Crisis del alquiler en España: La huelga puede acabar subiendo más el precio

Un contrato de alquiler es un acuerdo entre dos personas por el que el propietario cede el uso de su inmueble a un inquilino. Esto se hace a cambio de un precio concreto y bajo el amparo de unas estipulaciones y marco legal. 

Para el propietario, el precio es el elemento esencial del contrato, pues es el único motivo por el que cede el uso de la vivienda a otra persona. Cuando se pacta un precio, las dos partes muestran su consentimiento. 

De esta manera, si el precio no hubiera sido el pactado, el propietario probablemente no habría decidido alquilar su propiedad. Pretender imponer la alteración del precio pactado dentro de una legalidad y seguridad jurídica, no es legal.

Es cierto que el precio de la vivienda ha subido desproporcionadamente. Al igual que también han subido otros bienes de primera necesidad como los alimentos o suministros. 

A pesar de ello, la huelga de alquileres es una medida de fuerza colectiva. Va en contra de la subida de precios de unos pisos alquilados que, en su mayoría, son de familias y pequeños propietarios.

¿Qué pasó en 2008?

En la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008 bajó tanto el precio de las propiedades como el precio de los alquileres. Eso llevó a la ruina de muchas personas. 

Personas que habían comprado un chalet de 300.000 euros con una importante hipoteca, al bajar los precios pasaron a tener una deuda mayor que el valor de aquello que habían comprado. El precio bajó a menos de la mitad. 

Un chalet comprado por 300.000 euros en un sector en el que las ventas se cerraban en cuestión de días, pasó a tener un precio de 150.000 euros. Y en un contexto inmobiliario en el que era muy difícil incluso poder venderlo a ese precio. 

La situación fue límite para muchas familias y en aquellos tiempos se arruinaron y se enfrentaron a situaciones de gran vulnerabilidad. Después incluso se rescató a los bancos, pero no a las familias desahuciadas, lo cual fue una gran injusticia.

Situación del mercado inmobiliario en España

Que los precios han subido y están disparados es una realidad incuestionable. Pero vivimos en una sociedad de libre mercado, de manera que bienes de primera necesidad tales como alimentos, suministros o viviendas fluctúan. Un propietario se arriesga a que las propiedades pierdan valor, responden de múltiples obligaciones y responsabilidades y pagan impuestos. 

El valor de referencia de los inmuebles es el valor que Hacienda otorga a cada propiedad a los efectos de transmisiones (ventas, donaciones…). En Madrid o Barcelona el precio de mercado suele ser superior al valor que Hacienda otorga a las propiedades. 

En cambio, en ciudades pequeñas ocurre todo lo contrario, cada vez hay más propiedades a las que Hacienda les otorga un valor de referencia superior a su valor de mercado.

Esto supone una gran carga de impuestos a cargo de la ciudadanía pues el incremento patrimonial tiene una gran carga tributaria. Todo esto hace que la especulación inmobiliaria suponga el pago de muchos impuestos.

¿Qué hace el Estado con esos impuestos? 

Los inquilinos pagan unos precios que en las capitales de España están por las nubes, es verdad. Pero una parte de ese dinero que pagan los inquilinos sirve para pagar impuestos. Se están criticando los alquileres turísticos sin valorar que muchos de ellos son el medio de vida de familias y que también son sometidas a gran carga fiscal.

Ahora, en una España gobernada por el PSOE el malestar social por el precio de la vivienda está aumentando. Se considera que la situación inmobiliaria perjudica a la clase trabajadora y obrera. 

Las peticiones de los colectivos de inquilinos sienten que no se han tomado las medidas suficientes desde las administraciones. Por ello, han optado por iniciar una huelga de alquileres sin precedentes en España.

Iniciativa de huelga de alquileres de 2024

La iniciativa tiene un objetivo solidario de protección a los más vulnerables. Es cierto que muchas personas tienen sueldos precarios y gran parte de su dinero se va al pago de los alquileres. Esto supone tener que sacrificar otras necesidades básicas de las familias. 

La situación no es fácil, el problema es indiscutible que existe, pero la huelga de alquiler podría tener un efecto contraproducente. Lo que pretende este movimiento es que bajen los alquileres y lo que puede pasar es que acaben subiendo aún más. 

Se puede generar reticencia en los propietarios a alquilar sus viviendas ante el clima social de tensión. A esto se le podría sumar el miedo de que intervengan los precios.

Las propiedades también han subido. Los propietarios hipotecados han visto cómo sus hipotecas variables también han subido y una bajada de alquiler podría llevarles a una situación ruinosa.

Caminar hacia un impago masivo de las rentas puede ser la antesala de un desahucio sistemático y de una caída de las propiedades en alquiler.  Y es que se está pidiendo una bajada del 50% del precio del alquiler. 

"La llamada a la huelga representa ahora mismo la única solución posible al problema de la vivienda en nuestro país. La alternativa institucional ha fracasado, los políticos no tienen ninguna voluntad de resolver el conflicto. La huelga es una señal de protesta contra unos caseros y especuladores que se lucran todos los meses de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo", sostienen los movilizados.

Para empezar debemos aclarar que la huelga de alquileres no tiene sustento legal en nuestro ordenamiento jurídico actualmente. 

La solución sería hacer un frente común del sector inmobiliario, tanto propietarios como inquilinos. Todos se deberían manifestar contra de la ocupación ilegal y la inquiocupación, la tributación excesiva y la insuficiencia de vivienda pública y ayudas al alquiler. 

El problema real es que ha subido todo de manera desproporcionada. La subida de los sueldos sigue siendo mucho menor y ello acaba suponiendo una reducción exponencial de la calidad de vida y poder adquisitivo. Así, las familias cada vez tienen más difícil poder cubrir sus necesidades básicas.