Crisis en Bolivia: Detienen a una colaboradora de Juan Ramón Quintana con 100.000 dólares que sacaba del país

Según Murillo, la mujer trabajaba en la filial de la venezolana PDVSA en Bolivia, entidad que depende del Gobierno de Venezuela y que, a su juicio, “ha estado financiando el narcoterrorismo” en Bolivia y en otros países de la región.

Por su parte, entre lágrimas, María P. rechazó las acusaciones: “Es falso, yo no lo conozco a Ramón Quintana, tuve la mala suerte de trabajar en el pasado Gobierno”. Tras una primera intervención de Murillo, María P. tuvo un diálogo con los periodistas presentes en la improvisada rueda de prensa a quienes aseguró que el dinero que trasladaba era para “pagar sueldos, viáticos (dietas) y hotel de las personas que están trabajando” en la empresa venezolana.

La mujer reconoció que fue funcionaria del anterior Gobierno, aunque aseguró que se desvinculó de la función pública porque supuestamente le exigieron afiliarse al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales. María P. admitió que cometió el “error” de no declarar la cantidad de dinero que llevaba por evitarse problemas con la Aduana boliviana.

La Fiscalía boliviana solicitó el pasado 8 de enero una orden de detención internacional contra el expresidente Evo Morales que se encuentra en Argentina tramitando su asilo y varios miembros de su gobierno a los que se acusa de un delito de sedición.

Los exministros Quintana, Javier Zavaleta y Wilma Alanoca, entre otros funcionarios del gobierno anterior, están asilados desde noviembre en la residencia de la embajada de México ante la negativa de las autoridades bolivianas de otorgarles el salvoconducto para su salida del país. Fue a estas personas, en concreto a Juan Ramón Quintana a quienes fueron a visitar el cónsul y la encargada de negocios españoles en Bolivia el pasado día 27 motivando el incidente internacional entre España y Bolivia cuando cuatro miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.

Conflicto con España

Hay que recordar que el conflicto arrancó el pasado 27 de diciembre cuando la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y el cónsul en La Paz, Álvaro Fernández, se dirigieron a la residencia oficial de la Embajada de México en dos coches a las ocho de la mañana, pero a la salida varios vecinos congregados en la zona impedían el paso de dos vehículos y personal de seguridad español -al menos cuatro individuos- salieron del coche encapuchados y presumiblemente armados, según las autoridades bolivianas, que consideraron este acto un "atropello" a la soberanía de Bolivia.

Pasaporte que pertenece a un relevo de los GEO, un miembro de la UIP, en concreto.

Para terminar de enredar el asunto la embajada española en La Paz había comunicado un día antes al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bolivia el retorno de seis miembros del cuerpo diplomático a través de una nota verbal fechada el 26 de diciembre, un día antes que se produjera el incidente en la Embajada de México. El documento oficial filtrado a la prensa contiene nombres y apellidos de los seis y sus números de pasaporte, lo cual ha sido criticado por sindicatos policiales españoles. La nota verbal explica a la Dirección General de Ceremonial de Estado que "el 28 de diciembre regresarán a España el personal que ingresó el pasado 14 de noviembre como apoyo técnico a la legación diplomática.

Se trataría de seis miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. El conflicto surgió al confundir estos nombres con los pasaportes de otros miembros de la UIP que acudieron a La Paz a relevar a sus compañeros, con quienes fueron confundidos y por tanto, los nombres de los pasaportes de los que entraban no coincidían con los nombres de los que salieron.

Uno de los GEOS bajando del vehículo diplomático español.

Nadie cree que los miembros del GEO fuesen a sacar a personas de la embajada de México para llevarlas a la embajada española o a otro lugar. "Ni siquiera los propios bolivianos, pero algo tienen que argumentar. Solo sería trasladar el problema de lugar y nada ganaría el gobierno español con ello", aseguran las fuentes consultadas.

Pasaportes reservados al CNI

Desde el gobierno español se ha asegurado que era una visita "cortesía" y negó que pretendieran facilitar la salida de los antiguos altos cargos del Gobierno del expresidente Evo Morales. Dentro la residencia de la embajadora mexicana, Teresa Mercado, se encuentran nueve antiguos dirigentes en calidad de asilados políticos, cuatro de ellos con orden de búsqueda y captura por parte del gobierno boliviano. La ministra de Exteriores en funciones, Margarita Robles, ya ha anunciado una investigación al respecto.

