Los casos de corrupción más famosos de la década prodigiosa de los noventa: del felipismo al aznarismo (II)

Las tramas políticas y urbanísticas mediante las cuales partidos políticos, presidentes, ministros y empresarios se han visto beneficiados llevan azotando al país en democracia desde hace más de 40 años. En esta nueva entrega repasamos los casos más importantes de la década de los 90.

Caso BOE

Carmen Salanueva, directora del Boletín Oficial del Estado con el PSOE, se vio implicada en un fraude de más de 1.000 millones de pesetas por la compra de papel prensa. El caso se remonta a 1989, cuando surgen las primeras denuncias sobre contratación de obras, maquinaria y gastos de viaje en el BOE. En mayo de 1991, Salanueva fue cesada de su cargo y poco después se detectaron irregularidades en la compra de papel y adjudicaciones directas a empresas sin implantación en el mercado, así como una total falta de planificación para estimar las necesidades de papel en el diario oficial.

Caso Filesa

En mayo de 1991 salió a la luz que el PSOE se financiaba a través de las sociedades Filesa, Time Export y Malesa, dedicadas a facturar millones a bancos, entidades financieras y grandes empresas a cambio de estudios de consultoría que nunca se hicieron. Entre 1988 y 1990, estas tres empresas facturaron más de 1.000 millones de pesetas, llegando una parte de ese dinero directamente a las arcas del PSOE. En 1997, el Tribunal Supremo condenó a los miembros y dirigentes del PSOE Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Josep María Sala, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Vivas y Eugenio Marín a diversas penas de cárcel y económicas.

Caso KIO-Ercros

Javier de la Rosa, empresario financiero catalán, financió y ayudó a través de la sociedad kuwaití KIO a varios partidos políticos. En enero de 1991, la petrolera francesa Elf adquirió la filial de Ercros y de KIO, Ertoil, mediante la sociedad luxemburguesa General Mediterranean Holding. Otro investigado en este caso fue Josep Piqué, quien sería más tarde ministro con el gobierno de Aznar, por su participación en esa venta.

Caso Ollero

Las consejerías de Economía y Obras Públicas de la Junta de Andalucía fueron acusadas de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, violación de secretos y fraude fiscal por el supuesto cobro de comisiones ilegales para financiar actividades del PSOE. Manuel Ollero, exdirector general de Carreteras de la Junta, fue condenado a un año de suspensión de cargo público por un delito de revelación de secretos y a una multa de 150.000 pesetas

Caso Renfe

La empresa pública pagó por unos terrenos en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes precios superiores a los abonados días antes, beneficiando de esta manera a un complejo entramado de sociedades que compraron o alquilaron gran parte de las fincas. Se intentó alterar el trazado inicial de un ramal de vía férrea para hacerla pasar por esos terrenos y así generar importantes plusvalías.

Caso Ave

En octubre de 1992 se descubrió que la empresa alemana Siemens consiguió de forma irregular, la parte más importante del contrato del Tren de Alta Velocidad (AVE). El Gobierno socialista aprobó un presupuesto de 62.500 millones de pesetas y el coste final llegó a 476.000 millones.

Caso Cruz Roja

Carmen Mestre, presidenta de la ONG por designación del gobierno socialista, fue denunciada por desviar donaciones y por tráfico de influencias en la venta de la sede de la Cruz Roja en Madrid.

Caso Ibercop o Rubio

Mariano Rubio, gobernador del Banco de España durante la etapa socialista, participó en una serie de operaciones a través de la empresa Ibercop, presidida por Manuel de la Concha. Por aquel entonces se informó de supuestas irregularidades en la venta masiva de acciones de la filial de Ibercorp, Sistemas Financieros (SF), habiendo facilitado la venta de parte de las acciones a algunos accionistas e inversores semanas antes de que se desplomara su cotización.

Caso Planasdemunt

Jordi Planasdemunt, consejero nacionalista de Economía de la Generalitat, se vio involucrado en un fraude de pagarés falsos a la sociedad financiera BFP por un importe superior a los 6.000 millones de pesetas. Fue condenado a siete años de prisión de los cuales solo cumplió tres por motivos de salud.

Caso Viajes Ceres

El Ministerio de Asuntos Sociales otorgó en 1988 una serie de subvenciones para crear una empresa que diera cobertura a los viajes de la tercera edad. Después resultó que la sociedad en cuestión había desviado 833 millones de pesetas a una filial de Filesa, Viajes Ceres.

Caso Funespaña

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP privatizó la empresa funeraria por 100 pesetas y años después la empresa ganaba cientos de millones. Fueron procesados por esa concesión Luis María Huete, primer teniente alcalde, y Simón Viñals, concejal de Sanidad del Ayuntamiento.

Caso PSV

La constructora PSV, del sindicato UGT, entró en quiebra con un fraude de 20.000 millones de pesetas y más de 18.000 cooperativistas afectados, quienes habían invertido 54.300 millones de pesetas. Carlos Sotos, exdirector de PSV, fue condenado por apropiación indebida y UGT tuvo que indemnizar a los cooperativistas afectados con un máximo de 78 millones como “responsable subsidiaria”.

