Europa Press La censura llega al Congreso: Limita la libertad informativa a periodistas acreditados
El Congreso endurece el control sobre la prensa ante abusos, pero crecen las dudas sobre la libertad de información
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves una reforma de su reglamento que permitirá sancionar a periodistas acreditados por comportamientos considerados inapropiados. Todo con el objetivo declarado de frenar a determinados “agitadores ultras” que en los últimos meses han protagonizado incidentes en el hemiciclo y sus alrededores.
La medida, sin embargo, ha encendido las alarmas de parte de la profesión periodística. Algunos temen que bajo el pretexto de garantizar el respeto institucional se abra la puerta a mecanismos de censura o control político de la prensa.
La reforma ha salido adelante con el respaldo del PSOE, Sumar y sus socios parlamentarios habituales. Mientras que PP, Vox y UPN han votado en contra al considerar que la modificación puede utilizarse para filtrar informadores incómodos.
En total, 177 votos a favor, 160 en contra y 12 abstenciones. La nueva redacción del artículo 98 y la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria son los dos ejes de la medida. La pregunta es si también limitará la libertad de información.
Una reforma con sombras
El detonante de la reforma fueron los altercados protagonizados por personas vinculadas a medios conservadores como Vito Quiles o Bertrand Ndongo. Ambos acumularon denuncias por hostigamiento a periodistas y políticos, interrupciones en ruedas de prensa y otras conductas más propias del activismo que del trabajo informativo.
La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) solicitó públicamente que se actuara. Todo ante lo que consideraron una “escalada de agresividad verbal y física sin precedentes en la historia del Congreso”.
La respuesta legislativa ha sido amplia. A partir de ahora, los profesionales acreditados deberán cumplir un nuevo código de conducta. Este sanciona, entre otras cosas, “las grabaciones no autorizadas y el acoso a comparecientes". Tambien "los insultos o la obstaculización del normal desarrollo de la actividad parlamentaria”.
Las faltas se dividirán en leves, graves y muy graves, y podrán suponer desde una simple advertencia hasta la retirada definitiva del pase de prensa.
Será la Mesa del Congreso quien decida en última instancia sobre la imposición de sanciones. Pero lo hará tras escuchar al recién creado Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. Se trata de un órgano mixto compuesto por miembros del Congreso y representantes de los propios periodistas.
Hasta aquí, el consenso podría parecer razonable. Sin embargo, el nuevo reglamento no ha disipado las dudas sobre la posible instrumentalización del control institucional sobre los medios. ¿Quién decidirá, en última instancia, qué constituye una “interrupción inadecuada” o una “pregunta fuera de tono”? ¿Se trata de frenar agresiones o de filtrar el tipo de cobertura informativa que resulta políticamente incómoda?
PP y Vox denuncian “censura encubierta”
Tanto el Partido Popular como Vox han denunciado que el nuevo reglamento otorga un poder excesivo a la mayoría parlamentaria para decidir quién puede o no cubrir la actualidad del Congreso. Desde el PP, Borja Sémper ha calificado la reforma como “un atropello a la libertad de prensa”. Ha advertido que “por el camino de los buenos modales se puede llegar al silencio informativo”.
Vox, por su parte, ha acusado al Gobierno de querer “crear un cordón sanitario informativo” con el que “imponer su relato mediático” y excluir críticos. La formación de Abascal ha anunciado que estudia recurrir la reforma por vía judicial al entender que vulnera derechos fundamentales.
Los partidos que han impulsado la modificación del reglamento niegan estas acusaciones. La vicepresidenta tercera del Congreso, Esther Gil (Sumar), defendió que “no se está hablando de ideología, sino de comportamiento”. Y que “no es lo mismo ejercer el derecho a preguntar que utilizar un pase de prensa para reventar actos institucionales”.
La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, también insistió en que “la libertad de prensa está garantizada”. Y que lo que se persigue es “una convivencia respetuosa”.
La delgada línea entre orden y control
Lo cierto es que la reforma llega en un momento de creciente tensión entre el poder político y los medios. Mientras la polarización del debate público ha desdibujado los límites entre información, opinión y propaganda, desde distintos sectores se advierte que legislar sobre el comportamiento de la prensa exige un equilibrio extremadamente delicado.
Los defensores de la medida sostienen que se trata de un marco normativo transparente, con mecanismos de garantía y posibilidad de recurso. Y que en ningún caso se sancionará por razones editoriales.
Pero la redacción del nuevo reglamento deja cierto margen a la interpretación. Expresiones como “conductas inapropiadas” o “actitudes hostiles” pueden ser leídas de formas muy distintas según quién ostente el poder institucional en cada momento.
Para algunas voces tampoco despeja dudas el hecho, cada vez más habitual, de que muchos periodistas parlamentarios terminen fichando como jefes de prensa de los mismos partidos a los que cubren.
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