Sanidad pagó un ocho mil por ciento más por batas a proveedores chinos que a los españoles

Según la documentación comprobada por elcierredigital.com el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), órgano dependiente del ministerio de Sanidad de Salvador Illa comenzó comprando las batas sanitarias a empresas españolas a 0,3267 euros la pieza y acabó pagándolas a una empresa china a 18,50 dólares USA  (16,84 euros).

Para llevar a cabo la compra de material el Real Decreto de Estado de Alarma tenía previsto que el ministerio de Sanidad podía usar contratos de emergencia adjudicados por el Ingesa "con objeto de ayudar a paliar la pandemia que asola a España, al amparo de la previsión establecida en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) con respecto a la tramitación de emergencia".

El primero de los contratos suscritos con una empresa española.

Así, el 20 de marzo de 2020 Alfonso María Jiménez Palacios , director del Ingesa, firmó un contrato con Carmen Victoria Martín-Hondarza Sobrino, en representación de Medline International Iberia S.L., con domicilio social en San Fernando de Henares (Madrid) para "el suministro de guantes y batas". La entrega debía hacerse, según el contrato "en el plazo de 3 días naturales desde la firma de este contrato, en los lugares que se señalan en el anexo 3". El citado documento recogía hasta 20 lugares diferentes repartidos por toda la geografía española. En esa ocasión se compraron 40.890 batas impermeables de la talla L a 0,3267 euros por un total de 13.358,76 euros y 1.140 piezas similares de la talla XL a 0,3146 por valor de 358,64 euros. El total de batas fue 13.717,40 euros. Ese precio ya incluía el IVA del 21 por ciento.

El primer contrato firmado con los chinos.

Tres días después, el 23 de marzo, cuando la pandemia golpeaba fuerte el Ingesa firmaba un nuevo contrato para comprar batas y guantes de nuevo. En esta ocasión la empresa elegida por el mismo sistema de contratación de emergencia fue Suministros Hospitalarios S.A., representada por Stephen John Whitehouse como director general de la misma, con domicilio social en Badalona. La empresa se comprometió a entregar las batas en el plazo de "2 días naturales desde la firma de este contrato, en los lugares que se señalan en el anexo 3", en total 13 provincias. El importe total del contrato, incluyendo IVA, fue de 250.265,51 euros. Fueron 606.200 batas desechables al precio de 0,2783 euros IVA incluido, en total 168.705,46 euros. También compraron 39.950 batas de protección impermeables a 1,8634 euros cada una, en total 74.442,83. La suma por ambas compras ascendió a 243.148,29. El resto se destinó a adquirir 173.000 guantes.

Ahora bien, tres días después el mismo organismo, el Ingesa por medio de su director general, Alfonso María Jiménez Palacios, contrata de nuevo un suministro de batas desechables, en esta ocasión 2.500.000 piezas a la empresa China National Instruments Import & Export Group Corporation, el precio fue de 12,88 dólares por cada pieza. Muy lejos de los 1,86 euros que costaron las anteriores. En esta ocasión se gastaron 32.200.000 dólares, 38.960.007,39 euros.  Esta empresa pertenece a China General Technology Group, un conglomerado estatal chino que abarca las áreas de fabricación de maquinaria, productos farmacéuticos, contratación de ingeniería, construcción y bienes raíces, y consultoría técnica. Es decir, una empresa estatal china con sede en Pekín.

                            Alfonso Jiménez Palacios en una foto antigua.

Justo un día más tarde, el 27 de marzo, el mismo órgano del ministerio contrata con la empresa, también china, Weihai Textile Group Import & Sport CO., LTD, medio millón de batas desechables por importe de 18,50 dólares cada una por un total de 9.250.000 dólares (11.034.969,49 euros). En un día el precio de las batas habían subido casi 6 dólares, pero en una semana el precio subió de 0,3146 euros a 18 dólares, unos 22 euros. Esta empresa está ubicada en el número 16 de la avenida Shichang, Huancui District, Weihai, Shandong, China.

El último de los contratos firmados con una empresa china.

Es llamativa la diferencia entre las dos empresas españolas y las dos empresas chinas en un plazo de solo siete días. Se desconocen las causas por las que el Ministerio comenzó a contratar en China a pesar de que se dispararon los precios, quienes fueron los intermediarios españoles ni la comisión que se llevaron. De hecho en los contratos con China no aparecen los firmantes por parte de las empresas.

Según ha podido saber elcierredigital.com un particular que ha investigado estos contratos pondrá a disposición de la Fiscalía Anticorrupción toda la información disponible sobre los mismos para su estudio legal por parte de la citada institución.

El Ministerio de Sanidad ya protagonizó dos sonados escándalos con las compra de tests para realizar pruebas del COVID-19. Primero fue una partida defectuosa de 640.000 tests de detección rápida cuya sensibilidad era inferior al 30%, es decir, capaces de detectar un positivo solo en el 30% de los casos, y cuya partida inicial de 9.000 muestras fue devuelta al fabricante. Poco después el Ministerio adquirió un nuevo cargamento de un millón de test que ofrecían una sensibilidad inferior al 50 por ciento, cuando lo exigible es un porcentaje cercano al 80 por ciento.

En un comunicado difundido el pasado 26 de marzo, un día después de que estallara el escándalo, tanto el Ministerio de Sanidad como Presidencia del Gobierno informaron de que los tests fueron devueltos a la empresa china Shenzhen Bioeasy Biotechnology, pero que contaban con la homologación europea necesaria para su compra y comercialización en todo el territorio de la UE. En esta ocasión, tampoco el Gobierno español dio los nombres de los intermediarios.