Cinco años del accidente de Angrois: los interrogantes sin resolver

Cinco años después siguen muchas cuestiones e incógnitas que incumben al accidente de Angrois. En 2016 el informe de 16 folios expuesto por un experto ferroviario llamado Christopher Carr, deshizo el relato construido por el Gobierno de Mariano Rajoy donde se afirmaba que el conductor Francisco José Garzón Amo, circulaba a más de lo permitido. Finalmente, la culpa, no fue del conductor sino del trayecto de la curva de Angrois, que era muy cerrada y no daba tiempo a maniobrar correctamente.

Tras el quinto aniversario del siniestro y varios cargos y técnicos imputados, la Unión Europea ha obligado a España a poner el ojo de nuevo en las investigaciones sobre accidentes ferroviarios y en el sistema de análisis de riesgos de la red de trenes española. En aquel entonces, el informe redactado fue visto bueno por la ministra Ana Pastor, pero a su vez, el portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 dijo que la ministra defendió la Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sin conocerlos de nada.

Comisión de investigación

Esta comisión estaba integrada por directores de Seguridad en la Circulación de Renfe  y  ADIF, además de contar con el apoyo de la consultora Ineco y, a su vez, ser accionistas de estas dos empresas públicas. Precisamente, estas tres empresas tienen imputados por el accidente de Angrois, debido a que no evaluaron correctamente el riesgo que producía esa curva.

En noviembre de 2015 la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que estaba desesperada por las trabas que se topaban en España, fue aconsejada por el Consejo del siniestro del Metro de Valencia en 2006 y la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, para plantarse en Bruselas y poder presentar sus denuncias ante la Comisión de Peticiones. Esto, en palabras de la diputada gallega, ‘’marcó un antes y un después. Los responsables comunitarios se quedaron sorprendidos por la preparación técnica de las víctimas’’.

A la vuelta del viaje de Bruselas, la Agencia Ferroviaria Europea se comprometió a redactar un informe sobre la tragedia de Angrois, el cual firmo Carr en Valenciennes en enero de 2016. Sin embargo, dicho informe tuvo que esperar 6 meses para poder salir a la luz, justo después de que el Gobierno de Mariano Rajoy superar las elecciones en junio de ese mismo año. La misma eurodiputada del BNG confirmó que se había tardado seis meses en publicarse porque legalmente el gobierno no podía hacerlo público debido a que se había abierto un procedimiento de sanción contra España por la falta de independencia de la CIAF, así como presiones al más alto nivel por parte del Estado.

Una decisión judicial sorprendente

La Audiencia de A Coruña revocó la decisión tomada por el segundo instructor, Andrés Lago Louro, de abrir juicio oral por el accidente únicamente al maquinista, Francisco José Garzón. Decisión que sorprendió porque este tribunal gallego siempre había rechazado las imputaciones a cargos públicos promovidas por el primer juez de la causa, Luis Aláez. El tribunal concluyó que Lago Louro tampoco había profundizado en cuestiones peliagudas para el Gobierno.

La Agencia Ferroviaria Europea, en una segunda intervención también propiciada por las víctimas, ha sido esencial para aclarar el cúmulo de enrevesadas decisiones tomadas por las empresas Adif y Renfe entre 2011, cuando entró en servicio la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, y la noche en que Garzón se desorientó y olvidó frenar de 200 a 80 kilómetros por hora. Un nuevo informe llegado a manos del juez en junio pasado dictamina que las dos empresas tendrían que haber realizado en ese punto varios análisis de riesgo obligados por la normativa.

Las víctimas recuerdan que están a punto de salir los resultados de una auditoría realizada en los últimos meses por la Agencia Ferroviaria Europea a Adif y Renfe sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad. Esta vez ha sido a petición de la propia Comisión Europea.

El informe que desapareció

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 acudió de nuevo a la Agencia Ferroviaria Europea debido a la ausencia de acuerdo sobre si la legislación obligaba o no a realizar esos estudios. Los dos peritos designados por la Administración lo negaron, mientras que el único experto independiente, que fue elegido por sorteo, afirmaba que sí.

Las víctimas realizaron la consulta al organismo comunitario y la hicieron pública. Más tarde llegó a Valenciennes la petición del juez para que la Agencia Ferroviaria Europea solucionara el conflicto entre peritajes. De forma casi milagrosa fue incorporado este informe, que puede imputar a un mayor número de personas de la Administración, gracias nuevamente a la intervención de las víctimas y de la eurodiputada del BNG.

Inexplicablemente, el documento, enviado desde Francia a España en enero de 2017, se perdió en algún punto del camino. El 19 de junio pasado, transcurrido año y medio y cuando faltaba un día para acabarse el plazo, la agencia europea optó por remitirlo directamente al juzgado de Santiago donde se investiga el accidente.