Caso 'La Parresía': Otro nuevo proceso judicial para Eustasio López, dueño de Lopesan

Un nuevo proceso judicial señala al presidente del Grupo Lopesan, Eustasio López. Esta vez se trata del denominado caso "La Parresía", en el que la empresa Inversiones Patrimoniales Unidas SL, cuyo administrador mercantil es el reconocido empresario grancanario Javier Vidal Domínguez, ha llegado al Tribunal Supremo tras emprender una batalla judicial que dura más de doce años contra el hotelero Eustasio López. Elcierredigital.com se ha puesto en contacto con el equipo del empresario canario sin recibir hasta este momento contestación por su parte.

Este procedimiento judicial comienza tras la adquisición, en 2006, por parte de la mercantil denunciante, de unos locales comerciales a López, "una compraventa que podría resultar un acto nulo de pleno derecho a causa de presuntas irregularidades en el proceso, que también podrían derivar hacia algunas actuaciones en el Centro Comercial Ronda, en San Bartolomé de Tirajana", avanza en exclusiva este empresario afectado ante elcierredigital.com.

Vidal Domínguez relata a nuestro diario "la incansable lucha de un ciudadano por lograr una justicia equitativa y efectiva tras comprar a la mercantil Promociones Taidia SA –entidad de la que Eustasio López era propietario en 2006– unos locales comerciales pertenecientes al centro comercial Ronda, como consta en el Registro, designados por el propio propietario y su arquitecto técnico ante la administración municipal como almacén y terraza comunitaria".

Sim embargo, posteriormente, prosigue el empresario, estas parcelas fueron 'calificadas' para su venta "de forma inexplicable" como de uso comercial, de forma que la transacción se realizó bajo el epígrafe de "comercial" y no de "almacén" o "terraza común", causando un grave perjuicio a la empresa compradora, Inversiones Patrimoniales Unidas SL, que "desconocía el verdadero uso como almacén de la parcela y la terraza comunitaria en el momento de la adquisición", explica este administrador mercantil.

Es decir, este matiz de uso para las parcelas adquiridas, manifiesta el empresario ante el Tribunal Supremo, "sería la clave de todo el procedimiento" .

Por ello, durante todo el proceso Inversiones Patrimoniales Unidas SL ha id depositando ante la administración de Justicia una larga lista de documentos, recabados del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y del Gobierno de Canarias entre otras instituciones, con el exclusivo objetivo de probar las presuntas irregularidades de la citada compraventa.

Elcierredigital.com ha accedido en exclusiva a estos documentos públicos así como a todos los procedimientos judiciales de este caso bajo una investigación periodística.

'Es David contra Goliat', denuncia el empresario afectado

Durante estos últimos doce años el empresario Javier Vidal ha trabajado para recopilar toda la información pública relativa a este asunto y ha interpuesto diferentes demandas judiciales ante los juzgados de Gran Canaria contra la empresa implicada de López, Promociones Taidia S.A –cuyo propietario también era su hermano Francisco López–. Finalmente, el caso "La Parresía" está siendo estudiado en el Tribunal Supremo.

Fuertes cercanas al equipo de Vidal nombran el caso como "La Parresía" en honor a "la indagación por la verdad y el consiguiente deber de expresarla aún a riesgo de la propia vida". Por su parte, Vidal califica este largo periplo judicial como "la epopeya de David contra Goliat" y pone de manifiesto "una ausencia de tutela judicial efectiva, sufrida hasta la fecha, cuando representa el pilar fundamental para garantizar una justicia equitativa", apela el demandante.

Y sospecha Vidal Domínguez que, "en base a lo descubierto hasta ahora y con la documentación aportada en los tribunales, se podría llegar hasta una presunta trama intelectual. Por ello, existe el compromiso de destapar cualquier presunta irregularidad y poner en conocimiento de las autoridades supuestas tramas aportando suficientes pruebas".

