Comisiones del PSOE durante la Covid, ignoradas por la Fiscalía.

Año 2020. En plena crisis sanitaria la falta de recursos hizo que la población española adquiriera bienes de primera necesidad como geles hidroalcohólicos, mascarillas, batas y guantes a un precio muy superior a lo habitual. Elcierredigital.com destapó en exclusiva las irregularidades que el Gobierno español habría cometido al comprar todos estos materiales a China, país en el que la mercancía era considerablemente más cara que en España.

La denuncia de Elcierredigital.com fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por un particular trasladada en mayo de 2020 al Tribunal Supremo debido a que los denunciados eran “el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios", según expresó la teniente fiscal Anticorrupción María Belén Suárez. Sin embargo, sorprende que dos años después el procedimiento siga igual que entonces, sin avances judiciales. 

Este trabajo de investigación de elcierredigital.com ha sido reconocido por periodistas de larga trayectoria profesional como Isabel San Sebastián, que ha ratificado en este vídeo la valentía y ardua labor de nuestro medio. (Minuto 4).

La última noticia sobre la causa tuvo lugar el 18 de junio de 2020, cuando en un decreto de la Fiscalía del Tribunal Supremo se paralizó “cualquier iniciativa de investigación que pudiera adoptarse, así como la incorporación de las presentes diligencias de Investigación a la causa”, según indicaba un auto judicial al que ha tenido acceso Elcierredigital.com, debido a la apertura de “algunas causas especiales contra los mismos denunciados  (Presidente y Ministro de Sanidad) por algunos de los tipos penales que enumera el denunciante y con un relato fáctico similar al que dio pie para la apertura de estas Diligencias”. Aunque Fernando Simón y el director del Ingesa no estaban incluidos en estas causas, como bien expresaba el auto judicial, tampoco se continuó con su investigación.

El caso de Isabel Díaz Ayuso

Sin embargo, pese a la inactividad del caso denunciado por este medio, sorprende la repercusión mediática que está teniendo el caso de Isabel Díaz Ayuso, sobre la presunta comisión que el hermano de la presidenta, Tomás, se habría llevado por un contrato de 1,5 millones que la Comunidad de Madrid dio a la empresa Priviet Sportive para la compra de mascarillas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado en un comunicado al que ha tenido acceso Elcierredigital.com que su hermano mandó a dicha empresa cuatro facturas en el año 2020por “gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5€ cuando los precios de ese momento llegaban a 10,5€”. A continuación, la presidenta marcaba un listado de empresas con precios superiores para concluir que  “la factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación” y añade que la factura asciende a 55.850€ más IVA.

Pese a la defensa que ha hecho la propia presidenta, ya han sido enviadas tres denuncias a la Fiscalía Anticorrupción por el caso denunciado por su propio partido (que ha cerrado el expediente). Las denuncias, presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid ya han sido recibidas por la Fiscalía, que estudiará su trascendencia penal para decidir si incoa diligencias de investigación.

Mientras tanto, el próximo lunes tendrá lugar la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. A lo largo de esta semana Fiscalía Anticorrupción debería anunciar su decisión de investigar o no a Ayuso.

El denunciante del caso destapado por Elcierredigital.com, que involucra al PSOE y la gestión de la pandemia, afirma que no cree “que sea nada probable que lo investigue la Fiscalía Anticorrupción, porque estaría prevaricando” al decidir investigarlo en vez de enviarlo al Tribunal Supremo. Además, pide “igualdad de trato” y que ambas causas se solventen, sin dejar en el olvido las irregularidades presuntamente cometidas por el Gobierno durante la pandemia, que habrían supuesto una malversación de aproximadamente 107 millones de euros.

Bienes de primera necesidad a precios abusivos

Guantes, geles, mascarillas y gel hidroalcohólico. Estos fueron los bienes de primera necesidad que el Gobierno decidió comprar a China en vez de a empresas españolas que ofrecían una opción mucho más barata. El 29 de abril de 2020 comenzaron las denuncias de Elcierredigital.com a esta situación, que comenzaba con la adquisición de batas que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), órgano dependiente del ministerio de Sanidad de Salvador Illa, comenzó comprando a empresas españolas a 0,3267 euros la pieza y acabó pagando a una empresa china a 18,50 dólares USA (16,84 euros).

