Los funcionarios declaran que en la Delegación de Gobierno ya se conocían los riesgos del coronavirus antes del 8 M

El segundo informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil firmado el 1 de junio y que consta de 149 páginas se centró en finalizar las declaraciones de convocantes de manifestaciones durante el COVID-19. 

Los investigadores recogen en el folio 7 una significativa declaración, realizada por Antonio García Edwards respecto a la convocatoria de su manifestación "dado que la misma tenía prevista su celebración para el 19 de marzo de 2020 y es tenida en conocimiento por la DG no oponiéndose a su celebración el día 12 de marzo de 2020", cuando ya se tenía conocimiento del problema del coronavirus en España.

Pero a partir del folio 9 comienzan las declaraciones más interesantes para la causa, las que efectúan cuatro miembros de Seguridad Ciudadana y dos de Recursos Laborales de la Delegación de Gobierno en Madrid. Entre los primeros, dos jefes de sección, Ignacio Ortiz y José Luis Sánchez, dos auxiliares administrativos, Lourdes Andrés y Elena García y en el segundo departamento se interrogó al jefe de servicio, Ramez Muhzarram y a un técnico de prevención Sergio Roa.

Ignacio Ortiz Salazar, jefe de sección de Seguridad Ciudadana, admitió a los investigadores haber efectuado llamadas, junto a Elena García y José Luis Sánchez a convocantes de manifestaciones y que "no se grabó ninguna de las llamadas telefónicas que efectivamente se realizaron a los convocantes de las reuniones para sugerir a los mismos que procedieran a cancelar las reuniones por la crisis sanitaria.El señor Ortiz dice que llevó a efecto varias de las llamadas reflejadas "ut supra" sugiriendo a los convocantes a suspender las manifestaciones por la crisis sanitaria generada por el COVID-10 y los riesgos asociados de celebrarlas, y que fueran los propios convocantes quienes mandaran un correo electrónico procediendo a suspenderlas, para que quedara constancia. La consigna era clara en cuanto a convencer a los convocantes de la cancelación (...) un convocante se negó a cancelar la manifestación que había convocado por lo que se le hizo una prohibición expresa, en Resolución firmada por el Delegado del Gobierno (...)".

Este segundo informe presentado a la jueza instructora por la Guardia Civil.

José Luis Sánchez reconoció "haber llevado a cabo llamadas telefónicas (...). entre las mencionadas llamadas efectuadas recuerda la que efectuó a la Asociación Asaja para instarles a que cancelaran la concentración prevista, si bien los mismos dijeron que no la desconvocaban y solicitaron que fuera la DG quien hiciera una prohibición expresa".

La auxiliar administrativa Elena García confirmó haber efectuado algunas de estas llamadas y aportó a los investigadores "un documento firmado por el Delegado del Gobierno que les hizo llegar a todos los trabajadores de la DG (...). El delegado del Gobierno dice textualmente, entre otras cuestiones: "Como todos sabemos la especial situación en la que estamos inmersos a nivel global y que afecta a toda la población (....)".

Los investigadores de la Guardia Civil tratan así de demostrar que Juan Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, era consciente de la gravedad y riesgos de la pandemia cuando permitió que se celebrasen varios actos mulitudinarios, como la manifestación del 8M en la Comunidad de Madrid.

La segunda auxiliar interrogada en el departamento de Seguridad Ciudadana de la Delegación de Gobierno fue María Lourdes Andrés que confirmó haber realizado las famosas llamadas a partir del 9 de marzo y "este tipo de llamadas no son habituales", también confirmó a los investigadores de la Guardia Civil que "ella no ha mantenido ninguna reunión sobre la crisis pero sabe que el director de la Unidad se ha reunido con el Delegado del Gobierno y el Secretario para tratar temas relativos a la crisis sanitaria del COVID-19".

Parte de este informe.

Una de las declaraciones más importantes del atestado fue la tomada a Ramez Muhzrram, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales porque dentro de la Delegación de Gobierno sería la persona responsable de tener conocimientos necesarios e información de última hora sobre la pandemia. El declarante explicó que recibía información "desde la Secretaría General de la DG de la que recibieron a principios de marzo el "Protocolo de actuación en los Servicios de Prevención de la DG". Es decir, que los trabajadores de la Delegación de gobierno ya disponían de medidas de seguridad sanitaria desde principios de marzo, pero el Delegado autorizó manifestaciones en la segunda semana del mismo mes.

Muhzrram incluso habla de "reuniones en el seno de la DG, a mediados de febrero (...) fecha que ya era coincidente con el problema generado por el COVID-19 y como a partir de entonces se mantienen varias reuniones en este sentido en la DG a lo que se unen en dichas fechas comentarios de los sindicatos para que se abordara el tema del COVID-19".

El sexto interrogado fue Sergio Roa, que además de técnico de Prevención de Riesgos Laborales tiene formación como enfermero. Este testigo habla del conocimiento del COVID-19 y sus riesgo "a finales de enero y principios de febrero, dado que ya en esas fechas desde la Secretaría General se les instó a hacer algo al respecto". Roa situó "el 28 de febrero de 2020 como la fecha en que su departamento emitió un documento relacionado con el COVID-19".

Conclusiones finales

Las conclusiones de esta segunda parte del Informe Sanitario dice que "resulta significativo para esta instrucción que las citadas llamadas se produzcan a partir del 11/12 de marzo de 2020 y no se hubieran producido con anterioridad".

Entre las declaraciones más sorprendentes destacan los investigadores la declaración de "la srta. María Lourdes cuando participa que ella no ha mantenido ninguna reunión (...) pero sabe que el Director de la Unidad se ha reunido con el Delegado del Gobierno (...)" y añaden los guardias civiles que "el 13 de mayo de 2020 el Secretario General de la DG remite a esta Unidad la agenda del Delegado del Gobierno no reflejando ningún acto/reunión que se enmarque dentro de la crisis sanitaria del COVID-19". Finalmente destacan "la concienciación social del personal de la DG en relación con la crisis santaria del coronavirus parece existir a la vista de la existencia de correos electrónicos emitidos por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, así como una carta suscrita por el Delegado del Gobierno de fecha 13 de marzo (...)".

Otro folio del informe.

Todo lo recogido en estas primeras páginas del informe "no hace sino acreditar el conocimiento por parte de los máximos responsables de la DG, de los riesgos relacionados con el COVID-19, hasta el punto de tomar medidas concretas para evitar o minimizar sus efectos entre el personal de la Delegación de Gobierno".