Antonio Serrano-Arnal: El juez del Delcygate solicita 40.000 euros al PP

"Se estima adecuada y proporcional la cantidad de 40.000 euros, a la vista de los resultados económicos del ejercicio recogido en la copia aportada", indicaba el juez del juzgado de instrucción número 31 de Madrid respecto a la personación del PP en la causa Delcygate, a la vez que rechazaba algunas diligencias solicitadas como la reclamación a AENA de las cintas del encuentro entre el ministro José Luis Ábalos y la 'dos' de Maduro, Delcy Rodríguez.

"En cuanto a la solicitud de diligencias, dicha facultad sólo se concede a las partes personadas, siendo que, por otra parte y tratándose de un delito perseguible de oficio, por este Instructor ya se han acordado las que ha considerado procedentes", indicaba en ese auto. El problema es que el juez no da por personado al Partido Popular hasta que deposite la fianza que le solicitó, 40.000 euros. Sin embargo, el Partido Popular ya ha recurrido la imposición de esa fianza por considerarla elevada.

Serrano-Arnal unificó en un solo procedimiento las tres denuncias que tramita sobre este asunto por parte de Vox, el Partido Laócrata y el PP. Después de solicitar a los dos primeros la consignación de 20.000 y 5.000 euros respectivamente para poder ejercer la acusación popular. Después estableció la exagerada fianza para el PP.

Pero ¿quién es este famoso juez? Antonio Serrano-Arnal Domper es famoso en los medios de comunicación por haber instruido la Operación Puerto, la lucha policial contra el dopaje en el deporte, haberla sobreseido y haber provocado que la Audiencia Provincial la reabriese.

También fue el juez que condenó al entonces magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López y actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, al pago de una multa de 1.440 euros y a la retirada del carné de conducir durante 8 meses tras haber dado positivo en un control de alcoholemia. Además, Serrano-Arnal es el actual juez instructor del Caso Rato, que le ha supuesto ya una advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el largo retraso en la instrucción de este caso.

Pero lo más curioso, quizá a modo de anécdota, que hay contar del juez Serrano-Arnal, a pesar de su discrección, es que presume en privado de su actual pareja sentimental, la aristócrata con reminescencias reales rusas María Vladimirovna Romanova, conocida como la Gran Duquesa María de Rusia.

Esta descendiente de zares nació en Madrid el 23 de diciembre de 1953, donde residían por entonces sus padres exiliados de Rusia. Sus antepasados emparentaron con los zares de Rusia y ahora María Vladimirovna se ha autoproclamado emperatriz y autócrata de Todas las Rusias, bajo el título de Maria I de Rusia, con el apoyo de los legitimistas. Si bien sus reclamaciones dinásticas son muy discutidas por otras facciones pretendientes al trono de Rusia.

La pareja sentimental del juez Serrano-Arnal, que lleva la investigación del caso Delcygate, es tataranieta por dos veces, ya que sus abuelos paternos Cirilo Vladimirovich y la princesa Victoria  Melita de Sajonia  eran primos, de Alejandro II de Rusia, el antepenúltimo emperador ruso. Y por parte de la línea materna desciende de los antiguos reyes de Georgia que perdieron su corona con la anexión de sus territorios al imperio ruso a principios del sigloXIX.  

Pero en todo esto hay un enfrentamiento de opiniones con las tesis mantenidas desde el Palacio de la Zarzuela, ya que sería la infanta Sofía de Borbón, tataranieta y biznieta de los zares y del Káiser alemán Guillermo, nieta e hija de los Reyes de España, la única heredera legal en todo caso de la monarquía rusa, si hubiera algo que heredar. Un derecho que sí reclama la Gran Duquesa María de Rusia.

Antes de unirse sentimentalmente con el titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de madrid, estuvo casada desde 1963 hasta 1982, año en el que se separó, con el príncipe Francisco Guillermo de Prusia, perteneciente a la disnastía de los Hohenzollern, con el que tiene un hijo llamado Jorge Mikáilovich y a quien su abuelo le concedió el título de gran duque de Rusia. 

La denuncia del PP dio lugar a las primeras actuaciones judiciales del Delcygate, después de que la magistrada de guardia de Plaza Castilla exigiera a Aena que mantuviera a resguardo las cintas grabadas en el aeropuerto de Barajas el día en que se celebró el encuentro.

El 26 de octubre de 2020 la procuradora de Vox pidió al juzgado de instrucción número 31 de Madrid "información sobre el aseguramiento de la prueba consistente en las grabaciones del aeropuerto y la entrega a esta parte". Se queja Vox de que "como conoce el juzgado, las grabaciones solicitadas a AENA fueron solicitadas como dligencias urgentes por el juzgado de instrucción número 7 de Madrid, sin que esta parte tenga conocimiento de que se hayan solicitado o unido a los autos, solicitando en su caso que se proceda a unir lo actuado en el precipitado juzgado, y dar visa a esta parte de todo lo actuado". En lenguaje de la calle Vox se queja de la inacción del juez en este caso.

Supuestamente el juzgado ya solicitó hace meses al Ministerio del Interior un informe que explicase la normativa de funcionamiento del aeropuerto e identificase a los funcionarios responsables de cada zona. Por eso ahora Vox pide conocer esa información o al menos saber si el ministerio ya ha contestado al requerimiento judicial. 

La fiscalía no acusa a Ábalos

Además de las denuncias presentadas en los Juzgados de Plaza de Castilla por el Partido Laócrata, Partido Popular y Ciudadanos, el Tribunal Supremo acumula otras tres querellas, en este caso presentadas de nuevo por el Partido Laócrata, el PP y por Vox, esta vez sí, contra el ministro Jose Luis Ábalos en concreto. La Fiscalía tenía que informar todavía sobre la admisión a trámite de dichas querellas.

Hace unos días se supo que la Fiscalía pide dar carpetazo a las querellas presentadas contra el Ministro de Transportes José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo, porque no habría quedado acreditada la participación de Ábalos en el "Delcygate". A juicio de la Fiscalía las acusaciones están “basadas exclusivamente en artículos de prensa" y en la “declaración notarial” de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, argumenta el informe. Lo extraño es que ese anuncio se produjo justo tres días antes de que Leopoldo López, opositor venezolano refugidado en la embajada española, lograse escapar de la legación diplomática en Caracas, fuese hasta Colombia, de allí a Miami y desde allí a Madrid. Y todo eso con documentación falsa.

En cuanto a la supuesta prevaricación de que se acusaba al ministro ante el Supremo, la Fiscalía defendió que no se concreta "cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma", por lo que no se presentan los requisitos que exige una investigación por este delito.