El 30 de abril se denunció el caso de los guantes y los geles. La diferencia de comprarlos a empresas españolas y chinas supuso un total de 6millones de euros que se desvanecieron en plusvalías, comisiones e intermediaciones. 

Las soluciones desinfectantes se adquirieron a una empresa española y a una china. La española vendió el litro de gel a 3,058 euros y la china a 10,83 euros por litro, lo que suponía un 354% más cara que en España.

Con los guantes de nitrilo el ministerio de Sanidad decidió repartir la oferta entre tres empresas españolas y una china. El mayor contrato se lo llevó la empresa china Hong Jin Medical Science and Tecnology Service, que los vendió a un precio de 0,08712 euros por unidad.  Más de un 200% más caro que en las empresas españolas.

A esto se le suma la investigación que Elcierredigital.com hizo el 7 de mayo sobre la compra de mascarillas quirúrgicas, cuya mayoría fueron encargadas fuera de España. La diferencia entre comprarlas a una empresa china, donde compraron 100 millones de unidades, y a una española supuso 47 millones de euros pagados de más por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, más otros 9 millones en el caso de una empresa de Chipre donde adquirieron 13 millones de unidades.

Haciendo las mínimas cuentas básicas, la diferencia entre las mascarillas españolas y las compradas en Chipre sería del 2.942 por ciento, produciéndose un sobrecoste cercano a los nueve millones de euros. Esto se sumaba a los 45 millones de euros gastados de diferencia en la adquisición de batas desechables.

Los 14 acuerdos incompletos

Elcierredigital.com detectó el 3 de mayo en las adjudicaciones reflejadas en el BOE, al menos catorce contratos de adjudicaciones de material por parte del Ministerio de Sanidad, que lidera el catalán Salvador Illa, donde no se especifica dirección alguna de las empresas adjudicatarias. En los anuncios oficiales que aparecen en esta publicación del Estado se puede leer: "Adjudicatario: Dirección desconocida".

Así, por ejemplo, se detalla la adjudicación un contrato por valor de 4,3 millones de euros para el suministro de un millón de hisopos de detección del coronavirus. El Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad, adjudicó este contrato a la empresa MJ Steps, cuyo objeto social es "el comercio al por mayor de toda clase de productos textiles, de confección, calzado y artículos de cuero". Sin embargo, su dirección es desconocida, según constaba en el BOE.

Pero no es el único contrato entre la Administración y MJ Steps, también se licitó otro para el suministro de 10 dispositivos de ventilación mecánicapor valor de 380.000 euros. El problema de estos contratos públicos es que no se especifica la dirección de la empresa adjudicataria, algo inusual en este tipo de licitaciones y adjudicaciones públicas, selladas en el BOE.

Para los expertos y juristas consultados por Elcierredigital.com, "no publicar la dirección de la empresa va contra las normas de transparencia, aunque como también el Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado durante el Estado de Alerta el portal de transparencia informativa oficial, tampoco se puede comprobar nada. Quizá con ello se pueda esconder el nombre del intermediario, que puede que sea quién de verdad se lleva el millonario contrato público de Sanidad y luego subcontrata con esas empresas no nacionales que no saben ni su dirección", afirmaban.

Esta información destapada por Elcierredigital.com amplió la denuncia ya efectuada ante Anticorrupción. Posteriormente, el Partido Popular solicitó que se analizaran “por el Tribunal de Cuentas de manera pormenorizada todas y cada una de las compras de material sanitario realizadas por el Gobierno, ya que esas compras son fundamentales para la gestión de esta pandemia", dijo la diputada del PP, Cuca Gamarra, en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Tras esto, la investigación fue trasladada al Tribunal Supremo que, como se ha comentado anteriormente, paralizó la investigación en junio del mismo año.