Caso David Sánchez: La Diputación de Badajoz usa un abogado público y afiliado al PSOE

La Diputación de Badajoz ha asumido hasta la fecha -con su servicio letrado público- la defensa jurídica del presidente de esta institución, Miguel Ángel Gallardo. El secretario general del PSOE en Extramadura figura como acusado en el 'caso David Sánchez', que investiga al hermano del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Gallardo está imputado por cinco delitos contra la Hacienda Pública, Administración Pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias en este caso. Se investigan presuntas irregularidades sobre la contratación de David Sánchez y sus funciones ejercidas en la diputación tras su designación.

Tal como indican fuentes conocedoras de este caso a elcierredigital.com, "el presidente Gallardo utiliza para su propia defensa el servicio jurídico de esta diputación. Esto podría conllevar un supuesto 'conflicto de intereses' entre la defensa para proteger a esta institución pública y los intereses particulares de este cargo investigado".

De hecho, ponen de manifiesto que "en los escritos de defensa presentados a favor de Gallardo ante el Juzgado  de Instrucción Número 3 de Badajoz que sigue este caso, figura como firma autorizada la del letrado de la diputación".

También denuncian que "el ex delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza Sánchez, ejerce como letrado de la Diputación de Badajoz". Y además, Mendoza figura como miembro del PSOE extremeño, según el portal web socialista consultado por elcierredigital.com.

Es decir, Francisco Mendoza, uno de los abogados de la diputación pacense y defensa del presidente Gallardo, forma parte del partido socialista. Además, "fue un hombre de 'confianza' del anterior gobierno de Pedro Sánchez", según atestiguan las fuentes mencionadas.

Aunque también, consta como letrado de la Administración de la diputación Juan Durán Muñoz.

Elcierredigital.com se ha puesto en contacto con la Diputación de Badajoz en relación a la defensa letrada del presidente de la corporación sin obtener respuesta por el momento.

Además, la magistrada instructora de este caso, Beatriz Biedma, investiga al jefe de los departamentos Jurídicos y de Recusos Humanos de la diputación, Alejandro José Cardenal. Esta investigación surge a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias. La juez ha encargado esta investigación a la UCO de la Guardia Civil.

La Diputación reconoce prioritaria la defensa del interés público

La Diputación de Badajoz reconoce "la intervención en los distintos procesos en el orden jurisdiccional penal en los que autoridades y funcionarios resulten afectados en los mismos como consecuencia de su actuación al servivio de la corporación. Así como defensa de la propia corporación en materia de responsabilidad civil exigida en procesis penales",  tal como cita la Web de la institución consultada por elcierredigital.com.

Según fuentes cercanas a las acusaciones populares del 'caso David Sánchez', "la normativa de la diputación deja claro que la defensa principal es hacia la institución. Esto es sin anteponer los intereses generales a favor de los intereses de los cargos públicos".

No obstante declaran: "Se está investigando al presidente de la corporación, Miguel Ángel Gallardo, por diferentes delitos, como la malversación. Por ello, no procedería sufragar su propia defensa con fondos públicos. Precisamente se está tratando de averiguar el uso que ha hecho Gallardo de los caudales públicos en la contratación del hermano del Presidente Sánchez".

Es decir, "no deberíamos emplear dinero público en defender al gestor de estos mismos fondos para no incurrir en un supuesto conflicto de intereses que afecte a la corporación', subrayan. En cuanto esta institución pública acuerde personarse como perjudicada en esta causa, estaría obligada a acudir a su propio servicio jurídico de la diputación".

Y añaden que 'la diputación debería hacer público cualquier posible acuerdo, supuestamente, para llevar a cabo la defensa jurídica de Gallardo. Tanto si tienen constancia los consejeros y diputados provinciales, como la intervención de la corporación".

Por su parte, corresponde a las acusacines populares la solicitud de aclaración ante la magistrada sobre la defensa de Gallardo con dinero público. En este caso, la dirección letrada del 'caso David Sánchez' recae sobre el abogado José María Bueno, jefe del servicio jurídico del sindicato Manos Limpias.

El letrado del 'caso David Sánchez', hombre de confianza de Pedro Sánchez

Fuentes cercanas a la Diputación de Badajoz sostienen ante elcierredigital.com que "el letrado Francisco Mendoza es funcionario de esta corporación y ha ocupado varios cargos. Además, fue nombrado Delegado del Gobierno de Extremadura  mediante un Consejo de Ministros del Presidente Pedro Sánchez en octubre de 2022". Argumentan que, supuestamente, "Mendoza habría sido un 'hombre de confianza' para el Ejecutivo socialista".

Mendoza también ha ocupado el puesto de subdelegado del Gobierno en Badajoz, y ha ejercido como letrado del Gabinete de asuntos judiciales de la diputación. Un puesto que recuperó en diciembre de 2023 cuando fue cesado como Delegado del Gobierno. Por lo que, "en la actualidad se encuentra vinculado al equipo jurídico de la corporación", según estas fuentes.