Indignación entre los detectives privados españoles por las malas prácticas en el sector

El pasado 8 de julio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó la citación de Repsol y Caixabank como personas jurídicas investigadas por la presunta contratación del comisario José Manuel Villarejo para llevar a cabo una investigación privada contra el presidente de la empresa Sacyr, Luis del Rivero, cuando todavía se encontraba activo en el cuerpo de Policía. Debido a estos presuntos actos, el juez atribuye a las empresas los delitos de cohecho y de revelación de secretos.

El objetivo de la investigación era evitar que Luis del Rivero tomara el control de la petrolera española y fue bautizada como Proyecto Wine. Según Anticorrupción, entre el año 2011 y 2012 ambas empresas pagaron al menos 389.400 euros a Villarejo, que aún no se había jubilado en ese momento.

Las presuntas ilegalidades en la investigación no solo están relacionadas con la contratación de un funcionario público en activo, sino que también hacen alusión a la empresa de seguridad privada Cenyt a través de la que contrataron los servicios de Villarejo y que, según el juez, no estaba habilitada para ejercer actividades de seguridad privada.

El excomisario Villarejo.

Debido a la relación directa de este caso con el sector de la investigación privada en nuestro país y con el objetivo de defender su actividad, la Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados de España (ANADPE) ha decidido emitir un comunicado explicando la completa legalidad de los servicios que ofrecen los detectives privados en España y su inexistente relación con el caso mencionado anteriormente.

Tal y como explica ANADPE, “la investigación privada en España es una profesión regulada desde hace muchos años” y es llevada a cabo por profesionales con una “extensa formación universitaria” y una habilitación oficial otorgada por el Ministerio del Interior. Además, esta actividad se atiene a la Ley de Seguridad Privada, por lo que se encuentra completamente controlada por el Estado.

Para evitar casos como el del excomisario Villarejo, actualmente “existen medidas de control suficientes para que el servicio se preste con todas las garantías, siempre con un estricto respeto a los derechos de las personas investigadas”. El órgano que controla su correcto funcionamiento es la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Policía Nacional.

El problema surge cuando alguien contrata estos “supuestos servicios de investigación” al margen de la ley que los regula, como es el supuesto caso de Repsol y Caixabank. Un acontecimiento que no exime de culpa al cliente, ya que debe asegurarse previamente de que el detective al que quiere encargar un caso se encuentra debidamente habilitado.

Según la Asociación, las declaraciones de Repsol y Caixabank en las que afirman que carecían de los medios necesarios para conocer la situación administrativa de la empresa que contrataron son una excusa “carente de sentido común”, ya que cualquier persona puede acceder públicamente al Registro Nacional de Seguridad Privada y hacer las comprobaciones pertinentes.

Por último, ANADPE recuerda que la contratación de estos servicios fuera de la Ley puede “invalidar completamente” las pruebas que permitan proteger a las empresas y los accionistas contra agresiones externas, por lo que, para beneficiarse de estos servicios tan importantes, es imprescindible comprobar la correcta autorización de los despachos de detectives privados antes de su contratación.