10 de agosto de 2020
|
Buscar
EDICIÓN VERANO

La denuncia fue interpuesta contra ella en 2012 por la familia de la modelo violada en Ibiza presuntamente por un jeque saudi, socio de Urdangarin

Así se salvó Corinna de la Justicia española: El rápido archivo de una causa por "usurpación de funciones públicas"

Corinna.
Corinna.
La madre de la modelo presuntamente violada en Ibiza en 2008 por un Príncipe Saudí pidió en 2015 que se reabriera una causa contra Corinna por un delito de “usurpación de funciones públicas”. La denuncia fue interpuesta en junio de 2012 en el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, pero sólo duró una semana. El tiempo que tardó en archivarse el caso.

En la actualidad Corinna Larsen se ha convertido en el nombre más polémico en nuestro país a raíz de la investigación que el Fiscal suizo Yves Bertossa está llevando a cabo en el país helvético a cuenta del presunto blanqueo de dinero saudí. Una trama en la que han aparecido los testaferros de Juan Carlos I y la polémica alemana como beneficiaria de 65 millones de euros regalados por el Emérito y cuyo verdadero origen aún se desconoce.

No es la primera vez que la aristócrata germana se involucrada de una manera o de otra en un asunto judicial con la Familia Real Saudí como protagonista y ramificaciones que podrían afectar a miembros de la realeza española.

La familia de la modelo presuntamente violada por un jeque saudí en Ibiza en el año 2008, que intentó personarse sin mucho éxito como acusación particular y popular en el caso Urdangarín, solicitó a principios de 2015 reabrir la causa por un presunto delito de “usurpación de funciones públicas” contra Corinna zu Sayn Wittgestein, la célebre “amiga entrañable” del Juan Carlos. El caso ya fue denunciado en junio de 2012 y recayó, por si hubiera un delito penal, en el Juzgado de Instrucción nº 44 de Madrid, con el número de reparto 243075/12.

La titular (sustituta) de este juzgado, María Luisa Lázaro Trueba, archivó por entonces y en una sola semana el caso, dicen que debido a determinadas presiones, y solicitó una fianza de 6.000 euros a la familia de la modelo para empezar a investigar la causa. La defensa recurrió esta decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Madrid que volvió a dar la razón a la Jueza en su archivo, amparada en lo que decía la Fiscalía partidaria de que no había delito alguno en la actuación de la entonces princesa Corinna zu Sayn Wittgestein, a la que definían como “una persona que actúa como introductora del Rey en otros países, facilitando acercamientos”. Precisamente, el entonces Jefe del Gabinete Comunicación de la Casa del Rey, Javier Ayuso, presumió del archivo de la causa judicial, tres días antes de la notificación oficial de la resolución a las partes.

Eduardo Torres Dulce.

La madre de la modelo, María Mar Susana Cano Sánchez, asistida por el letrado Maximino Turiel Ibánez (Icam de Madrid, colegiado 27942) volvió a pedir al juzgado que se reabriera la causa judicial contra Corinna zu Sayn Wittgestein. Ante tal solicitud la jueza Lázaro Trueba pidió informe al Ministerio Fiscal, que siempre se ha mostrado reacio a abrir este procedimiento marcado como diligencias previas procedimiento abreviado 2136/2012. No hay que olvidar que de todo este escándalo tenía conocimiento directo el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, a quien la familia de la modelo facilitó por escrito toda la documentación.

En el último escrito de la jueza María Luisa Lázaro Trueba, fechado el día 27 de febrero de 2015, al que ha tenido acceso Elcierredigital.com, se indica textualmente que decida la Fiscalía que hacer con este caso:

“Dada cuenta: por recibidos los anteriores escritos del procurador D …, y sin perjuicio de no tener personado a dicho procurador al haberse confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid la resolución dictada en fecha 25 de octubre de 2012, dese traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informe sobre si procede la reapertura del procedimiento acordada por auto de 15 de junio de 2012”.

La defensa de la modelo argumenta, para interponer esta denuncia contra la princesa Corinna Zu Sayn, el artículo 402 del Código Penal, que dice que “el que ilegítimamente ejerciera actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”.

