Funeral de Berlusconi: El día que el juez Garzón quiso llevar a la cárcel al magnate televisivo y exprimer ministro italiano

Este miércoles Italia despedía a su exprimer ministro Silvio Berlusconi. La catedral de Milán albergó el funeral de Estado con honores militares del también magnate televisivo, fallecido este lunes a los 86 años después de luchar contra la leucemia que padecía. Allí se reunieron tanto autoridades de su país como del resto de Europa, además de muchos de los seguidores de su club de fútbol –el AC Milan–, que vendió en 2017.

El fundador de Forza Italia cambió el paradigma político en Italia. A medio camino entre el populismo clásico y el liberalismo salvaje llegó a ser Primer Ministro italiano en tres ocasiones, fue dueño de una personalidad llamativa y su irrupción en el mundo empresarial y político sorprendió en toda Europa por su forma de entender el servicio público. 

En el mundo de la comunicación, el llamado Il Cavalieri de Milán dejó una profunda huella, llegando a ser una figura con mucho poder en España. Su legado se empezó a forjar en los años 70 con la compra de varios periódicos locales italianos y la creación de Canale 5, hasta completar a la fundación de la compañía Fininvest en 1978 –un conglomerado de todas sus posesiones de televisión, prensa, edición, Internet y publicidad conocido hoy como Mediaset– y fusionarse con Mediaset España con la compra de Telecinco por 276 millones de euros en 2002. 

En estos años, Berlusconi contaba con la protección política de Bettino Craxi, el que fuera Primer Ministro italiano por el Partido Socialista Italiano (PSI) y que acabó exiliándose del país tras varias condenas por corrupción. 

Silvio Berlusconi.

Sin embargo, el entramado financiero de Berlusconi tocó techo, llegando a hacerse con el control absoluto de la cadena televisiva junto a su aliado Miguel Durán –entonces al frente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE– y vulnerando el límite legal, entonces establecido en un 25 por ciento de participación accionarial para cada uno. Según la investigación de la Audiencia Nacional, sus negocios fueron constitutivos de un presunto fraude fiscal a las arcas del Estado español, entre 1990 y 1995, de 90.151.815 euros (más de quince mil millones de pesetas).

Juan Luis Galiacho, director de elcierredigital.com, relata en su libro 'Miguel Durán: Del cielo al abismo' los detalles de estos entresijos y movimientos bancarios –presuntamente de dudosa legalidad– que podrían haber terminado con el exprimer ministro italiano entre rejas por el llamado 'caso Telecinco'.

Los negocios de Miguel Durán y Silvio Berlusconi

Durante estas fechas, Miguel Durán, ex director general de la ONCE, desvió ilícitamente hacia sus sociedades patrimoniales al menos 1.100 millones de pesetas, fruto de la venta de acciones de Tele 5. Así consta en el auto que el 27 de marzo de 1998 dictó el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción en el llamado 'caso Telecinco'.

En el auto, Garzón empleaba los términos "enriquecimiento indebido" y "desplazamiento patrimonial injustificado", y textualmente afirma que "se procuró un negocio jurídico ficticio para encubrir un beneficio tan ilícito como personalísimo en favor de Miguel Durán".

Miguel Durán.

Las desviaciones monetarias se iniciaron en diciembre de 1991, cuando se traspasó un ocho por ciento del capital total que poseía Promociones Calle Mayor, 4.000 millones de pesetas, a la empresa instrumental de Silvio Berlusconi, Deinde, con sede en el Banco Internacional de Luxemburgo.

El informe de la Fiscalía Anticorrupción relata que "el grupo Fininvest compró el paquete del ocho por ciento de Tele 5, con lo que su participación en la cadena superó, aunque fuera clandestinamente, el límite legal, ascendiendo hasta el 33 por ciento, vulnerando no sólo la Ley Administrativa, sino orquestando toda una maniobra falsaria con la colaboración fundamental de Santiago Muñoz Machado y Miguel Durán".

En 1992, Silvio Berlusconi y Miguel Durán decidieron una nueva transmisión de acciones de Tele 5, con el fin de distribuir, supuestamente, un cinco por ciento del capital de Promociones Calle Mayor entre sus directivos. Para ello, se empleó como intermediarias a las sociedades Octubre de Comunicación S.A y Televisión y Espectáculos S.A., ambas constituidas en el despacho de Muñoz Machado.

