El Cierre Digital Caso PCR Canarias: El Gobierno de Torres firmó contratos de mascarillas no aptas
El SCS desechó el material tras aprobar su licitación a Soluciones de Gestión y OSSAFORMA.
Las dos empresas contratadas por el Gobierno de Canarias durante la pandemia para la adquisición de mascarillas –Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y OSSAFORMA SL– "obtuvieron adjudicaciones públicas para entregar mascarillas FFP2 y FPP3 que, tras ser analizadas, resultaron no aptas para el personal sanitario de los hospitales. Por este motivo, el material tuvo que ser desechado por el SCS tras haber aprobado su licitación". Así consta en una resolución emitida por la ex directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (DGRE-SCS), Ana María Pérez.
A este respecto, cabe recordar que Ana María Pérez se encuentra imputada por prevaricación y tráfico de influencias en el caso ‘PCR Canarias’, que investiga la Fiscalía Europea sobre la adjudicación de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United SL por unas mascarillas 3M que nunca fueron entregadas.
Volviendo a estas "contrataciones millonarias aprobadas en 2020 que acabaron en un fiasco", manifiestan al elcierredigital.com fuentes gubernamentales del ejecutivo regional del presidente socialista, Ángel Víctor Torres, que hasta la fecha "Torres no se habría pronunciado públicamente".
Tal como se desprende de este documento del SCS -al que ha tenido acceso en exclusiva elcierredigital.com- y según indican a este diario estas fuentes gubernamentales, "las licitaciones adjudicadas a estas dos empresas siguieron cauces completamente distintos en sus expedientes, con resultados diferentes, a pesar de que ambas mercantiles distribuían mascarillas FFP2 y FFP3 que no cumplían los requisitos necesarios de protección para los trabajadores sanitarios".
Según la resolución de Pérez, mientras que Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL "entregó en 2020 al SCS 837.000 unidades de mascarillas FFP2 no aptas, valoradas en 2.094.500 euros", la empresa "obtuvo una segunda oportunidad para ‘compensar’ por otras mascarillas FFP1 y cobrar sus facturas"’.
Sin embargo, la empresa OSSAFORMA SL vio cómo se "anulaba el contrato aprobado para suministrar 30.000 mascarillas FFP3 por un precio de 274.500 euros -un material ineficaz como revelaron los análisis-, consiguiendo otra licitación de unas mascarillas FFP2 tras una modificación realizada en 2021 por el SCS sobre esta misma adjudicación", según refleja el Portal de Contratación de las Administraciones Públicas -documento que obra en poder de este medio-.
Estas licitaciones para las mascarillas FFP2 y FFP3 que resultaron ineficaces para los hospitales -en base a la resolución del SCS-, se realizaron con cargo al Fondo Europeo del Desarrollo Regional financiado por el Programa FEDER 2014-2020 de Canarias.
En el caso de la adjudicataria Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, ante las denuncias interpuestas por el exjuez y abogado Ramiro Grau respecto a algunas contrataciones de mascarillas obtenidas por esta mercantil a través de entidades públicas -denuncias reveladas por El Cierre Digital-, "la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, recientemente, ha remitido las solicitudes de investigación sobre las licitaciones a esta empresa ante la Fiscalía Europea", confirma Grau a este diario.
Anulación de distribución de mascarillas FFP3
La ex directora general de la DGRE, Ana María Pérez, formalizó expresamente la realización de un pedido de 30.000 mascarillas FFP3 por 274.500 euros - 9,15 euros por unidad- a la empresa OSSAFORMA SL en abril de 2020.
Sin embargo, tras recibir estas mascarillas el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC) -en mayo de 2020- la Dirección de Gestión de este comunicó que "su propio Servicio de Prevención de Riesgo Laborales, en función de las mascarillas recibidas -de marca Lianyi-, no las consideraba aptas para su uso como FFP3". El CHUC aseguraba que "existe una discordancia entre la calificación KN95, que sería equivalente a una FFP2 europea, y el marcado como FFP3 que indica el envase. Asimismo, aunque en la página web se puede consultar el Testing Report, no es legible y por tanto, no existe garantía de que la mascarilla proporcione las características deseadas y ofertadas. Igualmente, y mientras no se aporte certificado original y legible, tampoco se consideran aptas como mascarillas FFP2".
Ante el rechazo del material sanitario por parte del CHUC, la ex directora general Pérez tuvo que "rescindir el contrato por incumplimiento de la obligación principal" en un documento firmado en noviembre de 2020, al que ha accedido este diario. No obstante, OSSAFORMA SL, meses después -en febrero de 2021-, tras una modificación de otra licitación suscrita en 2020 volvería a acceder a una nueva adjudicación pública, en este caso, de mascarillas FFP2 y gafas de protección ocular, por el mismo importe económico de 237.415 euros según consta en el contrato, documento en poder de El Cierre Digital.
Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. obtuvo 6.875.000 euros en contratos de mascarillas
Según la resolución firmada el 4 de junio de 2021 por la entonces titular de la DGRE -a la que ha accedido en exclusiva El Cierre Digital-, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL accedió el 22 de abril de 2020 a la contratación del suministro de 2.750.000 mascarillas protectoras KN95F/FP2, a un precio unitario de 2,50 euros, adjudicado mediante tramitación de emergencia por 6.875.000 euros.
Posteriormente se aprobó una modificación -el 3 de noviembre de 2020- para ordenar el pago de una factura con fecha del 31 de diciembre de 2020, expedida por esta mercantil, por importe de 1.387.500 euros por el suministro de 555.000 mascarillas FFP2, que correspondían a una parte del pedido citado para el SCS, con cargo a los fondos FEDER.
Además, en este documento se refiere que "desde el SCS se contactó con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL[una empresa ajena al sector sanitario, según el Registro Mercantil, consultado por El Cierre Digital]para contratar estas mascarillas FFP2, de las cuales una parte del pedido resultó no ser apto".
Este expediente, también asegura que "mediante una Orden del Consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se ordenó el pago a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL de varias facturas por un importe de 4.775.500 euros para sufragar el suministro de 1.910.200 mascarillas protectoras KN95/FFP2, correspondientes a la entrega efectuada en abril de 2020".
La primera entrega de las mascarillas en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC) fue de 724 cajas con un total de 526.400 unidades. Después llegaron varias remesas de mascarillas, contabilizándose 1.617 cajas con 1.261.400 unidades y otras 1.367 cajas y 962.200 unidades, señalan las actas.
El SCS aceptó la 'compensación' de las mascarillas no aptas
Los diferentes modelos del material sanitario presentados por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL fueron analizados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario (CHUC). En base a los informes emitidos entre abril y julio de 2020, "las mascarillas modelo KN95 FDA, KN95KSA, KN95 202003 y KN95 EN1492001 no se consideran aptas para su uso sanitario como FFP2". Por tanto, "el número de mascarillas afectadas por estos modelos ascendía a 837.000 unidades valoradas en 2.094.500 euros".
El resultado de esta valoración fue notificado a la mercantil, aunque también se remitió una muestra al Centro Nacional de Medidas de Protección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNMP) -de Sevilla- para ser sometida a "ensayos de verificación", que determinaron que "las mascarillas FFP2 no eran equiparables a dicha nomenclatura, aunque se alcanzó una lectura de penetración estable superior al requisito de penetración para FFP1".
Fue entonces, en septiembre de 2020, cuando Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL propuso una ‘compensación’, ofreciendo al SCS las mascarillas entregadas y catalogadas como no aptas para FFP2 como "mascarillas quirúrgicas", al precio de mercado de abril, cuando se produjo la entrega de este material en el Hospital Universitario de Canarias.
Es decir, tal como expresa el SCS -que no procedió a la rescisión del contrato por incumplimiento como había hecho con OSSAFORMA SL-, la entidad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL pretendía "completar el pedido hasta alcanzar el importe de los 2.094.500 euros con 555.000 mascarillas de FFP2NR -modelo SBL902 del fabricante ANHUI SUBOLUN GARMENT". Todo ello, conforme a un baremo por el que las mascarillas quirúrgicas costarían 0,845 euros cada unidad, de forma que 837.300 unidades tendrían un coste total de 707.518 euros, mientras que las mascarillas FFP2 NR a 2,5 euros como precio unitario, sobre 555.000 unidades, supondría 1.387.500 euros, sumando el precio final de 2.095.018 euros, para alcanzar el objetivo económico de la mercantil, que siguió en la licitación.
Finalmente, la dirección del SCS "aceptó la compensación ofrecida por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL" además de admitir la factura emitida por esta empresa por los gastos de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de las mascarillas adquiridas por el SCS por emergencia, que ascendía a 447.061 euros.
Las mascarillas no fueron entregadas a tiempo
No obstante, mediante una resolución de la que fuera titular de la DGRE -en noviembre de 2020- "se ordenó el pago por el suministro de 837.800 mascarillas quirúrgicas como parte del pedido realizado en abril de 2020 por la DGRE, por un importe de 707.518 euros".
También se autorizó y dispuso el gasto por importe de 1.387.500 euros por el resto de mascarillas FFP2 -en diciembre de 2020-, pero el expediente de contratación de referencia "se vio afectado por la Orden de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos -emitida por el consejero Román Rodríguez-, por la que se regula la ordenación contable y cierre del presupuesto para las modificaciones de crédito".
Es más, según indica el SCS, "a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL no le dio tiempo a hacer la entrega de este material sanitario dentro del ejercicio presupuestario 2020 y no se pudo realizar el pago del suministro con cargo a este ejercicio, por tanto, el documento contable fue anulado con el cierre del ejercicio presupuestario 2020".
Finalmente, esta mercantil depositó las mascarillas en el almacén central del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias el 5 de febrero de 2021, casi un año más tarde tras la contratación, según se desprende de los documentos.
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