Los hermanos Ruiz-Mateos de nuevo en el banquillo: Juicio en Palma acusados de fraude fiscal

Los hermanos Ruiz-Mateos vuelven a sentarse en el banquillo de los acusados, en el que es el tercer juicio en Palma contra los seis hijos del magnate y político español, ya fallecido, accionista principal de los extintos grupos Rumasa y Nueva Rumasa.

El pasado viernes arrancó, a través de videoconferencia, un proceso en el que Fiscalía solicita para ellos una pena de cuatro años de prisión por un supuesto fraude fiscal de 1,9 millones de euros en la compra del Hotel Berverly de Peguera, en el año 2008. Asimismo, la acusación pública reclama una multa de 9,5 millones.

El fiscal acusa a los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos -Pablo, Zoilo, José María, Javier, Alfonso y Álvaro- de defraudar al Govern en el pago de un impuesto autonómico en la transmisión del hotel, que ahora reclama la Agencia Tributaria de Baleares a través de la Abogacía de la Comunidad.

No obstante, la defensa considera que no hay delito porque entiende que la operación estaba exenta de ese tributo y que no se produjo una ocultación a Hacienda. En particular, argumenta que no se trató de la compra de un inmueble sino del 100% de una sociedad que poseía dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria.

En lo que respecta a la compra de este hotel, cabe señalar que los Ruiz-Mateos ya fueron condenados por estafa, una sentencia que el Tribunal Supremo modificó en octubre de 2018, rebajando parcialmente la pena de prisión al anular la condena por el delito de alzamiento de bienes y suprimir una agravante.

Numerosos juicios

No es la única causa a la que deben enfrentarse los hijos del desaparecido empresario jerezano. Los seis varones de la familia, tendrán que pasar por numerosos juicios todavía, entre ellos, el que se celebrará en la Audiencia Nacional por la venta de pagarés de Nueva Rumasa, por el que les piden catorce años de cárcel a cada uno de ellos

En este caso, la acusación contra los hermanos Ruiz-Mateos del fiscal de la Audiencia Nacional no deja lugar a dudas. Pide para ellos 16 años de prisión, nueve años por estafa, cuatro por blanqueo de capitales y tres por alzamiento de bienes. Y junto a los hermanos Ruiz Mateos, también aparecen imputados en este conocido caso asesores, abogados y supuestos testaferros.

La Fiscalía también acusa en el caso de Nueva Rumasa, y en condición de partícipes a título lucrativo, a las hermanas del clan, Patricia, Nuria Fátima, Almudena, Paloma, Socorro, ya fallecida, y Begoña como administradoras de empresas ligadas a la trama. El fiscal también considera que Alfonso María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, tío de los acusados, y el exabogado de la familia, Joaquín Yvancos como propietario y administrador de la empresa Bochner España, se habrían lucrado de la misma trama.

Rumasa: Contratos opacos tras su expropiación

Según una información adelantada por Voz Populi, Rumasa habría mantenido contratos con despachos y empleados sin ningún tipo de control y con un coste millonario, años después de que la compañía fuera expropiada por el Gobierno de Felipe González a José María Ruiz-Mateos, el 23 de febrero de 1983, por razones de utilidad pública e interés social.

En concreto, dichos contratos opacos, según el citado medio, se prolongaron hasta la liquidación de la compañía, hace tres años, cuando la SEPI, a través de Cofivacasa, se hizo cargo del proceso.

El fallecido Ruiz Mateos con sus seis hijos.

En este sentido, un reciente informe del Tribunal de Cuentas denunciaría que Rumasa firmó el 1 de octubre de 1985 contratos de servicios de asistencia jurídica, tributaria y laboral con cinco despachos y profesionales "que fueron adjudicados directamente sin tramitar ningún expediente de contratación y prorrogados tácitamente a lo largo de diez a quince años".

El organismo afirma, según Voz Populi, que esa práctica "ha supuesto un incumplimiento de los principios generales de contratación de publicidad y libre concurrencia y un fraccionamiento indebido del objeto de los contratos".

Según el informe del Tribunal de Cuentas, el director general de Rumasa contrató el 2 de enero de 1986 los servicios de asesoría jurídica con un abogado por un período de seis meses que, no obstante, "fue prorrogado tácitamente hasta el 30 de mayo de 2016". Asimismo, la compañía de Ruiz-Mateos habría contratado hasta hace cinco años a un empleado que despidió en 1990, hace 30 años, con una indemnización de 102.661,5 euros (17 millones de pesetas).

"Al mes siguiente del despido, en noviembre de 1990, este exempleado comenzó a facturar mensualmente a Rumasa hasta el 29 de mayo de 2015 'sin que exista ningún documento contractual formalizado'. Las facturas pasadas alcanzaron cifras millonarias" se puede leer en la publicación.