Cinco años sin el pequeño Julen: La lacra de pozos ilegales, un problema sin solución

Este 13 de enero de 2024 se cumplen cinco años de la muerte del pequeño Julen Roselló tras caerse a un pozo de una finca de Totalán en Málaga. Pasaron dos semanas hasta que pudieron rescatar el cuerpo de Julen, que desgraciadamente ya había fallecido. El dueño de la finca era  David Serrano, cuya mujer era prima del padre de Julen. En junio de 2023 Netflix estrenó la docuserie ‘13 días’, que recreaba  la angustia que provocó el rescate de un niño de dos años, Julen Roselló, tras caer a un pozo ilegal de la localidad malagueña de Totalán. 

Alrededor de las 14.00 horas del domingo 13 de enero de 2019 el pequeño Julen, que estaba jugando, quedó atrapado en un pozo de alrededor de 100 metros de profundidad y un diámetro de apenas 20 centímetros tras precipitarse dentro del orificio, que se encontraba en una finca privada a la que acudió a pasar el día junto a su familia. Desde entonces comenzaron unas complicadas tareas de rescate.

Tras manejar tres vías diferentes para el rescate fue necesario realizar una perforación de un conducto de mayor diámetro paralelo al pozo. La operación requirió el uso de numerosas máquinas pesadas y la intervención de más de 300 personas. Actualmente  se desconoce si se cerró ese pozo, pero las autoridades aseguraron que se haría tras el hallazgo del niño de 2 años.

La pena impuesta al único imputado

El único imputado en el caso Julen fue  David Serrano, el dueño de la finca. En enero de 2020 Serrano llegó a un acuerdo con la acusación particular ejercida por los padres del pequeño fallecido en el pozo de la finca de Totalán para evitar el proceso judicial. Con este acuerdo el dueño de la finca se declaró culpable de un delito de homicidio imprudente, aceptando la condena de un año de cárcel y acordando el pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil.

Este pacto evitó que Serrano pudiera entrar en prisión al no tener antecedentes penales. En el acuerdo Serrano se comprometió a pagar 180.000 euros de indemnización a la familia y abonó inicialmente 25.000 euros. Tras este pago inicial se comprometió a realizar pagos mensuales 50 euros. Además, debía pagar las costas por valor de más  600.000 euros a la Junta de Andalucía, por las costas del rescate. Además,  la Junta de Andalucía le multó con 300.001 euros. Todo esto significaba un total de 1.080.000 euros.

Sin embargo, en junio de 2022 el Juzgado de lo Penal nº9 de Málaga declaró insolvente a David Serrano. Esto significó el  archivo provisional de la ejecutoria de la sentencia condenatoria y por ende Serrano podía dejar de pagar. Hasta el momento Serrano mantiene esa condición de insolvente y sigue sin pagar las cantidades acordadas en el acuerdo. Además, después de que le embargaran la propiedad de Totalán, Serrano se quedó sin propiedades con las que poder hacer frente los pagos. El caso de Julen reavivó la problemática de los pozos ilegales en España.

La problemática de los pozos ilegales en España

Tras el accidente que le costó la vida al pequeño Julen las denuncias ciudadanas aumentaron y se comunicó la realización de inspecciones por parte de los Ayuntamientos y del Gobierno, con la intención de detectar pozos ilegales y en malas condiciones. 

Además, se realizó un  peinado de pozos con el fin de hallar pozos ilegales o abandonados que significasen una amenaza para los transeúntes. Sin embargo, muchas zonas privadas no fueron peinadas y todavía siguen habiendo accidentes que ponen en gran riesgo la vida de los ciudadanos. 

Según datos oficiales, actualmente hay en  España más de un millón de pozos ilegales repartidos por todo el país, que suelen responder a prospecciones realizadas por particulares para encontrar agua. Se trata de agujeros similares al que cayó Julen en Totalán, y podrían resultar igual de peligrosos para los paseantes. De hecho, en nuestro país se perforan cada mes, sin licencia, entre veinte y treinta pozos como el de Totalán.

Se aseguró que este plan de inspecciones  iba a ponerse en marcha de manera firme e iba a tratar de acabar con la existencia de pozos ilegales. Sin embargo, fuentes cercanas señalan ante elcierredigital.com que “que los remedios que aseguraron hacerse en 2019, no fueron muy eficaces y no se peinaron bien las zonas para evitar tragedias relacionadas con los pozos abandonados”.

Santiago Martín Barajas, portavoz del área de Agua de Ecologistas en Acción, denunciaba que después del caso de Julen el Gobierno no se tomaron medidas para acabar con el problema de los pozos ilegales en España. “No ha habido nada nuevo. Algunos ayuntamientos han eliminado algunos de estos pozos tapándolos con tierra, pero nada más”, aseguraba.

Los investigadores han detectado principalmente  perforaciones de pozos y sondeos que carecen de autorizaciones o balsas ilegales de acumulación de agua. La mayoría de instalaciones carecen de medidas de seguridad lo que representa un  peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.

Son muchos los pozos identificados en lugares públicos, pero también son muchos los pozos abandonados o en mal estado que residen en  zonas privadas de los que no se tiene constancia de su existencia, por lo que resulta “ineficaz el plan puesto en marcha tras la tragedia de Totalán, ya que siguen ocurriendo accidentes en los que los ciudadanos se ven involucrados al no existir un verdadero protocolo ni ningún tipo de cerco para evitar el acceso a estos pozos abandonados”, informan fuentes cercanas a elcierredigital.com.