Caso Mediador: La juez admite a las seis partes que solicitaron ser acusación popular

El Juzgado de Instrucción nº4 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a las seis partes que han solicitado personarse para ejercer la acción popular para el juicio del caso Mediador. A estas partes se les considerará personadas de manera “unificada, conjunta y simultánea”, estando representadas por la dirección legal de un único letrado. Además se les requerirá que presenten una fianza por un valor de 2.000 euros. Cabe destacar que de los 12 investigados en todo el país solo permanecerá en prisión preventiva Francisco Espinosa Navas.

Estas entidades que se personarán como acusación popular en el juicio son cuatro partidos políticos -PSOE, PP, Vox y Fuerza Canaria-, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Aguaiuris, organización de usuarios y consumidores de aguas. La representación de Taishet Fuentes Gutiérrez presentó un escrito por el que se oponía a la admisión de la personación de estas entidades y se solicitaba que se acordase la actuación de estas bajo una misma dirección letrada.

Según el auto de estas solicitudes y “visto el estado de las actuaciones, ante la complejidad de esta causa, su volumetría y las distintas acciones populares anunciada es procedente acordar la admisión de la acción popular unificada con una sola querella y un sólo letrado y procurador designados por los reseñados”. Esta resolución se debe al fin de “evitar dilaciones y contradicciones durante la instrucción de la causa que pudieran dilatar su efectiva conclusión”. 

La reunión del presidente canario Torre con RR7

Antonio Navarro, intermediario en la supuesta trama de corrupción del ‘caso Mediador' que salpica, entre otros, a políticos del PSOE –como el exdiputado Juan Bernardo Fuentes (el ‘Tito Berni’), el ex director general de Ganadería, Thaiset Fuentes–, habló del caso con elcierredigital.com. 

Navarro explicó en exclusiva la "importancia" del encuentro celebrado en el restaurante El Cangrejo Colorao, en Fuerteventura, en julio de 2021 –imagen publicada en primicia por este diario– al que asistió el presidente Torres junto al asesor fiscal y el cuñado del imputado en el caso PCR Canarias, Rayco Rubén González, administrador único de RR7 United SL, quien debe cuatro millones de euros al erario público por unas mascarillas 3M que nunca entregó. Estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía Europea.

Mientras el presidente Torres declaró el 14 de marzo en el pleno del Parlamento de Canarias que "está en el proceso de recuperar a través de embargos los cuatro millones que el ejecutivo regional pagó a la empresa R77 United SL en 2020", el intermediario en el caso Mediador, Antonio Navarro, sostiene que: "Es cierto que sucedió –el citado almuerzo del presidente Torres– pero tengo que decir que está donde está, y no puedo contar más. Puedo especificar que se hablaron temas delicados, muy importantes económicamente –que saldrán más adelante–. 

Había más cargos socialistas que estaban por ahí, pero no puedo decir nada de muchas personas, aunque se habló de cosas importantes en plena pandemia, con eso ya te lo he dicho todo…", explicaba Navarro en una entrevista concedida a nuestro diario.

Esta fotografía sobre la polémica comida entre el presidente regional Torres, el asesor fiscal de RR7 United SL, Pablo Carranza y José Juan Arencibia –cuñado del imputado González– pasó a formar parte de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado –como avanzó este diario–. El almuerzo tuvo lugar en el conocido restaurante El Cangrejo Colorao, de Fuerteventura.

Pero además de esta comida, también consta en el sumario del caso Mediador otra factura por un importe de 129,60 euros, con fecha del 26 de noviembre de 2020, emitida por el mismo restaurante ‘El Cangrejo Colorao’, donde, al parecer, se dieron cita algunos de los investigados de la causa que investiga a Antonio Navarro y al exdiputado socialista, Juan Bernardo Fuentes, el ‘Tito Berni’, entre otros empresarios imputados.

El chat 'Equipo A' creado por Espinosa

En las cientos de paginas que componen el sumario del caso Mediador, sobre la presunta corrupción de empresarios, políticos y diputados (como Bernardo Fuentes Curbelo del PSOE, alías Tito Berni), destacan especialmente las comunicaciones del chat telefónico ‘Equipo A’, en el que participaban tan sólo cinco integrantes: el general retirado de división de la Guardia Civil, Francisco Espinosa -en prisión preventiva-, el presidente del grupo hotelero Lopesan, Eustasio López -procesado por prostitución de menores en el caso ‘18 Lovas’-, el presidente del equipo de fútbol de la UD Las Palmas y también del grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, el empresario Luís Monzón (del grupo Lopesan) y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Vicente Reig Basset, con las iniciales V.R.B., como indican los investigadores y así consta en los documentos a los que ha accedido elcierredigital.com. 

La  presunta implicación del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de las Palmas, Vicente Reig, en este grupo elitista de WhatsApp -descubierto a raíz de las investigaciones en torno a una presunta trama corrupta creada para acceder a contratos entre empresarios y políticos del PSOE- ha provocado "un malestar generalizado en la propia Comandancia y el posible cese de este mando de la Guardia Civil", según indicaban fuentes del Ministerio del Interior a elcierredigital.com.

Fue tras el análisis del dispositivo móvil del general Espinosa, cuando los investigadores de la Policía Nacional descubrieron este grupo de mensajería WhatsApp denominado ‘Equipo A’. Un escrito dentro del citado sumario vendría a señalar que "las intenciones comerciales del empresario de energías renovables (placas solares) Antonio Bautista Prado -que figura como investigado en este caso- pasaban porque el general Espinosa lo pusiera en contacto con empresarios insulares de alto nivel como lo eran Eustasio López, Miguel Ángel Ramírez y los directivos del grupo EULEN".

Es más, uno de los escritos especifica que "existen evidencias e indicios que revelarían cómo el mismo general Espinosa admite no solo conocer a tales personas sino haber contactado con ellas al respecto, e incluso tener en marcha un proyecto concreto". "Como ejemplo de ello -prosigue el escrito judicial-, se indica la grabación Reunión con el general 'Espinosa.m4a', de fecha 12 de noviembre de 2020, cuando el general refiere las primeras conversaciones entre el empresario Bautista y el mediador, Antonio Navarro -que constan del 24 de agosto 2020-,  las cuales reflejan el deseo del primero en establecer en la ZEC (Zona Especial Canaria) la mercantil Cleanergetic Seers Solutions SL, que pasará a denominarse Cleanergetic Insular SL".