20 de enero de 2020
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FIN DE SEMANA

La Plataforma Actúa, liderada por el exjuez, se ofrece a la alcaldesa de Madrid para ir juntos en las elecciones municipales

Baltasar Garzón, los negocios millonarios del abogado que apoya a Manuela Carmena

Manuela Carmena y Baltasar Garzón en una foto antigua.
Manuela Carmena y Baltasar Garzón en una foto antigua.
Hace unos días la Plataforma Actúa anunció por sorpresa que apoyaría la candidatura de Manuela Carmena en una supuesta candidatura de la izquierda progresista. Actúa es una plataforma cívica promovida por el exjuez Baltasar Garzón de la que forman parte, entre otros, el ex secretario general de IU Gaspar Llamazares, la abogada Cristina Almeida y la escritora Almudena Grandes. Pero lo más significativo es que Garzón facturó el pasado año cinco millones de euros con su asesoría jurídica.

El ex juez Baltasar Garzón, que ha declarado públicamente su apoyo a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, es administrador único de tres sociedades: Lodic Inversiones S.L., Llocad S.L. y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), todas domiciliadas en Madrid.

La primera tiene dos empleados y facturó 250.000 euros el pasado año, en su objeto social consta “Intermediarios del comercio”. International Legal Office for Cooperation & Development (Ilodac) es la consultora que el ex juez montó tras ser suspendido de la carrera judicial. El año pasado facturó 5.378.724 euros, según consta en las cuentas presentadas en el registro mercantil. Ilodac tiene trece empleados, entre ellos siete abogados de reconocido prestigio, entre ellos un especialista en derecho ruso, y según su página web, entre sus clientes está el informático Hervé Falciani y una ciudadana marroquí llamada Mariam Zerouali, una cartera de clientes que se antoja insuficiente para recaudar cinco millones de euros y registrar un beneficio de 400.000 euros.

Entre sus proveedores Ilocad contrató el pasado año a una empresa International Mades Communication S.L.U., empresa de comunicación y publicidad, dirigida por María Garzón Molina, hija del ex magistrado, que cobró 300.000 euros como proveedor. El propio Baltasar Garzón cobró dos millones de euros de su propia empresa. La Fundación Internacional Baltasar Garzón (Figbar) se presenta en el registro como dedicada a “actividades asociativas diversas” y en su página web como “fundación privada de carácter social, sin ánimo de lucro, que tiene por objetivo la defensa de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España”.

Baltasar Garzón, en una foto reciente.

Durante los últimos tres años, la Fundación obtuvo 100.000 euros en subvenciones públicas, 16.000 euros en 2016, 67.000 euros el pasado año y otros 17.000 euros en 2018. Los dos primeros años la fundación recibió 7.000 euros para la realización de unas jornadas sobre Derechos Humanos y el último, sin embargo, recibió 10.000 euros.

Actúa dice que Garzón no se presentará como candidato

La Plataforma Actúa explicó ayer a El Cierre Digital, que “Baltasar Garzón, promotor de Actúa, ha manifestado su apoyo a Manuela Carmena y su próximo proyecto para Madrid como la única opción de izquierdas con garantías de éxito y solvencia de cara a los próximos comicios. Actúa se siente identificada con sus planteamientos y no descartaría participar en esa plataforma ciudadana con alguna persona de un perfil que pueda complementar ese equipo futuro de la actual alcaldesa. Pero Baltasar Garzón no se ofrece ni se ha ofrecido a integrarse, por otro lado porque no tiene intención de estar en el proceso de las próximas Municipales”.

El ex juez Garzón tiene pendiente todavía el frente judicial abierto por la asociación Intervida el pasado año, ya que fue denunciado por Rafael Puertas, ex administrador de esta ONG, el pasado año antes la fiscalía Anticorrupción. Intervida estuvo intervenida por orden del juez entre 2007 y 2012 y controlada por Didac Ramírez, Ángel Miret y Maurici Romero, administradores judiciales nombrados por la Generalitat de Catalunya. El proceso se abrió gracias a una denuncia anónima, pero Puertas fue exonerado de cualquier responsabilidad, aunque cuando intentó reintegrarse a su trabajo los nuevos administradores le negaron el acceso.  Puertas entonces denunció ante Anticorrupción que existe un desfalco de 200 milones de euros en las cuentas de la ONG. El ex juez Garzón declinó cualquier responsabilidad sobre estos hechos.

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