17 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Según el Tribunal de Cuentas no se puede reclamar mayor cantidad a los hijos del exalcalde porque es la herencia que legalmente se han adjudicado

Los 108 millones de euros que los hijos de Jesús Gil debían a Marbella quedan rebajados a unos insignificantes 4,7 millones de euros

La familia Gil Marin al completo.
La familia Gil Marin al completo.
Han pasado ya seis años, pero nadie ha ejecutado la sentencia condenatoria del Tribunal de Cuentas. La familia de Jesús Gil, condenada a pagar 108 millones de euros por desfalco a los ciudadanos de Marbella, maniobró de tal manera a la hora de asumir la herencia que el ayuntamiento marbellí no podrá ejecutarla. Solo puede reclamarles 4,7 millones de euros como máximo, debido a que es la herencia que legalmente han recibido de su padre, tal y como consta en el impuesto de transmisión patrimonial.

El Tribunal de Cuentas embargó a los cuatro hijos de Gil y Gil 150 propiedades mediante una sentencia de 2013, pero el Ayuntamiento marbellí del PP no ha ejecutado la sentencia todavía y lo tiene difícil para hacerlo. El argumento hace unos meses fue que "todavía no están evaluados". Ahora, por mucho que el equipo de gobierno marbellí del PP lo intente sólo conseguirán "rascar" 4,7 millones de euros, que es la herencia de Jesús Gil que asumieron legalmente sus hijos, tal y como consta en el impreso de la autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones de la Comunidad de Madrid (Modelo 650: autoliquidación, adquisición "mortis causa").

Jesús Gil y sus hijos en el banquillo de los acusados.

Diecisiete años han pasado desde que se juzgó en la Audiencia Nacional el caso Saqueo I a la ciudad de Marbella. A consecuencia de esta investigación, en 2011 el Tribunal de Cuentas, a petición del Ayuntamiento marbellí, dictó el embargo de 150 propiedades de Jesús Gil, que había sido alcalde de esta localidad malagueña entre junio de 1991 y abril de 2002.  Tras su muerte, en mayo de 2004, sus hijos heredaron, supuestamente, esas propiedades y todas las obligaciones de pago del padre, al admitir su testamento.

Embargo de locales comerciales

Esta primera sentencia del Tribunal de Cuentas de 2011 decretó el embargo de 43 locales comerciales, 6 viviendas, 5 parcelas y 96 plazas de garaje, todo propiedad de algunas de las empresas de los Gil, como Club Financiero Inmobiliario,  Miramco y las Promotoras Alhambra y Alcazaba.

Debido a esta sentencia del órgano de Cuentas, la familia Gil, que había aceptado la herencia de su padre fallecido en mayo de 2004, adquirían también la obligatoriedad de pagar 108,3 millones de euros, la cantidad estimada por este Tribunal. Según los auditores, Jesús Gil había desviado en transferencias desde las arcas municipales a sus empresas privadas entre 1994 y 1999 este importe.

La sorpresa salta ahora al conocerse que los hijos del exacalde marbellí solo aceptaron legalmente una herencia equivalente a 4,7 millones de euros, tal como consta en su autoliquidación . Por tanto, lograron eludir el pago de los 104 millones restantes condenados.

                                      Sentencia original del Tribunal de Cuentas.

Junto a los cuatro hijos de Jesús Gil y Gil, Jesús, Miguel Ángel, Óscar y María Angeles, declarados "responsables directos solidarios de dicho alcance", también hubo cinco culpables más. Entre ellos, concejales y miembros del gobierno municipal en la etapa de Gil -como el exteniente de alcalde Pedro Román Zurdo, los concejales Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque o Julián Muñoz, que fue alcalde después de Gil-, como quedó de manifiesto en sentencia de 12 de abril de 2011.

Todos recurrieron en apelación ante el Tribunal de Cuentas esta sentencia que los declaraba responsables. Pero, el 11 de abril de 2013, la misma fue ratificada de nuevo en todos sus extremos por el Tribunal de Cuentas.

