El exministro del Partido Popular Eduardo Zaplana, encarcelado y enfermo de leucemia: "No quiero morir en la cárcel"

"La última vez que vi a Eduardo estaba hospitalizado y, pese a lo duro de la situación, ilusionado con la idea de un comunicado que pensaba hacer público en el día de hoy (por el pasado viernes). Eso fue el pasado jueves. Desde entonces, ni a mí ni a mis hijas se nos ha permitido volver a verlo. Nadie nos ha explicado por qué ni con qué fundamento, pero lo cierto es que está, no solo privado de libertad sino, además, incomunicado”. Así comienza la carta remitida por la esposa de Zaplana, Rosa Barceló, a la opinión publica, quien lamenta los rumores sobre el estado de salud del expresidente de la Generalitat y reproduce “de la manera más fielmente posible esas reflexiones contenidas en unas notas que me dio Eduardo el jueves”.

La carta comienza explicando que “mi ingreso hospitalario ha generado algún debate sobre mi estado de salud relacionándolo con mi estancia en prisión desde finales de mayo. Quiero empezar afirmando, “como obviedad”, que soy inocente porque no he sido juzgado tal y como reconoce nuestro ordenamiento jurídico, aunque no sea libre por estar sometido a prisión preventiva, estando privado de mis derechos y mis libertades; y si me lo permiten quiero hacer otra afirmación en este caso subjetiva, “soy inocente” por el convencimiento absoluto de no ser responsable de los hechos de los que se me acusa en el Auto judicial que produce mi detención. En el mismo se señala que cobré a través de otros, al parecer testaferros míos, en los años 2005 y 2006, 6.400.000 euros de la empresa Sedesa por la adjudicación de las I.T.V. (en el año 1997) y del Plan Eólico (en el año 2003 cuando ya no era yo presidente de la Generalitat Valenciana)".

Y añade que "de las demás cuestiones que hablan, de otras cifras que se han filtrado, no puedo responder en este momento, al no conocer en qué se basan por estar el sumario secreto” y afirma que “jamás cobré comisión alguna por unas adjudicaciones públicas y jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví”.

Eduardo Zaplana durante su traslado al hospital.

Zaplana asegura estar al tanto de las numerosas personas que se han pronunciado a favor de su excarcelación, entre ellas algunas tan dispares como Pablo Casado, el presidente del PP, Mercedes Gallizo, Exdirectora General de Prisiones durante el gobierno de Rodríguez Zapatero y Pablo Iglesias, líder de Podemos: “Por el empeoramiento que ha ocasionado el ingreso hospitalario en que me hallo”.

El exministro Zaplana quiso agradecer estos gestos en su carta “y lo agradeceré siempre durante el tiempo que me quede de vida”. No obstante, asegura que “mi estado de salud no es la principal causa de preocupación para mí (sin duda lo es para mi familia, mis seres queridos y mis médicos) pero para mí por encima de ello está la defensa de mi honor y mi nombre, y el recuerdo que de mi nombre quede a mis hijas y nietos”.

Sin embargo, para el hospital La Fe, la salud de Zaplana es "una bomba de relojería con posibilidad de muerte súbita e inesperada", según el informe de Guillermo Sanz, jefe del servicio de Hematología del citado hospital. El documento ha sido enviado al juzgado número 8 de Valencia, que ha denegado reiteradamente la libertad provisional para el exministro.

En la cárcel acusado de diez delitos

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, envió el pasado mes de mayo a prisión a Zaplana por el llamado caso Erial, acusado de diez delitos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

En el caso Erial, el juzgado investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003. Las investigaciones judiciales realizadas por la UCO de la Guardia Civil, apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado alrededor de once millones de euros en concepto de comisiones.

Tanto en el caso de la privatización de las ITV como en las concesiones del Plan Eólico aparecen como beneficiarias, casi siempre en unión temporal con otras mercantiles, empresas propiedad o participadas por Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino. En el auto de prisión, la jueza enumeró tres empresas vinculadas a Zaplana a través de las cuales podría haber realizado operaciones, presuntamente, para blanquear el dinero: Turnis Silvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales.

Se busca el dinero en Panamá y Uruguay

El pasado 11 de diciembre la jueza, Isabel Rodríguez, y el fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, viajaron a Uruguay y Panamá para recabar documentación y agilizar los trámites de las .requisitorias solicitadas por el juzgado español. La jueza y el fiscal buscaron las pruebas definitivas en estos países, donde, presuntamente, Zaplana guardaría dinero negro. El sumario permanece secreto desde que se iniciaron las diligencias. La Fiscalía argumenta el peligro de riesgo de fuga y la destrucción de pruebas para no pedir la libertad del expresidente de la Generalitat.

Junto al expresidente permanecen en prisión dos de sus allegados, Joaquín Barceló y Francisco Grau, a quien el fiscal acusa de actuar como testaferros de Zaplana. La jueza también imputó a su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, su esposa, Rosa Barceló, su secretaria, Mitsouko Henríquez y el exconseller y exdirector general de la Policía, Juan Cotino.