14 de julio de 2020
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FIN DE SEMANA

La instrucción cumple ya cuatro años sin visos y la policía detuvo en su día a 13 personas en la Operación Topolino, entre ellas a cuatro directivos

Caso Vitaldent, el informe de la Agencia Tributaria desinfla la acusación: "No se pueden obtener datos clarificadores"

Exclusiva Una de las clínica Vitaldent.
Una de las clínica Vitaldent.
Han pasado ya cuatro años desde que estalló el escándalo Vitaldent, pero hasta ahora la Agencia Tributaria no había emitido un informe. Éste exculpa de cualquier delito contra la Hacienda Pública a la cúpula de las clínicas dentales. "De esta documentación no se pueden obtener datos que cuantifiquen ingresos que no han sido declarados a la Hacienda Pública", afirma. Sin embargo, cuatro directivos fueron detenidos y encarcelados acusados de delitos fiscales, contra la Hacienda Pública y estafa.

Cuatro años después de que estallase el escándalo Vitaldent, el 16 de febrero de 2016, los expertos de la Agencia Tributaria afirmaban este pasado día 30 de enero en un clarificador informe, que obra en poder de elcierredigital.com, que "de esta documentación no se pueden obtener datos que cuantifiquen ingresos que no han sido declarados a la Hacienda Pública".

En febrero de 2016 fue la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Majadahonda quien envió a prisión a los cuatro supuestos implicados en la red de fraude de la cadena de Vitaldent; entre ellos, a su propietario, Ernesto Colman, y a su vicepresidente, Bartolo Conde.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado esta medida cautelar para Colman, Conde, Javier Artega y Nicolás Sisinni, que fueron los primeros de los trece arrestados en el marco del famoso caso Vitaldent en entrar en prisión. Una causa judicial iniciada a raíz de la denuncia de varios franquiciados, lo que obligó a cerrar muchas clínicas dentales en toda España. 

Cuatro años de instrucción, Audiencia Nacional

Luego el caso pasó judicialmente a la Audiencia Nacional, en concreto al Juzgado Central de Instrucción número 6, que pidió un  informe a la Agencia Tributaria.

Este documento, al que ahora ha tenido acceso elcierredigital.com, recoge que se han analizado tres tipos de documentos: "Las hojas de caja intervenidas (...), documentos informáticos en formato Excel (...), y documentos informáticos en formato Excel que recoge la contabilidad Ulises".

Ernesto Colman, propietario de Vitaldent.

El informe concluye sin poder determinar culpa alguna y explica que las "hojas de caja"  eran documentos físicos "intervenidos en el registro reflejado en el acta de 16 de febrero".

Según el informe de la Agencia Tributaria, entregado en el Juzgado, "con las hojas de caja se ha podido completar el importe anual del total ventas del día correspondiente a un total de 43 clínicas o sociedades". No obstante, los expertos de la Agencia Tributaria destacan que "en algunas sociedades se dan discordancias que no se pueden ignorar",  pero que no se puede achacar a ninguna la causa el origen de las mismas.

El 16 de febrero de 2016 la Policía llevó a cabo la Operación Topolino, en la que resultaron trece personas arrestadas, entre ellos toda la cúpula directiva de las clínicas dentales. Se les acusó de formar "un grupo diseñado para eludir impuestos y blanquear dinero".

La Policía realizó aquel día quince registros, en los que hallaron 36 coches y hasta un avión, supuestamente comprados, segun el inicial informe de la UDEF, para blanquear el dinero negro procedente de pagos en metálico en sus franquicias y que guardaban en cuentas suizas.

El fraude del que se les acusó ascendía, supuestamente, a más de diez millones de euros, aunque los investigadores cuantificaron finalmente todo en 17,2 millones de euros. Un montante que la cúpula de Vitaldent ingresaba anualmente, según la UDEF, en "dinero negro"  a través de las 146 clínicas propias que tenía la cadena.

Todo se inició tras las denuncias de algunos franquiciados presentadas en abril de 2013. Entonces la policía inició una investigación que duró varios años y que finalizó con la detención y entrada en prisión en febrero de 2016 del propietario y fundador de Vitaldent, Ernesto Colman, junto al vicepresidente de su empresa, Bartolo Conte, el director comercial, Vicente Samper, y otros diez administradores y gestores de la compañía, acusados de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda pública y estafa. Un acusación ahora puesta en duda tras el informe de la Agencia Tributaria que desvela todo lo contrario, según obra en poder de elcierredigital.com.

La Policía pensó en su día que el propietario Ernesto Colman estaba desmontando todo el negocio dental para huir con el dinero y procedió entonces a detenerlo. Meses después fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Hoy se está a la espera de un juicio para el que todavía no se ha dictado fecha, ya que la instrucción continúan cuatro años después.

43 empresas investigadas

El informe tributario, que desvelamos y que desinfla las acusaciones, ha investigado a 43 empresas que llegaron a poseer hasta 450 franquicias de clínicas dentales Vidaldent entre España, Portugal, Polonia e Italia. Los investigadores cifraron entonces el fraude en 17,2 millones de euros, que ahora este informe de la Agencia Tributaria no encuentra manera de justificar.

Cuando fueron intervenidas la empresa matriz de Vitaldent y sus filiales, su facturación rondaba los 500 millones de euros anuales y contaba con 7.500 empleados, según publicitaba su página web. Según la investigación policial de la UDEF, Colman blanqueaba presuntamente el dinero, que obtenía de ingresos no declarados de sus franquicias, en Suiza y Luxemburgo, en los que invertía las remesas de dinero negro para después reinvertirlos en España mediante compras de inmuebles, bienes, fincas, artículos de lujo y empresas intermediarias, como una de alquiler de aviones.

Según la UDEF, el dueño de Vitaldent invirtió parte del supuesto dinero "negro" en la compra en 2007 de un pequeño pueblo abandonado de Montgarri en el Valle de Arán (Lérida).

La primera intervención policial fue coordinada por la Fiscalía Anticorrupción e instruida desde el juzgado número 2 de Majadahonda y se llegaron a bloquear los saldos bancarios de las 13 personas detenidas, que tenían en 25 bancos diferentes. También se bloquearon los activos financieros de dos Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav) por importe de 5 millones de euros. En aquel momento, la Fiscalía Anticorrupción acusó a toda la trama de evitar impuestos a Hacienda, obligaciones fiscales y blanqueo de dinero.

Ahora, a la vista del informe de los especialistas de la Agencia Tributaria, la Fiscalía tendrá que decidir si continúa adelante con la acusación y el Juzgado con la instrucción o si, por el contrario, archiva la causa tras cuatro años de investigación inconclusa.

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