo tipo de influencias gubernamentales, no lo consiguió. La legitimidad, la imparcialidad y la independencia brillaron por su ausencia. Hoy en día siguen manteniéndose grandes sospechas y controversias en el balance de las oscuras concesiones, que hicieron que muchos negociantes obtuvieran sustanciosos y millonarios beneficios gracias a la adjudicación directa generalizada. La oposición popular consideró que de los catorce miembros de esta comisión, diez estaban vinculados a la Administración socialista y que, además, alguno era ilustre militante del PSOE. La opinión pública echó en falta que no estuvieran representados los sindicatos mayoritarios UGT o CC.OO., que hubieran sido testigos de todo el proceso reprivatizador. Pero la lucha entre Boyer y los sindicatos, luego llevada hacia el gobierno González, hizo que la brecha se acrecentara y no figurara nadie de ellos, partidarios de que el holding Rumasa pasara a engordar aún más el sector público, algo que no quería Boyer a ningún precio. Por eso reprivatizó a toda prisa el holding de la abeja, creando grandes lagunas y controversias en su reprivatización y castigando duramente la credibilidad del gobierno González. En esta carrera inusitada se llegó incluso a contratar a empresas intermediarias, como el Fisrt Boston Corporation, que por su labor de broker en la venta de empresas de la Rumasa estatal se ganó la nada desdeñable cifra de 1.416 millones de pesetas, el veinte por ciento sobre los 7.985 millones recibidos por el erario público hasta septiembre de 1986.

Y aunque Boyer y González deseaban que las empresas del holding Rumasa fueran a parar en su mayoría a empresarios españoles, sin embargo muchas de ellas fueron adquiridas por grupos extranjeros. Hoy, con el paso de los años, ya nadie duda de que la reprivatización de Rumasa facilitara las especulaciones y los grandes pelotazos. Todo fortalecido por un despreocupado gabinete socialista, con Miguel Boyer a la cabeza, que no quiso asumir responsabilidades y de las que el propio Boyer se desprendió muy rápidamente quizá, más preocupado de sus amoríos con Isabel Preysler.