Juan Ramón Quintana.

Las cuatro personas en búsqueda y captura, refugiadas en la embajada mexicana, son el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana; la exministra de Cultura Wilma Alanoca; el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

Ésta es la valija diplomática que los GEO introdujeron en el país durante su llegada en noviembre.

En los primeros momentos a los expertos en Seguridad también les llamó poderosamente la atención que en una visita de "cortesía" los agentes fuesen equipados con chalecos antibalas. "Quien los mandó esperaba exactamente esa reacción y los agentes sabían realmente a los que iban, a ninguno le pilla por sorpresa". añaden. Sin embargo, fuentes consultadas por elcierredigital aseguran que "es normal que en estas misiones en países con cierta conflictividad los policías lleven chalecos antibala".

Relaciones excelentes con la DEA

La Policía Nacional española mantiene excelentes relaciones con la DEA o agencia antidroga norteamericana. Sin embargo, las relaciones oficiales pasan siempre por el CNI, aunque en fuentes policiales nadie niega que si llega el momento y alguien hace una llamada a un colega del otro lado del mundo ambos se prestarán la ayuda necesaria, aunque luego sea fiscalizada por el CNI.

Contra Quintana, el exnúmero dos del Gobierno de Evo Morales, se han lanzado varias acusaciones por presuntos vínculos con organizaciones de narcotráfico, en parte como resultado de su estrecha relación con Mayerling Castedo, quien fue detenida en junio de 2019 por estar presuntamente involucrada en el clan "Candia Castedo", en la provincia de Moxos, departamento del Beni.

Juan Ramón Quintana es un polémico exmilitar, formado en la tristemente conocida Escuela de las Américas, con estudios de Sociología y Filosofía, todo ello antes de renunciar al Ejército en 1997 e incorporarse definitivamente a la política de la mano de Evo Morales. Antes pasó por Cuba, donde recibió adiestramiento. Desde las propias filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, ya señalaron a Quintana, acusado en 2008 por un caso de contrabando de camiones con destino a Brasil, sin embargo el caso finalmente fue archivado por la mayoría del partido de Morales en la comisión del Congreso.

Mayerling Castedo.

Mayerling Castedo era una alta dirigente del MAS, secretaria del departamento de Gobernación de Beni. Tras la desarticulación del clan de narcotráfico "Candia Castedo", se conoció la involucración de Mayerling Castedo Molina.

La operación contra esta organización arrancó tras la incautación de una avioneta con 302 kilos de droga en la provincia de San Pedro, en Paraguay, donde fue detenido un piloto boliviano, sobrino de Castedo. Tras la detención de Castedo, circuló en las redes sociales diferentes fotografías en la que se ve a Mayerling Castedo junto a varias autoridades como el entonces gobernador del Beni, Alex Ferrier, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el expresidente Evo Morales. Ella ha negado siempre cualquier implicación en narcotráfico.

Castedo Molina fue fiscal de Materia, exsecretaria de Desarrollo Humano en la gestión del gobernador Alex Ferrier, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Beni, asesora de la Asamblea Departamental y de varios municipios benianos. Ingresó en julio de 2019 en el penal de Mocovi junto a su hija Joyci Candia Castedo en prisión provisional.

Parece por tanto muy posible, que la DEA esté interesada en conocer los vínculos de Quintana con el narcotráfico si es que estos existieran y es un interés legítimo dentro de la lucha contra el narcotráfico que llevan a cabo en todo el continente.

Días después el gobierno boliviano ha continuado acusando al español de intentar extraer pruebas de la supuesta financiación de Podemos e incluso ha pedido que se investigue a fondo el informe del coronel Cardona Álvarez de febrero de 2015 en el que se denunciaba la ayuda económica que habría recibido Podemos por parte del gobierno de Evo Morales. El nuevo gobierno boliviano acabó expulsando del país a la embajadora de México y al cónsul y la encargada de negocios españoles.