A los cuatro hermanos Gil se les reclamó 81.191.869,73 euros "más los intereses devengados hasta la completa ejecución de esta sentencia", en total 108 millones de euros. En la misma causa, el exteniente de alcalde de Gil, Pedro Román, fue condenado a devolver al erario público la cantidad de 56.519.224,79 euros. Fue el único de los condenados que recurrió ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ganando posteriormente el recurso. Fue el único junto al Ayuntamiento de Marbella, éste como perjudicado.

Nunca lo hicieron los cuatro hermanos Gil Marín, para quienes la sentencia al no recurrir en casación ya era firme, según los expertos consultados por elcierredigital.com. Pero nadie hizo nada por ejecutarles durante estos años.

Félix Romero, portavoz del Ayuntamiento de Marbella.

Una  vez conocida la noticia de que los herederos de Gil no asumían enteramente la herencia, el portavoz del Ayuntamiento marbellí, Félix Romero, contó en rueda de prensa que "no es que el consistorio tenga un plan, es que la propia operativa diaria trata de recuperar todos los bienes que se llevaron durante años de este Ayuntamiento. Sabíamos que íbamos a enfrentarnos a un laberinto jurídico complicado para intentar recuperar todo lo que sustrajeron de este municipio".

El portavoz municipal del PP añadió que "podemos estar orgullosos de que hemos logrado recuperar ya 40 millones de euros de aquellos bienes a pesar de todas las trabas legales que nos han puesto para impedirnos llegar a ellos". 

Recurso de casación de Román

Finalmente la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló el 25 de febrero de 2016, donde estimaba solo el recurso de Pedro Román y, por tanto, exoneraba de responsabilidad alguna al exteniente de alcalde, con el voto particular en contra del magistrado José Díaz Delgado, por entender que Román formaba parte de la corporación municipal cuando el Ayuntamiento de Marbella fue sometido a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de Andalucía. 

No era la primera vez que el Tribunal de Cuentas atendía la petición de embargo del Ayuntamiento marbellí, ya que antes este consistorio de la Costa del Sol también había pedido que se embargasen las acciones de diez compañías vinculadas a la familia Gil, entre ellas AMZ SA, Presidencia del Club Atlético de Madrid SL y Promociones Futbolísticas SA.

Pedro Román, exteniente de alcalde de Marbella.

Pero cuando se procedió al embargo se dieron cuenta que las mencionadas sociedades estaban prácticamente vacías de activos y que se había producido un posible alzamiento de bienes. Mientras tanto, Miguel Ángel Gil Marín ocupa actualmente el puesto 192 de las personas más ricas de España, con un patrimonio estimado de unos 240 millones de euros.

Vaciadas sin dinero

Las dos últimas sociedades mencionadas y vinculadas a la familia Gil fueron ya investigadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción. Las dos, en teoría, tenían como objeto social “escuelas y servicios de perfección del deporte”. Pero la realidad era otra muy distinta. En octubre de 2006 la sociedad Promociones Futbolísticas se encontraba en fase de liquidación y, según sentencia del Tribunal Supremo del año 2004, "era una sociedad meramente instrumental que hacía de caja única”. El Fiscal Anticorrupción de entonces, José Grinda, ya calificó, en abril de 2007, a esta sociedad de “ficción, un instrumento del fallecido señor Gil”.

Miguel Ángel Gil Marín.

Todo indica que se pudo producir presuntamente un escape de activos dentro de estas sociedades, vaciándolas de cometido alguno y transfiriendo sus activos a otras mercantiles radicadas en paraísos fiscales del Reino Unido; por ejemplo, a través de Brompton Manor. A esta sociedad, la Audiencia Nacional le embargó, en diciembre de 2009, unas 164.981 acciones del Atlético de Madrid para hacer frente a los numerosos débitos de la familia Gil con la Justicia.