En este sentido, el empresario matiza ante elcierredigital.com que, respecto a su caso concreto, "tras revisar los autos judiciales expuestos y consultar con profesionales del ámbito jurídico, resulta desconcertante la falta de valoración de pruebas presentadas hasta la fecha, y la ausencia de pronunciamiento al respecto. Por ello, este proceso se encuentra en el Tribunal Supremo, en la última instancia, en busca de esa tutela judicial que todos ansiamos".

El origen del caso 'La Parresía'

La empresa Promociones Taidia SA, de la que eran propietarios Eustasio López y su hermano Francisco, vendió dos fincas en el año 2006. Se trataba del "Local Comercial B19D", de 670 metros cuadrados, destinado a multicines bajo la rasante del Centro Comercial Ronda, y de la "Finca B19C Terraza Comercial", de 73,29 metros cuadrados. Ambas parcelas pertenecían a este centro comercial de San Bartolomé de Tirajana y fueron vendidas por la empresa de Eustasio López a la mercantil compradora, Inversiones Patrimoniales Unidas S.L.

Es importante destacar, señala Vidal en calidad de  administrador mercantil, que "el promotor, Eustasio López, asignó ante notario estas fincas mediante una declaración de obra nueva y construcción el 18 de enero de 2000". Pero además, indica que "esta declaración fue reconocida por el arquitecto Rafael González Jaraba, quien certificó que era fiel al proyecto técnico aprobado que dio origen a la licencia de obra mayor, y que fue concedida en marzo de 1997 por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana".

Documento remitido al Ayuntamiento de SBT por el arquitecto Rafael González Jaraba reconociendo que la parcela es almacén.

Sin embargo, según figura en las denuncias, "estos hechos no son ciertos, tal como consta en el documento presentado por el arquitecto Jaraba el 29 de julio de 1998, donde se reconoce como almacén para la obtención de las respectivas licencias".

Posteriormente, en 2003, tal como consta en los documentos probatorios  —a los que ha accedido elcierredigital.com—, explica el empresario que "realizaron una declaración de finalización de obras, cambiando la categoría de comercial a la terraza B19C y registrándola como terraza comunitaria, mientras que el local B19D se registró con destino a multicines". Es decir, "alegaron otra vez, que esto era fiel al reflejo de la licencia de obras de 1997, y así se vendieron ambas fincas".

En 2006, con la declaración de obra nueva, pues "omitieron que se había realizado una declaración de finalización de obras, venden las dos fincas anteriormente descritas", relata el denunciante.

No obstante, en 2012, al conocer que la directiva Bolkestein derogaba ciertos condicionamientos comerciales, "los propietarios de estas mismas parcelas, intentaron llevar a cabo un proyecto gastronómico llamado GATSCAN. Pero, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana denegó la licencia de obras argumentando que "el espacio era un almacén, y no era de aplicación la directiva Bolkestein". Por tanto, esta mercantil no podría llevar a cabo ninguna actividad comercial en las parcelas adquiridas a Eustasio López, pues la edificabilidad comercial de esa parcela estaba agotada, tal como recoge la certificación del secretario de la administración municipal en uno de sus escritos, que figura como prueba", explican ante elcierredigital.com.

Ante la negativa del consistorio, Inversiones Patrimoniales Unidas SL comenzó a solicitar documentación a las diversas administraciones responsables de garantizar la legalidad jurídica, cuestión que persiste hasta la actualidad, ya que algunas administraciones se resisten a certificar la integridad de los documentos solicitados, y además, continúan surgiendo nuevos documentos, destapando así, revelan, "una presunta trama intelectual que acabaron denunciando en los juzgados hasta llegar hasta el Tribunal Supremo".

Según el denunciante, "se han utilizado, presuntamente, diversas artimañas administrativas para dar una realidad jurídica documental a un espacio que, según consta en todos los documentos oficiales ante la administración municipal, tiene uso de almacén y de terraza comunitaria. Y aun así, lo inscribieron como local comercial y terraza comercial, y lo vendieron como uso comercial".

Por tanto, apostilla, "se han presentado los documentos probatorios en sede judicial".