Un consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid gana la cantidad de 100.556 euros sin ir a trabajar desde hace un año

La Cámara de Cuentas de Madrid está parada o bloqueada, desde la dimisión de Arturo Canalda el 18 de diciembre de 2017, su último presidente, tras ser imputado en el caso Lezo. Pero ha sido ahora, a punto de celebrarse elecciones en mayo de 2019, cuando la oposición formada por Ciudadanos, Podemos y PSOE exige cuentas al órgano fiscalizador por el retraso de 11 informes de fiscalización, que no estarán preparados hasta después de celebrarse las elecciones autonómicas.

Entre los informes atrasados hay algunos importantes como, por ejemplo, los que analizan el gasto de las tarjetas de crédito, llamado "Fiscalización horizontal de regularidad sobre la utilización de tarjetas crédito en el ámbito de la Comunidad de Madrid", que debía hacer directamente Carlos Salgado, o el llamado informe de "Fiscalización individual del Ente Público Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM)", empresa salpicada por el caso Púnica, que era gestión de Marino Díaz Guerra.

La sorpresa durante la última comparecencia de Salgado la dejó caer en la comisión una diputada del PSOE, Paz Martín, al desvelar que el consejero Díaz Guerra llevaba un año de baja sin aparecer por la Cámara de Cuentas, que se compone de siete consejeros (cinco a propuesta del PP y dos del PSOE) y una secretaria del Consejo. Tras la dimisión de Canalda su puesto fue ocupado provisionalmente por el vicepresidente Carlos Salgado, también propuesto por el PP.  Todos los consejeros ganan lo mismo, 100.556 euros, y la secretaria general, Pilar Muñoz González, 94.523,16 euros anuales. Los consejeros son, además del ya nombrado Carlos Salgado Pérez, Concepción Ruano Puente, María Victoria Malavé Verdejo y Marino Díaz Guerra, a propuesta del PP, y Andrés Gómez Sánchez y Mónica Melle Hernández, a propuesta del PSOE.

Marino Diaz Guerra en una foto del año 2010.

Marino Diaz Guerra, de 81 años de edad, está enfermo desde hace aproximadamente un año, pero no ha sido sustituido, según informó El Confidencial. Su salario, al igual que el de los otros cinco consejeros, es de 100.556 euros brutos al año. Este organismo fue creado en 1999 y goza de poder decisorio sobre lo que va a fiscalizar de un año para otro. Su trabajo incluye alguos informes obligatorios encargados por la Cámara madrileña y otros independientes. A principios de 2016 el grupo de Ciudadanos, con el apoyo de la oposición solicitó a la Cámara de Cuentas que realizasen 17 informes extra. Cada consejero cuenta con un jefe de unidad, un jefe de equipo, un supervisor, tres verificadores y una secretaria.

En 2016 Ciudadanos apoyaba al gobierno de Cristina Cifuentes y la petición fue realizada formalmente en marzo de 2016. Tres años después, esos documentos están todavía pendientes, entre ellos algunos tan importantes como la fiscalización del gasto sanitario y farmacéutico o la contratación de empresas vinculadas a las tramas Púnica y Gürtel, tal y como denunciaba la diputada María Victoria Alonso en la citada Comisión. Peor fue la denuncia de Podemos, que solicitó fiscalizar la empresa pública Arpegio, pieza importante dentro de la trama Púnica de corrupción, y solo recibió la callada por respuesta.

Su representante en la Comisión, el diputado Miguel Ongil, dejaba evidente su malestar la decir que la Asamblea había "propuesto y aprobado por mayoría la fiscalización de Arpegio y ustedes no lo han incluido en sus trabajos desde 2016. ¿Por qué?", se preguntaba Ongil, al igual que el veto sobre la fiscalización de la empresa Madrid Network, dedicada a financiar proyectos empresariales con dinero de los madrileños. Uno de esos proyectos llevaba la firma de Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, en concreto la empresa Safeview. Se da la circunstancia de que De Miguel está casado con Concepción Ruano, una de las consejeras de la Cámara de Cuentas nombrada a propuesta del Partido Popular. Ruano, al igual que el resto de consejeros deberían haber cesado en diciembre de 2018 puesto que ya han cumplido los seis años de su mandato para el que fueron elegidos.