Las investigaciones de Anticorrupción desvelaron que Promociones Futbolísticas, en la que María Ángeles Gil Marín -la hija del ex alcalde-, actuaba como administradora, vendió en el año 2006 las acciones del club rojiblanco a Brompton Manor, en una operación que tenía como objeto ocultar la verdadera titularidad de las participaciones y evitar con ello que fueran embargadas por el “Caso Saqueo I”.

Los problemas jurídicos de los hijos de Jesús Gil comenzaron con el fallecimiento del que fuese exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid en mayo de 2004, pero las causas judiciales que afectan a sus herederos aún siguen vivas y su auténtico patrimonio continúa siendo una incógnita… aunque, según declararon oficialmente sus hijos en noviembre de 2004, “el patrimonio neto provisional” de Jesús Gil tras su muerte era de 625.007 euros y  sólo en metálico había 854 euros, algo difícil de creer.

Tras una investigación profusa sobre los bienes y propiedades de la familia Gil, escondidos tras sociedades tapaderas, el Tribunal de Cuentas descubrió que existían 43 locales comerciales, 6 viviendas, 5 parcelas y 96 plazas de garaje, todo registrado a nombre de sociedades de los Gil, como Club Financiero Inmobiliario, Miramdo, Promotora Alcazaba, Promotora Alhambra, Vegángeles, etc …que están ubicadas en Madrid, Chinchón (Madrid), Puente del Arzobispo (Toledo), Marbella (Málaga),Torremolinos (Málaga). Falta todavía por investigar los bienes de la familia Gil en el extranjero, que según fuentes judiciales son múltiples.

Zancadillas al Tribunal de Cuentas

Todas las actuaciones que realizó en su día el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Gil y Gil en Marbella estuvieron condicionadas por múltiples limitaciones, como carencias de documentos, libros, cuentas y retrasos en su entrega, lo que puso de manifiesto la escasa colaboración del gilismo con la Justicia. El gran canal de escape de Gil y Gil, por donde huía el dinero, lo constituían las 31 sociedades mercantiles de capital municipal en Marbella, de las que las autoridades marbellíes sólo comunicaron la existencia de 25, y cuyas carencias documentales eran mayúsculas.

Por ejemplo, la deuda de estas sociedades mercantiles municipales con la Hacienda Pública, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, ascendía en el año 2000 a 2.904 millones de las antiguas pesetas. Además, “algunas de estas sociedades recibieron terrenos como consecuencia de ampliaciones de capital o entregas del Ayuntamiento, constatándose diversas irregularidades en la valoración y enajenación de los mismos. Además, Eventos 2000, S.L. adquirió en 1993 un Hotel para posteriormente venderlo, operación que queda fuera de su objeto social”.

Unos años después el Ayuntamiento de Marbella logró amortizar en sucesivos pagos hasta 13 millones de euros de esta deuda con Hacienda y la Seguridad Social, gracias a los 40 millones de euros que ingresó con la venta de los bienes incautados a Juan Antonio Roca, el gran urdidor de toda la trama Malaya de corrupción urbanística en la Costa del Sol. Estos 40 millones son de los que habló el lunes el portavoz Félix Romero para eludir la pregunta sobre el dinero de Gil.

En cualquier caso, el Ayuntamiento todavía debe 218 millones de euros de los 279 originales que debía en 2006, así que los 108 millones de euros que debe la familia Gil eran una inyección importante de liquidez para el municipio, nada que ver con los 4,7 millones en que se ha quedado todo.

Desde el Ayuntamiento explicaron que con los 40 millones recaudados "tras realizar un proceso de consulta entre los vecinos del municipio, llevará a cabo proyectos como la construcción de la primera residencia pública para mayores, una nueva Escuela Oficial de Idiomas, el nuevo Conservatorio de Música y Danza de San Pedro". Asimismo, el municipio incorpora "fincas con un elevado valor simbólico en la recuperación del dinero que fue esquilmado de las arcas municipales como "La Caridad", propiedad de exasesor urbanístico y principal cerebro de la trama de corrupción destapada en el caso Malaya, Juan Antonio Roca".

 

 

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