Se abre una tercera investigación contra el Rey Juan Carlos I por unos informes del Servicio Antiblanqueo de Capitales

Al Rey Juan Carlos le crecen y acumulan las causas. Ya van tres con esta nueva investigación anunciada por Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que está aún en fase indiciaria y todavía no se han practicado diligencias. Sin embargo, Delgado ha preferido adelantarla a los medios aunque no haya muchos datos antes de que hubiese una filtración como ocurrió en el caso de las tarjetas opacas.

La nueva causa se ha abierto después de que el Ministerio Público recibiese unos informes del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), según han informado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un encuentro con la Prensa. A partir de ahora, Luzón colaborará con la Fiscalía del Supremo en las investigaciones que afectan a Juan Carlos I.

Más avanzadas están las otras dos investigaciones que atañen al exmonarca. La última cuando se conoció que Anticorrupción rastreaba los movimientos de unas tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos, y cuyos gastos no declaraban a Hacienda. Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018.

  Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

Parte de los fondos de esas tarjetas provienen del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, principal accionista de varios fondos inmobiliarios. Para su uso, el rey emérito contó con la ayuda del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. Fue ayudante de campo de Juan Carlos I hasta que este militar pasó a la reserva, hace algo más de un año. Murga Mendoza es, según la investigación, el testaferro del dinero que Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para cubrir una parte de sus gastos personales, según contó eldiario.es.

La primera investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción, y que luego pasó al Supremo, indaga sobre los 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen. El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable.

El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65 millones saudíes, Juan Ignacio Campo, solicitará el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del Rey Emérito y por tanto sería inimputable por la Justicia española. Sin embargo, esa petición de archivo incluirá una detallada exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.