En este contrato se establecía que, si bien el valor de las acciones que se transmitían era de 1.600 millones de pesetas, "el precio que ha sido necesario satisfacer para hacer efectiva la transmisión de las acciones asciende a 3.376 millones de pesetas". De esta manera, de nuevo se desviaban 1.776 millones del patrimonio de Tele 5 hacia las cuentas personales de Miguel Durán y sus socios. Todas estas operaciones se realizaron con el visto bueno de Silvio Berlusconi.

A cambio de colaborar en estas operaciones supuestamente fraudulentas, el exprimer ministro italiano llegó a tener de manera “clandestina” hasta al menos un 65 por ciento del capital social de Telecinco. Una cifra que la Fiscalía de Milán aumentó hasta el 80 por ciento.

El informe de KPMG afirma que “en 1993 la ONCE recibió primero 2.625 millones de pesetas y más tarde una suma en torno a los 1.500 millones de pesetas, que habría sido versada por la SBF (Silvio Berlusconi Financiaría) a través de la sociedad Rodenko, del compartimento reservado de Finivest”. A cambio, la ONCE, de Durán, concede una irrevocable y exclusiva orden de venta de un paquete del 25 por ciento de las acciones de Telecinco, valoradas en 49.000 millones de liras.

El 'caso Telecinco' que pudo llevar a prisión a Berlusconi

El caso Telecinco se destapó a raíz de la famosa amnistía fiscal concedida por el gobierno socialista en 1996. La Fiscalía Anticorrupción inició sus investigaciones gracias a una información de la Fiscalía de Milán, que avisó que en el registro de una sede de Fininvest había aparecido documentación según la cual Berlusconi dominaba más del 80 por ciento de las acciones de la cadena.

Al mismo tiempo, los fiscales españoles comprobaron que la Agencia Tributaria, por su cuenta, había inspeccionado a compañías ligadas a la cadena de televisión como Telefuturo, Gestevisión y Publiespaña, dentro de los 600 expedientes incluidos en la supuesta amnistía fiscal del PSOE denunciada por el entonces líder de la oposición José María Aznar. La Unidad de Vigilancia contra el Fraude abrió el expediente 20/96 contra Telecinco.

Tres equipos diferentes de Inspección Tributaria apreciaron indicios de delito fiscal al inspeccionar las sociedades del grupo televisivo y solicitaron que se comunicara a la Fiscalía, sin embargo la dirección de la Agencia Tributaria no lo hizo. Ante este hecho, Anticorrupción reclamó los expedientes administrativos, que no se le enviaron por parte de la dirección de la Agencia Tributaria hasta un día después de la fecha en que los delitos habían prescrito.

La prescripción judicial finalmente no se produjo. La Fiscalía, a pesar de no disponer de los expedientes oficiales, denunció el caso el 23 de julio de 1997 ante el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era Baltasar Garzón, que de inmediato abrió las diligencias 262/97 y registró las oficinas de Tele 5.

El 21 de diciembre de 1995, una vez iniciada la inspección de Hacienda a Tele 5, envió a Giovanni Acampora, uno de los máximos responsables del grupo Berlusconi, un documento en el que explicaba todos los pasos dados por la Agencia Tributaria. Días después, el 30 de enero de 1996, Sebastián Enseñat abogado en España de Berlusconi, contestando a un previo requerimiento de Acampara, enviaba hasta la sede del grupo en Milán "las dos leyes que regulaban la financiación de los partidos políticos españoles". También le indicaba que "los donativos a partidos políticos españoles no son constitutivos de delito". Este cruce de cartas se realizó en fechas próximas a las elecciones generales de 1996.

Berlusconi en el medio, junto a otros cargos de Fininvest.

Por eso, para la administración judicial española, “si las sospechas no son fundadas, si los pagos a los destinatarios anónimos son inocentes, es de suponer que la defensa no debería tener inconveniente para retirar sus recursos ante el Tribunal Suizo. Es de suponer, también, que los imputados Berlusconi, Dell´Utri y Alfredo Messina (máximo responsable de Fininvest después de aquellos) y el tesorero Giorgi Vanoni podrían haber revelado quiénes son los destinatarios de aquellos pagos cuando han sido interrogados al respecto. Todos han manifestado desconocerlo, no recordarlos o no querer contestar en uso de sus derechos constitucionales. Por ello, el Juzgado está obligado legalmente a proseguir sus investigaciones para tomar una decisión al respecto”.

