El alcalde de Estepona, en líos: Archivan su 'acoso' pero continúa la 'malversación'

El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha archivado la causa por presunto acoso sexual y coacciones contra el alcalde de la localidad, José María García Urbano. Inicialmente, la denuncia fue presentada en octubre por un funcionario municipal. Pero posteriormente se amplió cuando la pareja del denunciante presentó una acusación similar contra el regidor.

Ambos denunciantes aseguraban que el alcalde ejerció presiones sobre ellos para obtener favores sexuales, bajo la amenaza de represalias laborales. Según sus testimonios, García Urbano se habría aprovechado de su posición de poder para insinuarse y condicionar su permanencia en el Ayuntamiento a la aceptación de sus pretensiones.

Sin embargo,  tras analizar las pruebas y las declaraciones presentadas, el juez ha determinado que no existen indicios suficientes para llevar la causa a juicio. Y ha ordenado su archivo. En su auto, el magistrado señala que no se han encontrado evidencias concluyentes que respalden la versión de los denunciantes, ni testigos que puedan confirmar los hechos denunciados.

Desde el inicio del caso, José María García Urbano ha sostenido que las acusaciones eran falsas y que respondían a una estrategia política para desprestigiarlo. En varias ocasiones, ha afirmado que los denunciantes han actuado movidos por intereses ajenos a la justicia.

Pese a la decisión judicial,  fuentes cercanas a la defensa de los denunciantes sostienen que “se recurrirá el archivo ante la Audiencia Provincial de Málaga. Consideran que el juez ha sido demasiado restrictivo en la valoración de las pruebas. Y que se deberían haber practicado más diligencias antes de cerrar la causa”.

Sigue adelante la investigación por presunta malversación de fondos

Aunque la causa por acoso sexual ha sido archivada, la justicia sigue investigando al alcalde de Estepona por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Esta investigación se abrió a raíz de la denuncia inicial, cuando se descubrieron irregularidades en la contratación de la expareja de uno de los denunciantes.

Según la investigación judicial, la mujer fue contratada como personal de confianza en el área de Control Externo del Ayuntamiento. Con un salario de 3.600 euros mensuales durante tres meses. No obstante, la propia mujer ha negado en varias ocasiones que acudiera a trabajar a pesar de recibir su sueldo.

Los investigadores sospechan que la contratación pudo haberse realizado de manera fraudulenta. Otorgando un sueldo público sin la correspondiente prestación de servicios. De confirmarse estos hechos, García Urbano podría enfrentarse a un delito de malversación de caudales públicos.

Como parte de esta investigación, el próximo 20 de febrero está prevista la declaración como testigo del teniente de alcalde, Blas Ruzafa. Ruzafa es el responsable del Área de Control Externo, en la que se realizó la contratación de la mujer implicada en el caso.

Uno de los aspectos más relevantes es que la propia contratada declaró ante el juez que nunca acudió a su puesto de trabajo. Y que tampoco conocía a Ruzafa a pesar de que, en teoría, su labor dependía de él. 

Este testimonio podría ser clave para determinar si la contratación fue irregular. Dependiendo de las declaraciones y pruebas presentadas, el juez instructor podría imputar formalmente a García Urbano por malversación.

Origen de las denuncias y evolución del caso

El caso contra García Urbano comenzó el pasado mes de octubre. Un funcionario del Ayuntamiento denunció al alcalde por acoso sexual y coacciones. En su declaración, afirmó que el regidor había intentado condicionar su continuidad en el Ayuntamiento a la aceptación de relaciones sexuales.

Poco después, la pareja del primer denunciante, C.P.B., se sumó a la causa como segundo denunciante, reforzando la acusación contra el alcalde. Tras la apertura de la causa, García Urbano solicitó declarar voluntariamente ante el juez en noviembre. Durante su comparecencia, se limitó a responder a su abogado y negó las acusaciones, calificándolas de “completamente falsas”.

Ahora, el juez ha decidido archivar la causa por acoso sexual. El principal argumento es la falta de pruebas suficientes para continuar con el proceso penal. Sin embargo, el hallazgo de presuntas irregularidades en la contratación de la expareja de uno de los denunciantes llevó a la apertura de una nueva investigación por malversación.

Hasta el momento, el PP ha evitado pronunciarse sobre la permanencia de García Urbano en la alcaldía. Fuentes cercanas al partido han señalado que “esperarán a que la investigación por malversación avance antes de tomar una decisión”.

Por otro lado, la investigación por presunta malversación sigue abierta. La declaración del teniente de alcalde Blas Ruzafa el próximo 20 de febrero será clave para determinar si hubo irregularidades en la contratación de personal en el Ayuntamiento.

Si la justicia encuentra indicios de un uso fraudulento de fondos públicos, García Urbano podría enfrentarse a nuevas complicaciones legales. Mientras tanto, el debate político sobre su futuro continúa, con la oposición exigiendo su dimisión y el PP manteniendo un perfil bajo en espera de nuevas resoluciones judiciales.