18 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA

El Consejo de la Abogacía de CLM denunció que la "Asociación Mujeres para la Formación y el Desarrollo"recibía 229.979 euros públicos para el proyecto

Novedad: El TSCLM anula la subvención a una asociación de mujeres para su proyecto contra los abusos sexuales

El Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha logró el pasado 10 de diciembre que el Tribunal Superior de Castilla fallase a su favor. El órgano judicial anuló el Decreto por el que la "Asociación Mujeres para la Formación y el Desarrollo" recibía hasta 229.979 euros de las arcas públicas para realizar un proyecto para la prevención de abusos sexuales.

El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha falló el pasado 10 de diciembre de 2020 en contra de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha respecto a la subvención asignada a la Asociación Mujeres para la Formación y el Desarrollo (AMFORMAD). La entidad fue dotada con dicha subvención pública para realizar el proyecto denominado ‘Prevención integral en materia de agresiones y abusos sexuales en Castilla-La Mancha’.

El alto tribunal castellano manchego le dio la razón al Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, representado por la procuradora Sra. Basarán Conde y dirigido por el letrado D. Tomás González Cueto. Como dicta la sentencia, el Tribunal Superior anuló el Decreto 48/2018, de 10 de julio, por el que se regulaba la concesión directa de una subvención a la Asociación y condenó a la Administración al pago de 1.500 euros en costas.

Los representantes del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha interpusieron la demanda el pasado 15 de octubre de 2018 en la Sección Primera de la Sala del TSJCLM en contra del Decreto 28/2018, de 10 de julio, el cual garantizaba la subvención a la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo de la Comunidad de un total estimado de 229.979 euros. El dinero iba a ser destinado desde los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El procedimiento jurídico no fue el adecuado

Los demandantes aseguraban que no se había elegido un “procedimiento jurídicamente adecuado”. Para poder realizar la subvención de manera legal, la Comunidad tenía que justificar las razones de tal manera que estas fueran de interés público, económico, humanitario o por otras razones que dificultasen la convocatoria pública de la subvención. Sin embargo, los demandantes aseguraron que “la justificación no existe, simplemente se afirman las razones, pero sin especificar ninguna de ellas”. De esta manera, el grupo dirigido por Tomás González manifestaba que el proceso de subvención había sido causa de una “desviación de poder al haber empleado una potestad administrativa”.

Además, argumentó que, de acuerdo con el Decreto, AMFORMAD es la única asociación en la región “que cuenta con recursos humanos y materiales para presar servicios de atención y prevención a las víctimas de agresiones o abusos sexuales”. De esta manera, consideran que no sería necesaria tal subvención y que, si el pago se ha realizado, es porque “carece de ello, así que no puede sostenerse que cuenta con esos medios”.

AMFORMAD Castilla-La Mancha en la presentación de uno de sus proyectos.

Por su parte, la Junta argumentó que esta subvención se realizó para “configurar una red de atención especializada y gratuita a las mujeres que persigue atender y proteger a las víctimas de la violencia sexual y/o abusos sexuales, en los distintos ámbitos de intervención” y que en Castilla-La Mancha, “no existía un servicio integral que ofreciese de una forma única y conjunta tanto la asistencia a las víctimas como la necesaria sensibilización a la comunidad”.

La Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro que, en la actualidad, es la única de esta Región que mantiene activos los recursos humanos y materiales para la ejecución de actuaciones de atención y prevención en materia de agresiones y/o abusos sexuales. Un referente en materia de violencia sexual”, argumentó el letrado de la Junta.

Finalmente, el magistrado Ricardo Estévez Goytre sentenció que era necesario anular el Decreto en discordia y que la subvención de 229.979,00 euros de las arcas públicas al proyecto ‘Prevención e intervención integral en materia de agresiones y abusos sexuales en Castilla-La Mancha’ debía ser retirada.

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