Control de Pedro Sánchez sobre las empresas privadas españolas: Telefónica a Endesa

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez aterrizó en La Moncloa en verano de 2018 "ligero de equipaje" en materia empresarial, ya que debía poco o nada a los principales empresarios españoles, que en su mayoría habían maniobrado en favor de Susana Díaz en la cruenta guerra que había vivido el PSOE el año anterior. 

El secretario general del PSOE tenía enfrentamientos abiertos con César Alierta o Juan Luis Cebrián y, según señalan fuentes gubernamentales, "su único interés en la economía era colocar a sus amigos en empresas públicas, véase Juanma Serrano al frente de Correos, y hacerse con el control del Grupo Prisa". 

Las mismas fuentes explican que clave en el asalto del editor de la Cadena SER y El País por parte de su amigo Joseph Oughourlian fue Isidre Fainé (Fundación Caixa) que movió sus fichas para que su pupilo José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, maniobrase contra la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que controlaba el multimedia. 

Posteriormente, Telefónica vendió el paquete accionarial que tenía en Prisa a amigos de Sánchez, liderados por Andrés Varela Entrecanales, que desembolsaron más de 50 millones de euros obtenidos gracias al crédito de La Caixa. 

Sánchez en el Ibex35

La morfología del Ibex35 facilita que el huésped de La Moncloa de turno tenga control sobre las principales compañías. Y es que el parqué español está 'bancarizado', seis de las 35 empresas son bancos, que es un sector regulado por el BOE, y apenas existen compañías tecnológicas (que compiten en mercados alejados, para bien y para mal, del control político). 

Sánchez, en un principio, se abstuvo de intervenir en la economía tal y como lo hicieron Felipe González o José María Aznar, que se dedicaron a quitar y colocar presidentes de grandes empresas, muchas de ellas privatizadas por ellos mismos. 

Pero con el paso del tiempo afianzó su relación con Fainé, que hoy preside CriteriaCaixa, dueña del 32,24 por ciento de Caixabank, el 26,7 por ciento de la energética Naturgy, el 2,49 de Telefónica (más el 3,5 por ciento que tiene Caixabank), el 4,36 de la operadora de antenas de telecomunicaciones Cellnex, el 99,5 de aparcamientos Saba, el 15 por ciento de Aguas de Barcelona y el 9,1 del grupo financiero mexicano Inbursa. 

Fainé acaba de colocar como número dos de la fundación al socialista Ángel Simón, que presidió la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona gracias a su amigo Pasqual Maragall.

Telefónica y Endesa

Sánchez necesita aprobar la amnistía a los líderes del procés para garantizarse que Junts per Catalunya le apruebe unos presupuestos que, según fuentes gubernamentales, incluirán un aumento de partida para la SEPI, que necesita de nuevas cuentas para obtener del Gobierno los 2.000 millones de euros necesarios para desembarcar en Telefónica. 

Según estas mismas fuentes, La Moncloa controlará la teleco, como hace en Endesa tras evitar la caída de Pepe Bogas, que el pasado año iba a ser destituido como presidente ejecutivo de la eléctrica por decisión del nuevo CEO de Enel, Flavio Cattaneo, que contrató a un cazatalentos con el ánimo de relevar al presidente de Endesa. Pero, según afirman estas fuentes, una llamada del Gobierno español evitó el movimiento. 

Más conocido es el control gubernamental de Indra a través de Marc Murtra, que fue gerente de los servicios sociales en el Ayuntamiento de Barcelona y jefe de Gabinete del socialista Joan Clos cuando este saltó al Ministerio de Industria (2006-2008). En el accionariado de Indra irrumpió el pasado año con fuerza el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian. 

Idéntico control existe sobre Enagás, presidida por Antoni Llardén, militante del PSC y subsecretario de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente cuando el socialista Josep Borrell era ministro de Felipe González. En el Consejo de Administración de la gasista se sientan el expresident catalán José Montilla, que se embolsa un sueldo de 160.000 euros, y la exdiputada del PSC Maite Costa, que abandonó Redeia después de cuatro años como consejera. 

Al frente de Redeia (antigua Red Eléctrica Española) está la exministra socialista Beatriz Corredor, que sustituyó en el cargo a otro militante del PSOE, Jordi Sevilla, hoy alejado de la línea política de La Moncloa. 

Las públicas

Maurici Lucena, que fue parlamentario y portavoz del PSC en el Parlament de Catalunya (y asesor económico de Pedro Sánchez en la campaña de las generales de 2015), ostenta por su parte la presidencia de AENA. 

Otro hombre del PSC en Madrid es Raül Blanco, secretario general de Industria y PYME entre julio de 2018 y diciembre de 2022, y presidente de Renfe desde el pasado año. Blanco fue director de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, gerente de Estrategia Industrial en la Dirección General de Industria de la Generalitat de Catalunya y jefe del Servicio de Estudios y Publicaciones del CIDEM, Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya, siempre bajo gobiernos del PSC. 

Otras personas afines a Sánchez también controlan compañías públicas. Es el caso del exdiputado socialista Pedro Saura (presidente de Correos), la exministra Raquel Sánchez (presidenta de Paradores Nacionales), Ricardo Domínguez (presidente de Navantia), Elena Sánchez (presidenta de RTVE) y el ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, nuevo presidente de la Agencia EFE.