Caso Primas Únicas

Caixa Vigo incurrió en irregularidades de titularidad de las llamadas “primas únicas”, conocidas como “Seguricav”, para evitar el pago de impuestos, defraudando así una cantidad que rondaba los 900 millones de pesetas.

Caso Banesto

Mario Conde, presidente del Consejo de Administración de Banesto, ingresó en prisión por los delitos de apropiación indebida, al haber estafado 7.000 millones de pesetas, y de falsedad documental y maquinación.

Caso Fondos Resevados

Hasta 28 altos cargos del Ministerio del Interior cobraron un sobresueldo de la partida de los Fondos Rervados.

Rafael Vera

Rafael Vera, exsecretario de Estado de Interior, incrementó su patrimonio en más de 800 millones de pesetas. Además de Vera, Julián Sancristobal, exdirector de la Seguridad del Estado; José María Rodríguez Colorado, exdirector de la Policía; Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil; e Iñaki López, exgobernador de Vizcaya, fueron condenados a diversas penas por incrementar su patrimonio de esta manera.

Caso Soller

Gabriel Cañellas, presidente del Govern balear, adjudicó a su socio empresarial la construcción y explotación del túnel de peaje de Soller (Mallorca), a pesar de que su sociedad había quedado tercera entre las cuatro opciones que se presentaron al concurso.

Caso Palomino

El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones en cuatro años tras un pelotazo inmobiliario facilitado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Caso Tibidabo

Javier de la Rosa cometió una serie de irregularidades en la gestión de la sociedad Grand Tibidabo, incluida una estafa de 7.000 millones de pesetas y el supuesto uso personal de 1.000 millones de un crédito de 2.030 millones avalado por la Generalitat. La Audiencia Provincial de Barcelona sentenció a tres años de cárcel a De la Rosa por haber acabado con los ahorros de 10.000 pequeños accionistas. Finalmente, tras pasar 117 días en prisión, salió al abonar una fianza de 1.000 millones de pesetas.

Caso GAL

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron financiados y creados por la cúpula del Ministerio del Interior con el fin de atentar y asesinar a miembros de la banda terrorista ETA, desarrollando su mayor actividad entre 1983 y 1986. El Tribunal Supremo condenó por secuestro y malversación de caudales públicos a José Barrionuevo (ministro del Interior) Rafael Vera (secretario de Estado) Francisco Álvarez (comisario jefe de la Lucha Antiterrorista), Miguel Planchuelo (comisario jefe de la Brigada de Información de Bilbao), Julián Sancristobal (exgobernador civil de Vizcaya y director de la Seguridad del Estado), José Amedo (subcomisario de la Jefatura de Policía de Bilbao) y Michel Domínguez (Inspector de policía).

De los GAL también se desprenden el caso Lasa y Zabala, en el que los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala fueron torturados y asesinados en el año 1983. Por estas muertes fueron condenados el entonces comandante de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, el exgobernador de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga y los guardias civiles Enrique Dorado Villalobos y Eliseo Bayo.

Caso Papeles del CESID

El Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) grabó y archivó durante años cintas con conversaciones telefónicas de importantes personalidades, incluido el Rey Juan Carlos. Por estos hechos dimitieron de sus cargos Narcis Serra (vicepresidente del Gobierno), Julián García Vargas (ministro de Defensa) y el general y director del CESID Emilio Alonso Manglano.

Caso Alierta o Tabacalera

Luis Javier Placer, sobrino de César Alierta (presidente de Tabacalera) ganó 309 millones de pesetas tras comprar y vender acciones de esta empresa en solo seis meses, aprovechándose de la información privilegiada que le llegó a través de su familia. César Alierta fue absuelto por el Tribunal Supremo en 2010 por prescripción del delito.

Caso casmisetas 

Jesús Gil y Gil, presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, desvió 450 millones de pesetas del Ayuntamiento malagueño al equipo rojiblanco.

Jesús Gil desvió 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid

En abril de 2002 el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de inhabilitación realizada por la Audiencia Provincial de Málaga contra Jesús Gil y ese mismo mes dimitió como alcalde de Marbella.

Caso Saqueo de Marbella I

Jesús Gil se apropió de 4.200 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella, como contó el diario El Mundo. Tras la publicación de esta información, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Gil y Juan Antonio Roca, gerente de urbanismo, entre otros.

Caso Huget-Aguiar

Josep María Huguet Torremadé, exjefe de inspección de Hacienda de Cataluña y Ernesto de Aguiar Borrás, exdirector general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, se vieron implicados en una trama de corrupción de Hacienda en Cataluña. Debido a este caso, Josep Borrell, secretario de Estado de Hacienda tuvo que dimitir como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en mayo de 1999.

Caso Atlético

La Fiscalía Anticorrupción se querelló contra Jesús Gil y otras seis personas, entre ellas sus dos hijos, por el fraude de unos 4.000 millones de pesetas y la apropiación indebida de casi 9.000 millones de pesetas pertenecientes al patrimonio del Atlético de Madrid. Gil fue condenado a tres años y medio de cárcel y obligado a devolver el 95 por ciento de las acciones del club.

Caso Telefónica

Juan Villalonga usó información privilegiada cuando era presidente de Telefónica para la compra de acciones de la compañía. La polémica provocó su dimisión.