El Valle de los Caídos permanecerá cerrado hasta que los restos de Franco sean trasladados a Mingorrubio

El Consejo de Ministros ha decidio este viernes en sesión ordinaria exhumar y trasladar los restos de Francisco Franco desde el Valle de los Caidos hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio antes del 25 de octubre.

Asimismo, la vicepresidenta ha anunciado que se invitará a la familia de Franco 48 horas antes de producirse la exhumación para que estén presentes durante todo el proceso.

Esta medida se toma después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal dictase una providencia en la que responde a la última petición de los Servicios Jurídicos del Estado y también, que “ya” puede ser ejecutada por el Gobierno. Son tres autos en los que deja sin efecto la suspensión que aún pesaba sobre los recursos pendientes sobre este asunto presentados por la Fundación Franco, la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y la Comunidad Benedictina en el Valle. Dichos recursos tienen que dar lugar aún a otras tantas sentencias que se conocerán en los próximos días.

Tras ello quedó solventado de forma definitiva el expediente judicial, que fue remitido al Consejo de Ministros permitiendo que éste pueda ahora ejecutar su decisión y sacar del Valle los restos del dictador.

Los magistrados explican que la sentencia dictada el pasado 30 de septiembre rechazando el recurso de la familia Franco es por sí misma título legítimo bastante para llevar a cabo las actuaciones previstas por los acuerdos del Consejo de Ministros en febrero y marzo pasados, y por tanto acceder a la Basílica para proceder a la exhumación.

En cuanto a los tres autos, uno en relación a cada una de las entidades antes citadas, la Sala argumenta que la medida debe levantarse tras la resolución del recurso de la familia Franco, pues dicha sentencia ha alterado los presupuestos sobre los que se adoptó la medida cautelar de suspensión, que afectó a la primera fecha prevista para el Gobierno para estos trabajos el pasado 10 de junio.

En este punto, el Alto Tribunal insiste, al igual que hizo en la sentencia que “atendidos los intereses en conflicto ha de darse una significativa prevalencia a los intereses generales”.

Concentración fascista en el Valle de los Caídos. 

Entre sus argumentos, los benedictinos acusaban al Estado de “desprecio y ninguneo” a las razones invocadas en su demanda, y decían también que no existía en la sentencia que avaló la exhumación pronunciamiento alguno sobre la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la Abadía.

A este respecto, la Sala señala en uno de sus autos, el de la pieza referida a la comunidad religiosa, que no considera procedente entrar en este momento en el examen de las diferencias que pueda haber entre las alegaciones de una y otra parte, el recurso de la comunidad benedictina será resuelto en breve, y tampoco ve comprometida su decisión por la postura que pueda adoptar en su día el Tribunal Constitucional en caso de que esta parte recurra a dicha instancia.

Rechazo también el recurso contra el informe de obras 

Por otro lado, el Supremo ha dictado  una quinta resolución, una providencia en la que deniega la personación en este asunto del particular que presentó en un juzgado contencioso de Madrid un recurso contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que avalaba las obras para sacar los restos.

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty, suspendió cautelarmente la licencia de obras al aceptar dicho escrito.

Los magistrados rechazan esta petición, ya que no se trata ni de una persona "afectada" o "interesada" en este procedimiento. Este particular pretendía estar presente en el recurso de la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Asimismo, recuerdan en esta providencia que es esta Sala el único órgano jurisdiccional competente para enjuiciar la "legalidad de los actos y disposiciones del Consejo de Ministros, así como las incidencias acaecidas en su ejecución".

La Sala Tercera del Supremo ya afirmó en sentencia firme que la exhumación no requería de licencia municipal al tratarse de una obra menor, que ha sido acordada además por el Consejo de Ministros.