Denuncian al partido de Albert Rivera ante la Fiscalia Especial contra la Corrupción por los pucherazos

El fin de campaña para las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo se le puede atragantar a Albert Rivera cuando conozca la denuncia presentada contra la formación que preside por una asociación de exmilitantes descontentos con la gestión del partido en las primarias para elegir candidatos.

La Plataforma de Afectados por las Primarias de Ciudadanos (PAPC) ha presentado hoy viernes una denuncia en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, en contra el partido Ciudadanos. La denuncia recoge como "el 13 de Marzo del año 2019, a través de diversos medios de comunicación, saltaba el escándalo de las elecciones primarias del Partido Político de Ciudadanos en Castilla y León, en la cual se detectó que el número de votos recogidos en el acta de participación no coincidía con la suma de los resultados anunciados por el Partido Político de Ciudadanos, con 82 votos de más, y por consiguiente dando por ganadora la candidatura de Silvia Clemente, que contaba con el apoyo de la cúpula de la formación naranja, y sin poder identificar el sistema al emisor de estos sufragios".

Primera página de la denuncia presentada.

Aquello dio por ganadas las elecciones al diputado por Valladolid Francisco Igea, candidato que competía contra Silvia Clemente y abrió el debate sobre el sistema de elecciones primarias en la formación de Albert Rivera. A partir de entonces las denuncias por pucherazo fueron llegando en diferentes lugares de España done se habían celebrado estas primarias.

Silvia Clemente, candidata a primarias de Ciudadanos en Castilla y León.

La denuncia dice que "a raíz de los acontecimientos anteriormente expuestos, muchos candidatos que se presentaban a las elecciones en otras provincias y que fueron desplazados de forma sorpresiva, pidieron la revisión de sus procesos, obteniendo respuestas evasivas o incongruentes por la Comisión de Garantías del partido. De manera que de nuevo la sombra de la sospecha se levantó en un montón de procesos electorales celebrados en Murcia, Madrid, Reus, Arganda del Rey, Valencia o Cantabria, donde por ejemplo, Félix Álvarez, afín a la dirección del partido, recibió, en apenas una hora, casi 150 de los 269 votos que obtuvo en las primarias".

El escrito menciona expresamente durante las diez páginas del mismo y detalla las denuncias de Leonardo Pérez, candidato por Murcia y José López, que perdió contra Félix Álvarez, Felisuco, en Cantabria, que recibió hasta 20 votos de la misma IP. 

Por eso la denuncia dice que "estamos ante la posible existencia de indicios de criminalidad cometidos en el seno de una organización a nivel nacional, dicho sea en estrictos términos de defensa y con el debido respeto, queremos solicitar que la Fiscalía General del Estado investigue los posibles ilícitos penales que se pudieran haber cometido por considerar esenciales en un Estado Democrático de Derecho, y evitar futuras irregularidades en el sistema de votos telemáticos" y añade que "se han vulnerado todos los trámites legales establecidos para el voto telemático, manipulando con engaño y temeridad el recuento y votación de los afiliados del partido, entendemos que se habría incurrido en una responsabilidad penal del artículo 31 bis de nuestro Código Penal".

Para justificar el escrito presentado en Anticorrupción los demandantes presentaron un informe pericial elaborado por los miembros de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), "en los que se pone de relieve que el sistema de votación telemática no garantiza que pueda ser manipulada, sin perjuicio de no cumplir con los requisitos para una votación telemática, ni certifica el origen desde donde se emite" y solicitan varias diligencias de prueba, tres documentales, dos testificales y siete pruebas técnicas. Piden la declaración como expertos de Luis Navas, secretario de la ANTPJI y de Ángel Bahamontes, presidente de la misma entidad.

 El resumen que hace la Plataforma de Afectados es que consideran "extremadamente preocupante que exista la posibilidad de ser manipulados los votos como así se ha apreciado en el informe pericial, y dada las irregularidades evidentes que se han apreciado en diversas comunidades, en especial en Valladolid" y consideran que "deben ser investigados los hechos aquí expuestos, para evitar futuras manipulaciones y garantizar el voto real y efectivo de todo ciudadano español".

El escrito termina con una solicitud a la Fiscalía General del Estado: "Que teniendo por presentado este escrito, junto con las manifestaciones que en él se contienen, se acceda a lo solicitado y se lleven a cabo las actuaciones que en su Derecho convengan para que se investiguen los hechos que se están denunciando en este escrito y se adopten las medidas oportunas, con demás pronunciamientos que fueran de menester en Derecho".

Si la Fiscalía incoa diligencias, como parece inevitable por la cantidad y carga de las pruebas presentadas, muchos cargos de la organización de Albert Rivera deberán ser investigados y responder ante la Ley.