Valencia ya puede desalojar inmediatamente a los okupas con la petición de un fiscal

"En cumplimiento de la labor tuitiva (de defensa) del Ministerio Fiscal respecto de los derechos de los propietarios que ven perturbados en el ejercicio legítimo de su derecho, resulta necesaria la unificación de criterios de actuación", comienza su decreto la fiscalía valenciana.

Explica el fiscal jefe de Valencia en su orden, José Francisco Ortiz, que han de producirse algunos requisitos para que una okupación sea considerada delito de usurpación de bien inmueble sin violencia o intimidación, delito recogido por el artículo 245.2 del Código Penal. Por ejemplo, que se realice "con cierta vocación de permanencia", "que carezca de título jurídico que legitime esa posesión", "que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble", "que concurra dolo en el autor" y que la ocupación se efectue sin violencia o intimidación.

El fiscal jefe José Francisco Ortiz en primer término.

Dice la Fiscalía que "si el inmueble ocupado constituyese morada nos encontraríamos ante un delito menos grave de allanamiento de morada. En este caso, ante un delito menos grave y de carácter permanente, procederá el desalojo inmediato de la vivienda por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Este párrafo es fundamental porque posibilita a la Policía la intervención directa e inmediata para desalojar a los okupas y añade el Fiscal que "por cuanto tratarse de un delito menos grave y afectar de forma clara y directa a un derecho fundamental (inviolabilidad del domicilio) concurrirán en todo caso los presupuestos de urgencia, necesidad y proporcionalidad de la medida".

El concepto de morada se extiende para la Fiscalía valenciana "a todas las dependencias de la casa habitada en comunicación interior con ella, sin que sea preciso que sirva de residencia permanente, temporal u ocasional. No es necesario que se trate de un piso o un chalet, es posible que dicho espacio delimitado sea una caravana, un barco, una tienda de campaña, etc..".

El desalojo del inmueble es entendido como una medida cautelar, "a las que se refiere el artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley" y justifica que "no hay mayor protección, en el caso que nos ocupa, que restituir el inmueble ocupado a su legítimo titular".

Antes de adoptarse esta medida cautelar será obligatorio para los fiscales comprobar la titularidad del inmueble, la falta de autorización del okupa y la ausencia de título legítimo en la ocupación. "Una vez estas circunstancias consten en las diligencias policiales o, tras la denuncia se haya comprobado su concurrencia, las/os Sras/es Fiscales deberán, tras la concreta valoración del supuesto concreto en los términos referidos, solicitar la adopción de la medida cautelar de desalojo para que el perjudicado pueda obtener, con la mayor celeridad posible, la recuperación de su inmueble".

Pero el desalojo no interrumpirá la fase enjuiciamiento y explica a los fiscales que si no hubiesen solicitado antes la medida cautelar durante la investigación se "deberá solicitar de inmediato el desalojo del inmueble y restitución de la posesión al propietario". Y si la vivienda ya estuviese en posesión de su legítimo propietario antes de la celebración de juicio oral "deberá solicitarse con la condena, la entrega definitiva de la posesión".

La adopción de estas medidas han sido celebradas por todos los abogados que defienden a legitimos propietarios de inmuebles frente a los okupas en Valencia y esperan que el ejemplo cunda entre las Fiscalías de toda España, al igual que ha sido celebrada por los alcaldes de la provincia y las asociaciones de vecinos y propietarios.