Caso PCR Canarias: Empresa de Ábalos recibió adjudicaciones, denuncia Grau

El abogado Ramiro Grau ha revelado ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza -bajo el procedimiento 548/2020-B2- un informe "clave" emitido por la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares –junto a sus denuncias por contrataciones millonarias de material sanitario durante la pandemia, ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo, contra el exministro de Transportes,  José Luis Ábalos–.  Esta denuncia recoge "la adjudicación licitada por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (IBSALUT), por una cuantía de 3.071.500 euros, para la adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL", una mercantil, supuestamente ‘afín’ a Ábalos, como señala el letrado, en función de informaciones públicas.

Grau indica ante elcierredigital.com, en relación a este informe de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares –al que ha accedido este diario–, que "esta empresa –Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL– no había recibido adjudicaciones públicas con anterioridad a la declaración del Estado de Alarma para el suministro de material sanitario pero, además, se recogen todas las vinculaciones empresariales y administradores únicos de esta entidad, como José Ángel Escorial Senante".

Según el informe, "esta mercantil no aportó a la Oficina una factura –en el marco de esta licitación– por 56.715 euros para el flete de estas mismas mascarillas desde Madrid a Palma", por lo que la carga final a los fondos públicos ascendería a 3.758.215 euros. También pone de manifiesto "la empresa mediante un informe justificativo de solicitud de tramitación de emergencia, el precio para las 1.480.600 mascarillas por un total de 3.071.500 euros", que vendrían a tener un coste unitario de 2,50 euros, indican.

Por su parte, en su día, Escorial negó la parte de este informe de la Oficina sobre su "presunta vinculación con el caso ‘Paradise Papers’, y dos sociedades offshore en Malta". La Oficina Balear sostenía que "Escorial, durante el año 2008, era administrador de Delta Advisory and Management Services Limited y de Arce Investment Consulting Limited", así como de Malta Capital.

De igual forma, esta institución dijo que "de acuerdo con la información que dispone la Oficina, la Audiencia Nacional, Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigaron el pasado año a esta sociedad sobre una posible corrupción en Angola, en concertación con otras empresas mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos, por parte de la empresa española Mercansa, dentro de la ejecución de un contrato para construir un mercado de abastos en Luanda". 

Grau remite denuncias contra Ábalos ante el Juzgado

El origen de la aportación de este informe junto a las denuncias interpuestas contra el exministro José Luis Ábalos por parte del letrado Ramiro Grau, se remonta a una Diligencia de Ordenación emitida por el juzgado de Zaragoza –el pasado 3 de octubre– en un procedimiento ordinario de Derecho al Honor, a raíz de una demanda –por declaraciones antiguas rectificadas en algunos medios de comunicación– contra este abogado y ejercitada por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, tal como explica Grau a elcierredigital.com, en calidad de demandado en este nuevo asunto judicial.

A tenor del requerimiento judicial, Grau ha tenido que remitir: "Denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza y Resolución de Archivo, Informe de la Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares sobre la empresa demandante, denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada –en tramitación– y la denuncia ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, -al ser aforado el ministro en aquel momento-",  contra José Luís Ábalos.

En este sentido, Grau manifiesta a elcierredigital.com que "el hecho de que la empresa demandante, en un proceso por una cuestión de honor, solicite a través del juzgado todas las denuncias que he ido presentando, parece que se debe a una inquietud por acceder al contenido de las informaciones contenidas en estas denuncias, que sólo deben obrar en poder de la Fiscalía para que pueda ejercer su labor de investigación de manera independiente". Por tanto, "sorprende esta petición de acceso a estos documentos", además de "la aparición del abogado defensor de esta mercantil, en las diligencias previas, aportando reportajes de elcierredigital.com sobre este caso, en tono de descontento, cuando estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión en nuestra sociedad". 

Oficina Anticorrupción Balear destapa conexiones mercantiles

La Oficina de Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares plasmó en su informe las relaciones mercantiles de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL –con sede social en Zaragoza, cuyo objeto social es la gestión de proyectos y consultoría de gestión empresarial–. Según este informe, el administrador único es Purdey Investment SL, siendo su socio único SWALALI Sociedad Limitada, que tiene como apoderado a Íñigo Rotaeche.

En base a esta información, "Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL obtuvo unos ingresos de 5.033.292 euros en 2017 y 101.058 euros en 2018. Contaba con cuatro empleados en 2018, 29 en 2014 y 11 en 2015. Además, esta empresa ha contratado con el Ministerio de Sanidad 40,5 millones de euros". 

También destaca que "el administrador único de Purdey Investment SL –que ejerce como consultoría empresarial– es José Ángel Escorial Senante", denunciado por Ramiro Grau en base a supuestas irregularidades en las adjudicaciones directas de licitaciones millonarias a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, por parte del Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Gobierno de Baleares y Gobierno de Canarias. El letrado denunciante también ha hecho hincapié en que Purdey Investment SL, figura como deudor fallido ante la Agencia Tributaria  AEAT.

Denuncia contra Ábalos ante el Tribunal Supremo

Una de las denuncias interpuestas por el letrado Grau contra el exministro Ábalos en relación a estas licitaciones millonarias fue ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –el 7 de octubre de 2020–. En este documento –que obra en poder de elcierredigital.com– Grau también señalaba como denunciados al presidente del Ente Público Puertos del Estado, Francisco Toledo, a la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y a José Angel Escorial Senante  –de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL– respecto a la adquisición de ocho millones de mascarillas por Puertos del Estado, y otros cinco millones de este material sanitario por el Ministerio de Transportes.

"Un total de 13 millones de mascarillas a dedo a la misma empresa por tramitación de procedimiento de urgencia", dijo Grau en su denuncia ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, el presidente de esta Sala del Supremo, Manuel Marchena, notificó el 3 de marzo de 2021 al letrado "la inadmisión de la denuncia contra el exministro por la comisión de delito de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y abuso en ejercicio de su función corrupción en transacciones internacionales", y declaró el archivo de las diligencias incoadas.