La auditora PwC indigna a 'las víctimas' del Banco Popular: Pide que sean verificadas

La auditora americana PricewaterhouseCoopers (PwC), encausada junto a Ángel Ron y otros 12 exdirectivos del Banco Popular, perfila su estrategia defensiva. Lo hace de cara al juicio oral que el juez José Luis Calama ha abierto por la supuesta estafa cometida en la ampliación de capital del extinto banco en 2016. 

El magistrado ha fijado posibles indemnizaciones de 2.277 millones. Y también se ha negado a verificar alrededor de 26.000 personas y empresas que nutren la acusación particular. 

Recurso 

Adelanta El Español que PwC ha recurrido la negativa de Calama ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La exigencia ha molestado a varios grupos de denunciantes, tal y como ha podido saber Elcierredigital.com.  

La auditora dice haber encontrado a supuestos perjudicados que compraron acciones del Popular 24 años antes de la ampliación de capital de 2016.

PwC dice en el recurso que  "ha podido demostrar la existencia de múltiples acusadores total y absolutamente desconectados de los hechos objeto de enjuiciamiento, cuya presencia aquí evidencia un uso espurio del procedimiento penal, orientado a la mera obtención de un rédito económico sin razón justificativa". 

PwC defiende que supuestos perjudicados por el Popular no están legitimados para acusar. 

PwC no pasa por sus mejores momentos reputacionales

El juez José Luis Calama ha sentado en el banquillo de los acusados al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, 12 exdirectivos de la entidad de crédito y la consultora PwC. 

Este gigante de los servicios profesionales vive horas bajas después de ser sancionada en China con una multa de 56,1 millones de dólares por sus deficiencias a la hora de auditar a la inmobiliaria Evergrande, que acabó quebrando. 

PwC no puede operar en el país asiático durante seis meses y ahora podría volver a sufrir problemas reputacionales (y una cornada económica) si es sancionada por su papel en la ampliación de capital del Banco Popular en 2016. 

Esta no sería la primera sanción que tiene que pagar la Big Four, que en 2019 fue multada con 10,49 millones de euros por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas(ICAC). Este organismo le sancionó por tres "infracciones muy graves" en una auditoría a Aena.

PwC, según ratificó el Tribunal Supremo, incurrió en "incumplimiento del deber de independencia en relación con los trabajos de auditoría en las cuentas de Aena".

La ampliación del Popular en 2016

Presentar cuentas que no reflejaban la salud económica de la empresa en 2015 y 2016 es la principal acusación que se cierne sobre el expresidente Ángel Ron. El auto llevado a cabo por el juez José Luis Calama compromete al expresidente del Popular.

El banco quebró poco después de recaudar más de 2.500 millones de euros en una ampliación de capital que arruinó a muchos. Y que sirvió para sanear en parte el banco  comprado en 2017 por el Santander por apenas un euro. 

Ron, según el auto,  "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe. Y no por más o por menos. La intervención verbal de los letrados de Linklaters fue meramente jurídica. Y por lo que consta en el acta, no muy exhaustiva, más bien lo contrario. Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".

El texto también deja claro que Ron tenía una grandísima responsabilidad en el Popular en el momento de la ampliación. Y es que era, ni más ni menos, que "presidente de su consejo de administración", "presidente ejecutivo" y "presidía también la comisión delegada del consejo".

El banquero, según el auto judicial, "impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable. Y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación. El sr. Ron estaba al tanto del déficit de provisiones que afectaba al balance del banco durante los años 2015 y 2016".

Algunas voces señalan que las autoridades estatales y europeas miraron por otro lado sobre la situación del Popular. Pero el auto deja claro que sus responsables desoyeron todo tipo de consejos. "Resulta sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte de Banco de España y BCE".

De la sombra del delito se escapa el sucesor de Ron en la presidencia, Emilio Saracho, que tomó posesión efectiva el 20 febrero de 2017. Y según el auto no tuvo "ninguna intervención en las vulneraciones de la normativa contable a que hemos hecho referencia". 

El texto añade: "Por el contrario, tomó medidas para chequear y evaluar el balance del banco". Saracho también se libró de la principal acusación que pesaba sobre él. La de realizar filtraciones a la prensa que provocaron una fuga de depósitos que facilitaron el final definitivo del Popular.