Ildefonso de Miguel, marido de Concepción Ruano 

Carlos Salgado en su comparecencia dijo sobre el informe de fiscalización de los gastos en tarjetas de crédito de la Asamblea iba con retraso: "No ha sido fácil. Hay que conciliar los datos con entidades privadas, hemos tenido una seria oposición para que nos den los datos", explicó. El PP es el único que ha defendido la labor de la Cámara de Cuentas, a la que en 2016 se pidió algo "inviable", ya que las 17 fiscalizaciones solicitadas en 2016 han tenido que analizar periodos que comprenden como mínimo cinco años.

Los actuales consejeros tienen sus días contados hasta mayo. Todos los grupos políticos en la Asamblea de Madrid llegaron a un acuerdo hace unos días para reformar la ley de la Cámara de Cuentas, una modificación impulsada por Podemos. Pero esos cambios llegarán tras las elecciones. Solo se elegirán tres consejeros durante un periodo de nueve años sin posibilidad de renovar el mandato, elegidos por una mayoría aumentada de la Cámara de dos tercios. Los candidatos tendrán que comparecer antes en la Asamblea de Madrid. La nueva Cámara de Cuentas tendrá función sancionadora, para recabar toda la información que necesite.

 Consejeros actuales

Los consejeros actuales son el citado Marino Díaz Guerra, de 81 años, casado y con dos hijos. Es doctor en derecho en Ciencia Política y fue Director General de Juventud en 1977 y Subgobernador Civil en Madrid en 1982. En mayo de 1996 fue nombrado Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales y en 2002  Subsecretario de Administraciones Públicas.

Asimismo, ha formado parte, entre otras, del Consejo de Administración de otras  sociedades e Instituciones, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales(SEPI), la compañía Iberia, IZAR, Construcciones Navales, S.A. y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Díaz Guerra también ha sido miembro del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid como experto de reconocido prestigio en materia de Económica y Social y del Consejo Audiovisual de Andalucía desde octubre de 2005 por elección del Parlamento Andaluz.

También es consejera Mónica Melle, funcionaria del grupo A del cuerpo de profesores Titulares de Universidad, en el área de Economía Financiera y Contabilidad, es Doctora con Premio Extraordinario en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y fue nombrada a propuesta del grupo socialista.

Mónica Melle

Concepción Ruano Puente es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979-1984), donde ejerció desde el año 1986, en el que se colegió en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, la profesión de abogado, desempeñando dicha función en los diversos ámbitos del Derecho (Civil, Mercantil, Derecho de Familia, Penal, Contencioso-Administrativo, etc.). Está casada con Ildefonso de Miguel, una de cuyas empresas está afectada por la investigación del caso Gürtel.

Ruano también cuenta con un Máster en Banca y Mercado de Valores por la Universidad Autónoma de Madrid (1988) y ha desempeñado su actividad profesional en los últimos 28 años en los ámbitos público y privado, en la Comunidad de Madrid y para entidades financieras españolas de primer nivel.

Maria Victoria Malavé Verdejo, otra de las consejeras del PP, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria por oposición del Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas. Presta servicio en la Cámara de Cuentas de Madrid desde el año 2006.

El otro consejero de designación socialista, además de Melle, es Andrés Gómez Sánchez, de 68 años, licenciado en Ciencias Económicas y ha trabajado tanto en empresas privadas como en el sindicato Comisiones Obreras, en la Federación Estatal del Metal y Minerometalúrgica como Secretario de Política Industrial y de Formación, entre otras responsabilidades, y después como Secretario de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva Confederal.

La secretaria general del Consejo es Pilar Muñoz González, de 56 años. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid y Master en Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense. Es funcionaria de carrera, perteneciente al Cuerpo de Técnicos Superiores de la Comunidad de Madrid en 1986.

Carlos Salgado Pérez, vicepresidente y presidente en funciones del Consejo a propuesta del Partido Popular. Tiene 64 años y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene el grado de teniente coronel del cuerpo de Intervención de la Armada. Desde 2002 pertenece a la Cámara de Cuentas.

Según la nueva ley aprobada hace unos días, ninguno de los consejeros renovará tras las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.