Los 133 controladores aéreos que provocaron el caos y la huelga salvaje en 2010 al banquillo

El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid celebra a partir del próximo miércoles, 15 de enero, a las 10 horas, la vista oral del juicio por el denominado ‘caso de los controladores’, que en diciembre de 2010 provocó que el Gobierno declarara el estado de alarma en todo el país y el control aéreo de nuestros cielos estuviese manejado por controladores militares durante unas horas.

En el marco de este procedimiento 133 controladores aéreos están acusados por la supuesta comisión de un delito de abandono de función pública. La vista oral se desarrollará los días 15, 16, 20, 22, 23, 27 y 29 de enero; los días 3, 5, 6, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24 y 26 de febrero y los días 2, 4, 5, 10, 11, 12, 16 y 18 de marzo, en que quedará visto para sentencia.

El juicio contra los 133 controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo durante el puente de la Constitución de 2010, provocando el cierre del espacio aéreo español y un estado de alarma de 43 días, tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid.

La huelga de 2010 paralizó los aeropuertos nacionales.

El juicio madrileño, el más numeroso, es el segundo que se celebra tras el procedimiento llevado a cabo en Palma, donde los acusados reconocieron los hechos y asumieron las indemnizaciones, previo acuerdo con la Fiscalía. En el caso de Madrid, sólo hay siete personas que no han admitido el delito.

El resto acordó con la Fiscalía reconocer el abandono colectivo de sus puestos de trabajo y aceptar el pago de un mínimo de 1.000 euros de indemnización por daño moral a cada uno de los 15.190 afectados que denunciaron, además de otros 150 euros por daños derivados de los gastos sufridos. En total, 17,5 millones de euros, de los que han pagado ya más de 15 millones.

Los hechos denunciados por la Fiscalía y una de las acusaciones particulares (más de 12.000 afectados representados por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo) revelan que “la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica, al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de sala un documento escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo”.

Las acciones sujetas a juicio provocaron la cancelación de 1.352 vuelos programados para los días 3 y 4 de diciembre de 2010 produciendo “perjuicios al servicio público presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación”, según el escrito de acusación de la fiscal Ana Cristina Sanz Álvarez.

Los vuelos afectados no sólo fueron aquellos que tenían origen, destino o escala en Madrid, sino también los que cuya ruta cruzaba el espacio aéreo controlado desde el centro madrileño, ubicado en Torrejón de Ardoz y responsable del tránsito de casi las tres cuartas partes del territorio aéreo nacional.