Pero lo más significativo de la denuncia, interpuesta el 8 de junio de 2012, radica en los últimos párrafos con los que se concluye la demanda, una información que ocho meses después ha hecho ahora saltar las alarmas de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y en determinados medios de comunicación, que entonces callaban:

“La señora Corinna zu Sayn, al menos indiciariamente, parece ejercer actos propios de autoridades y funcionarios, sin que conste que lo sea, cuales son organizar agendas del rey de España en visitas oficiales, viajar en aviones militares españoles, negociar en nombre de un monarca reinante, pasar por consorte o, al menos, autoridad de rango suficiente como para ser acogida en el estricto protocolo árabe etc.

Salvo error u omisión, no aparenta tener la legitimidad suficiente para hacer lo descrito, ya que ni siquiera es española ni consta contratada por ninguna administración pública.

Se atribuye presuntamente carácter oficial, puesto que así parecen reflejarlo sus actos. Tal y como se describen: es recibida con carácter oficial y, parece evidente, que para negociar u organizar agendas del rey de España se necesita dicha cualidad.

Incluso para el caso de que se demostrará su calidad de autoridad o funcionario español, las actividades que se le adjudican estarían prohibidas a los mismos”.

Los viajes oficiales de Corinna

Según esta denuncia interpuesta en junio de 2012, Corinna acompañó al Rey de España en varios actos oficiales usurpando presuntamente las funciones públicas que se le atribuyen por la Constitución española a la Reina Doña Sofía. En esta denuncia ya se indicaba textualmente que Corinna zu Sayn Wittgestein “fue agasajada como consorte del rey de España en un viaje a Emiratos Árabes, celebrado en noviembre de 2011”. También se indica que “la misma ha actuado en muchas ocasiones como representante del monarca ante gobernantes y empresarios en varios países árabes.... Incluso llegó a viajar en el mismo avión militar que traslado en 2006 a los Reyes a Riad”.

Corinna acompañando al Rey en un viaje. 

A su vez se mencionaban otros viajes reales a Kuwait y Emiratos Árabes, donde al parecer Corinna participó en la agenda oficial de la visita. También se recogen artículos de revistas donde ya se publicaban datos relativos a la relación de negocios entre Corinna zu Sayn Wittgestein y el rey de España. Para apoyar lo antes mencionado, la denuncia indica textualmente que: “podríamos referir múltiples informaciones de Internet que confirman lo escrito y aportar fotos. Adjuntamos una, numerada como 1, en la que la colocación y actitud de la referida señora, acompañada por miembros de la familia real, parecen las de una autoridad o funcionaria pública”.

La denuncia luego se amplió también al tema de la protección de la Guardia Civil a la princesa alemana bautizada en el alias policial como “Ingrid”; y a la mansión de El Pardo que ocupó durante sus estancias en Madrid, propiedad de Patrimonio Nacional y que también a costa del contribuyente se realizaron todas sus reformas. Según ya se indicaba por entonces en la denuncia, la Guardia Civil ha estado vigilando “permanentemente” el chalet de El Pardo donde vive Corinna Wittgenstein, la “amiga entrañable” del rey Juan Carlos. Y se afirmaba que “en el transcurso de la vigilancia de la benemérita se produjeron algunos incidentes con paparazzis o fotógrafos espontáneos, pues si alguien intentaba tomar fotos de la vivienda, se acercaban miembros del cuerpo armado para impedirlo. Por entonces el hecho de que la Casa Real facilitara escolta “permanente” a la princesa Corinna era considerado por los denunciantes como una prueba más a a añadir a los 15 indicios que se presentaron ante la jueza, pues “podrían tener alguna relevancia penal, política o administrativa”, ya que “no puede entenderse a que se debe esa labor de vigilancia a costa de los contribuyentes, sin constar que doña Corinna Wittgenstein la necesita (…)Indudablemente la querellada en este caso no es responsable de nada, pero sí podría existir responsabilidad de otros, por lo que entendemos que el juzgado debería investigarlo, bien en pieza aparte o abriendo diligencias y (…) librando cuando menos oficio a la Dirección General de la Guardia Civil”.

COMPARTIR: