Lo que hay detrás de la retirada del BBVA en el caso Ausbanc, que deja 'coja' la acusación contra Luis Pineda

El juicio el denominado  “Caso Nelson" que comenzará el próximo 27 de enero en la Audiencia Nacional , tendrá que decir que hace con la acusación que pesa sobre el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de cinco delitos: integración en organización criminal, extorsión continuada, estafa, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Pero la cuestión principal está en que dichas acusaciones pueden caer por su propio peso, ya las defensas van a solicitar el archivo total de dicha causa.

Y todo ello porque en otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 6 que dirige el juez Manuel García Castellón,  que instruye una pieza separada del llamado “Caso Tándem” en donde se investigan las andanzas del excomisario de policía, José Manuel Villarejo, el instructor ha tenido en cuenta varias circunstancias que han aparecido en el sumario y que pueden salpicar el caso Ausbanc.

Entre ellas, dos informes que obran en poder de la Policía. Se trata del “informe Austria” y otro elaborado por la consultora Attest. En los mismos queda probado que el BBVA encargó al despacho de abogados Stuart Mc Kenzie la investigación del patrimonio de Luis Pineda y de Ausbanc, además de la vida privada del presidente de la asociación de consumidores. La firma está directamente relacionada con Villarejo por lo que existen pruebas de que fue éste y sus colaboradores los que se encargaron de dicha investigación, entrometiéndose en su intimidad con todo lujo de detalles incluyendo fotografías de Pineda, sus familiares, colaboradores, y conocidos de estos.

Antonio Béjar, expresidente de DCN, hombre del BBVA en la Operación Chamartín.

Los encargos efectuados por el BBVA al equipo de Villarejo fueron confirmados por el ex directivo del Banco, Antonio Béjar, en una declaración voluntaria ante el magistrado Manuel García Castellón. Béjar, que llegó a ser el representante del Banco en la operación Chamartín y despachaba directamente con la cúpula, fue despedido de manera fulminante por sus declaraciones acerca del expresidente del BBVA Francisco Gónzález.

El informe Cenyt

En el informe “Cenyt” aparece la investigación que Villarejo llevó a cabo en torno a las cantidades de dinero que recibió Ausbanc de varias entidades. Entre otras, 136.000 del Banco Santander entre enero y abril de 2013 y otra de 40.000 euros en concepto de publicidad a diversas publicaciones de este Grupo. Estos datos son los que sirvieron de base para presentar la “denuncia anónima” que oficialmente dio lugar al inicio de la investigación.

Independientemente de que Pineda haya decidido utilizar todas estas pruebas para señalar a Villarejo, por encargo del expresidente del BBVA, Francisco González, como “inspirador para la UDEF, (la unidad policial que investiga los delitos económicos y financieros), de lo que, posteriormente se denominaría Operación Nelson”, lo cierto es que el juez García Castellón ha admitido a trámite la personación de Pineda como acusación particular en esta pieza separada. Y de que éste ha presentado una querella criminal donde el presidente de Ausbanc acusa al comisario Villarejo de ser el “autor de la denuncia anónima que dio lugar a la Operación Nelson”.

La operación Nelson se llamó así porque, casualmente, el día de la onomástica de San Nelson coincidió con la celebración de la vista oral del Tribunal de Justicia Europeo sobre las clausulas suelo que afectaban a millones de hipotecados, y que se llevó a cabo por iniciativa de Ausbanc.

Dudas más que razonables

Las dudas que se suscitan en torno a las acusaciones judiciales a Pineda comienzan a ser consistentes. El BBVA decidió retirar la acusación particular contra los dirigentes de Ausbanc cuando comenzó a ser evidente que sus directivos habían encargado investigar a Pineda y los suyos. Y es que no parece adecuado acudir a un juicio en calidad de víctima cuando existen pruebas que demuestran lo contrario. Que de chantaje hay poco y mucho de investigaciones presuntamente ilegales al que se acusa de chantajista.

A partir de ese momento comienzan a retirarse otras acusaciones particulares personadas en el sumario que instruyó el juez nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, al que, por cierto, Pineda acusa de tener relación con Villarejo a través de Baltasar Garzón, amigo suyo. La más significativa de estas retiradas es la de Caixa Geral.

Tras estas retiradas, sólo acusan la Fiscalía, Podemos y Credit Services. Ésta última es una entidad cuyo presidente, Javier López, tiene varias cuentas pendientes con la Justicia, entre otras una causa abierta por el juzgado de instrucción nº 2 de Barcelona por la posible comisión de un delito de insolvencia punible. López ha tenido varios enfrentamientos personales con Pineda que, en ocasiones, han acabado en los juzgados por lo que está claro que existe “enemistad manifiesta”.

Cuando Pineda y varios de sus colaboradores fueron detenidos, en abril de 2016, López se encargó de acudir a todos los platós de televisión y estudios de radio, acusándoles de “haberle extorsionado”. La situación se torna un tanto complicada para Credit Services porque no se puede ejercer de acusación y, al mismo tiempo, practicar testimonio, en el que seguramente existirá sesgo, ante el tribunal.

Luis Pineda.

Tal circunstancia puede ser tenida en cuenta por los jueces de la Sala Cuarta de Lo Penal de la Audiencia Nacional a la hora de evaluar la personación de López y Crédit Services en la vista oral. La defensa de Pineda ha pedido su recusación por entender que sus argumentos ya han sido juzgados en otras causas en las que han estado implicadas las dos partes. Lo que en derecho se denomina “cosa juzgada”.

También están personados en calidad de “perjudicados” las entidades bancarias Liberbank, Barclay´s Bank, Cajasur, Citibank y Bankia. Los directivos de todas ellas “fueron extorsionados” por Pineda, según consta en el escrito acusatorio de la Fiscalía. Tanto Bankia como Cajasur dudan seguir adelante, “para que remover más la porquería”, dicen en fuentes próximas a sus actuales directivos.

En Bankia porque, en la vista oral, se tendrían que recordar muchos episodios controvertidos de la gestión de su anterior presidente, Miguel Blesa y, según se dicen en medios judiciales, “no parece muy conveniente para los intereses de las acusaciones que se deduzca testimonio de algunos directivos como el que fuera consejero director de relaciones institucionales, Juan Astorqui, cuestionado en casos como el de las tarjetas Black”.

Tampoco se considera “acertada” dadas las circunstancias, la participación como testigos de los personajes que, en su día, aseguraron haber comprobado cómo el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernard, y Pineda, habían intentado obtener entre dos y tres millones de euros a cambio de la retirada de la acusación que ejercía el sindicato en el caso Noos, en el que se llegó a acusar a Cristina de Borbón, hermana del Rey actual.

Miguel Roca.

El titular del despacho que llevó su defensa, Miguel Roca, del que se pretende desprender testimonio, aunque todavía nadie le ha llamado a declarar como investigado, en una causa que instruye un juez de El Vendrell (Tarragona) en el caso “Tres per cent”, sobre las posibles comisiones que, dicen los acusadores, recibieron, entre otros, los dirigentes de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) para obtener la concesión de obras y servicios de la Generalitat de Cataluña.

Hay que tener en cuenta que en la época que se está investigando Roca, éste era secretario general de CDC. Roca y su hijo también están siendo investigados porque una de sus empresas obtuvo, de una manera presuntamente irregular, la concesión de la gestión de los Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) por parte de la Generalitat.

En la vista oral que se llevará a cabo entre enero y febrero saldrán a relucir las dudosas circunstancias que rodearon el juicio del Caso Nóos. El fiscal Pedro Horrrach, nada más terminar dicho juicio, se pasó al sector privado. Horrrach llegó a romper “una amistad de años” con el instructor, José Castro. Horrrach le acusó de obrar sobre la infanta “con una especulación huérfana de sostén indiciario, del ámbito de la rumorología" cuando el juez decidió imputarla. El Fiscal decidió retirar la imputación aunque ello significó ser señalado socialmente. En cuanto a Castro, todos recuerdan sus declaraciones en un programa de la Sexta en las cuales dice textualmente que “el abogado de la infanta Cristina me quiso citar en una finca. Le respondí que si nos reuníamos sería en el juzgado”.

También uno de los fiscales del Caso Nelson, Daniel Campos, que fue el que metió en prisión a Pineda, dejó la carrera fiscal pasando a trabajar en el despacho de Matías Cortes, un conocido y poderoso abogado, fallecido recientemente.