Los documentos contables certifican que la cadena Telecinco, que presidía por entonces Miguel Durán, pagó cantidades millonarias a una red de empresas radicadas en países con convenios fiscales especiales y controladas por el grupo Fininvest, en contra de lo que el político italiano siempre ha declarado. El grupo italiano no sólo vulneró la Ley Administrativa, sino que "orquestó toda un maniobra falsaria con la colaboración fundamental de Muñoz Machado y Miguel Durán", afirma la justicia española.

Baltasar Garzón.

Esta red, según el juez Garzón, "está constituida a través de múltiples sociedades y personas interpuestas, testaferros, fiduciarios, y cuentas anónimas o de titularidad oculta ubicadas en diferentes paraísos fiscales". Es lo que se denomina el entramado financiero exterior del grupo Fininvest, oculto para España e Italia. La red creada por Berlusconi en España estaría ligada a la sociedad Arnaboldi, "grupo empresarial italiano que carece de toda actividad, y estaría dedicado exclusivamente a la emisión y venta de facturas falsas".

Entre las facturas descubiertas, "con el objeto de reducir sus responsabilidades tributarias", se incluyen como principales sociedades instrumentales a Arner KFT (Hungría), Magyar (Hungría), Warner Investments Kereskedelmi (Hungría), Reteeuropa (Holanda) y Rinoba (Holanda).

Estas empresas eran utilizadas por el grupo Berlusconi para la compra por parte de Telecinco de derechos cinematográficos y deportivos. Así, desde 1991 a 1994, periodo de presidencia de Miguel Durán, se desviaron al menos hacia estas sociedades 21.824 millones de pesetas de las arcas de Tele 5, mientras la deuda de la cadena en España crecía hasta 58.000 millones de pesetas.

Muchos son los contratos que atestiguan esta relación. Por ejemplo, el acuerdo por el cual Telecinco se obliga a comprar a Redespaña, una de las empresas del grupo Berlusconi, la totalidad de la producción cinematográfica americana y el 50 por ciento del resto de la producción que pudiera adquirir la cadena. En virtud de este contrato la empresa de Berlusconi podía establecer libremente el precio y la composición de los paquetes que Telecinco debía comprar.

Los derechos del contrato suscrito en primer lugar con Redespaña pasaron luego a Reteeuropa B.V. y después a Rinoba, sociedades con sede en Holanda. Estos acuerdos provocaron que las cuentas de Telecinco cayeran en picado, mientras que los beneficios del grupo Berlusconi crecían de forma espectacular, dándose la paradoja de que gran parte de la deuda que llegó a comprometer la estabilidad económica de la cadena estaba originada por contratos suscritos con el dueño de la misma, es decir, Berlusconi, cuyas empresas, además, modificaron a su antojo los estados contables de las diferentes sociedades que controlaba, incluido los de Telecinco.

Absolución de los investigados por la Audiencia Nacional

En 2007, la Audiencia Nacional absolvía a los implicados en el 'caso Telecinco', entre ellos, el ex director general de la Once y ex presidente de la cadena, Miguel Durán, los accionistas Santiago Muñoz Machado, Javier de la Rosa, Rafael Álvarez-Buiza, Ángel Medrano, Juan Carlos López-Cid, Alfredo Messina y Giovanni Acampora –los dos últimos hombres de Silvio Berlusconi–.

Respecto al magnate televisivo italiano, el juez Baltasar Garzón se vio obligado a dejar en suspenso los delitos que se le imputaban a causa de su inmunidad como parlamentario y primer ministro. A los investigados, incluido Berlusconi, se les acusaba de "elaborar un entramado jurídico-negocial ficticio para encubrir la violación de la Ley de Televisión Privada y violar la Ley tributaria". Pudieron llegar a defraudar a Hacienda más de 90.151.815 euros (quince mil millones de las antiguas pesetas), que se tradujeron en solicitudes de prisión de hasta 14 años que no llegaron a cumplirse por prescribir los delitos.